BlackRock entra en Naturgy: cuando los fondos buitre toman el control del sector energético 

La entrada del fondo buitre BlackRock en un sector estratégico para España como es el de la energía no es simplemente una operación financiera; es un golpe directo a la soberanía energética de España.

EN 3 CLAVES

1. BlackRock toma el 20% de Naturgy. El mayor fondo buitre del mundo entra indirectamente en la energética española tras adquirir GIP, en un movimiento que refuerza el control extranjero sobre infraestructuras estratégicas.
2. Naturgy cada vez más controlada por grandes capitales. Con solo un 13% de su capital en bolsa, la energética está dominada por fondos como BlackRock y CVC, que priorizan sus beneficios sobre el interés público.
3. Posible opa de exclusión y futuro incierto. La CNMV ha instado a Naturgy a elevar su capital flotante, lo que podría derivar en su retirada de la bolsa, dejando a la empresa fuera del escrutinio público y a merced de los grandes accionistas.

El Gobierno ha dado luz verde a la entrada de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, en la española Naturgy. Con esta autorización, el gigante estadounidense se hace indirectamente con el 20% de la compañía tras adquirir la gestora de activos alternativos GIP, presente en el capital de la gasista desde 2016. Esta operación, aunque revestida de tecnicismos financieros, tiene implicaciones profundas para el futuro del sector energético en España y evidencia cómo los fondos buitre siguen tomando posiciones estratégicas en sectores clave. Tal y como informa El Diario, el Consejo de Ministros ha validado esta operación sin detallar las condiciones impuestas, aunque cabe suponer que habrá requisitos similares a los establecidos en operaciones previas.

UNA TOMA DE CONTROL VELADA: LOS FONDOS BUITRE EN LAS INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

El papel de BlackRock en esta operación dista mucho de ser neutral. Aunque el fondo asegura que su participación será «menos activa» en la gestión, su historial en otras compañías demuestra lo contrario: su influencia sobre las decisiones estratégicas es silenciosa pero decisiva. Entran, se mantienen a largo plazo, y aunque no gestionan directamente, orientan el rumbo financiero de las empresas con un solo objetivo: maximizar beneficios. Y en sectores como el energético, donde los intereses públicos y privados suelen chocar, esto no puede ser una buena noticia para la ciudadanía.

La entrada de fondos buitre como BlackRock en infraestructuras estratégicas plantea serias dudas sobre el control que las administraciones públicas realmente tienen sobre sectores vitales como el gas, la electricidad o las energías renovables. Naturgy, una de las principales empresas energéticas del país, ahora está parcialmente en manos de un fondo que prioriza rentabilidad por encima de cualquier otra consideración. Este no es un hecho aislado. Ya en 2020, el Gobierno había autorizado la entrada de IFM, otro fondo extranjero, con condiciones. Pero esas «condiciones» se han mostrado insuficientes para frenar la voracidad de los capitales que buscan desinversiones rápidas, reducir plantillas o aumentar dividendos sin pensar en el largo plazo.

Es importante señalar que esta operación llega tras el fracaso de la OPA de la energética emiratí Taqa, lo que significa que Naturgy sigue siendo objeto de un continuo juego de poder entre capitales internacionales, con los fondos buitre como protagonistas principales. El capital de la gasista, una empresa estratégica en el suministro de energía, está en constante cambio, y lo que debería preocuparnos es quién acaba controlando el acceso a un bien tan esencial como la energía.

UNA OPERACIÓN QUE PONE EN JAQUE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

La entrada de BlackRock en Naturgy no es simplemente una operación financiera; es un golpe directo a la soberanía energética de España. El argumento del Gobierno de «atraer inversiones» queda deslucido cuando esas inversiones no se traducen en beneficios para la ciudadanía, sino en más poder para los grandes capitales. El control de los recursos energéticos debería ser una cuestión de interés público, y, sin embargo, se sigue entregando a manos privadas sin que se garantice un retorno en términos de bienestar social.

Por si fuera poco, el capital flotante de Naturgy —el porcentaje de acciones que cotizan libremente en bolsa— se ha reducido drásticamente, hasta apenas un 13%. Esto estrangula la cotización de la empresa y limita su capacidad para operar con flexibilidad en el mercado, lo que a su vez genera una mayor dependencia de grandes accionistas, como BlackRock y CVC, otro fondo presente en la compañía. En otras palabras, Naturgy está cada vez más a merced de los intereses de unos pocos, mientras que el control público sobre la empresa se diluye.

El Consejo de Ministros asegura que esta operación «mantiene las garantías sobre empresas estratégicas», pero la realidad es que, con cada paso, se cede más control a capitales extranjeros, cuya única preocupación es el rendimiento de sus inversiones. ¿Dónde queda la protección del interés general? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que Naturgy seguirá priorizando el suministro energético en lugar de maximizar los beneficios de sus nuevos dueños?

El escenario futuro no es más alentador. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha instado a Naturgy a buscar fórmulas para aumentar su capital flotante, lo que podría derivar en una opa de exclusión que retire a la empresa de la bolsa. Esto haría aún más opaca su gestión y dejaría a la empresa fuera del control de los pequeños accionistas y, por ende, de la opinión pública.

El proyecto de dividir Naturgy en dos empresas —una con los negocios liberalizados y otra con los regulados— también ha sido bloqueado por el Gobierno, pero no porque haya un interés real en evitar la fragmentación de la compañía, sino porque ese movimiento habría facilitado la salida de los fondos del capital, una salida que no interesa a quienes controlan el poder financiero en la sombra.