Opinión | Un plan de regeneración democrática que no toca los pilares del sistema 

«La derogación de la Ley Mordaza seguirá siendo una herramienta de represión contra la disidencia social».

EN 3 CLAVES

1. La Ley Mordaza sigue vigente. Aunque se eliminan sanciones menores, el marco represivo que criminaliza la protesta social y da poder excesivo a la policía no ha sido tocado en lo esencial.
2. El poder judicial sigue controlado por los grandes partidos. El pacto entre el PSOE y el PP para repartirse el CGPJ asegura que la justicia siga siendo un arma política.
3. El plan se limita a cumplir con una normativa europea. Lo poco que se presenta como «regeneración» no es más que la transposición obligatoria de una directiva europea sobre los medios de comunicación.

El tan esperado plan de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez es, en el mejor de los casos, un intento superficial de abordar los problemas estructurales de la democracia española. Lo que debería haber sido una oportunidad para rectificar el rumbo de una democracia cada vez más debilitada por los intereses partidistas y el poder desmedido de la judicatura, ha quedado reducido a una serie de reformas simbólicas que evitan enfrentarse a los temas de fondo. La propuesta no toca ni de lejos los elementos más problemáticos, como el uso partidista del poder judicial o la verdadera derogación de la Ley Mordaza, que sigue siendo una herramienta de represión contra la disidencia social.

LEY MORDAZA Y EL PODER JUDICIAL: LOS GRANDES INTOCABLES

El Gobierno se ha jactado de haber dado «un paso histórico» eliminando sanciones por fotografiar a policías, pero esta medida es poco más que un gesto simbólico. La Ley Mordaza sigue intacta, perpetuando el marco represivo que criminaliza la protesta social. Los mismos mecanismos que han permitido multar a activistas y silenciar a movimientos sociales permanecen vigentes, y con ellos, la capacidad del Estado para acallar cualquier forma de disidencia. Es vergonzoso que, a estas alturas, se presente como una «reforma integral» lo que no es más que un parche mínimo que no afecta al verdadero entramado represivo.

Pero el verdadero elefante en la sala sigue siendo el poder judicial. El plan de regeneración ni siquiera menciona la creciente influencia política de la judicatura, a pesar de que este ha sido uno de los principales ejes del desgaste democrático en los últimos años. La alianza entre el PSOE y el PP para repartirse los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido un pacto entre élites que deja claro que ningún partido está dispuesto a renunciar al control del sistema judicial. De esta manera, la judicatura sigue siendo un instrumento al servicio de quienes manejan los hilos del poder político, y el plan de regeneración lo ignora deliberadamente.

Resulta paradójico que Sánchez, quien hace apenas unos meses parecía reflexionar sobre su dimisión y su enfrentamiento con el «frente judicial», haya optado por abandonar cualquier intento serio de reformar el sistema judicial. La utilización del poder judicial como herramienta de la derecha y la extrema derecha para frenar cualquier avance social o progresista sigue siendo una realidad incontestable. Y, sin embargo, el Gobierno prefiere mirar para otro lado, como si esta influencia no estuviera erosionando la democracia desde dentro.

UNA REFORMA VACÍA IMPUESTA POR EUROPA

Quizás lo más frustrante de este plan es que lo poco que se presenta como «innovador» no es más que la transposición de una normativa europea. ¿Desde cuándo cumplir con una obligación europea es un acto de regeneración democrática? El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación obliga a los Estados a garantizar la transparencia en la propiedad de los medios y la publicidad institucional que reciben. Es un paso necesario, pero imponer medidas obligatorias no puede presentarse como una iniciativa propia o como un gran logro. Es simplemente cumplir con lo que ya se les exige.

El problema de fondo sigue siendo el mismo: la concentración del poder mediático en unas pocas manos, la opacidad en la financiación de ciertos medios y la falta de pluralidad en el espacio informativo. Mientras no se aborde de manera real la democratización del espacio mediático, cualquier cambio que venga impuesto por Europa será insuficiente. Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, lo dejó claro: «Una simple transposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática.» Lo que hace falta es valentía política para enfrentarse a los grandes poderes económicos y mediáticos que controlan la narrativa pública. Y esa valentía, evidentemente, no está presente en este Gobierno.

El plan presentado también menciona la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una ley que, increíblemente, sigue vigente desde 1968. Pero la mención es vaga, sin fecha ni contenido específico, lo que solo refuerza la sensación de que el Gobierno no tiene prisa por abordar los temas más espinosos. La falta de compromiso firme para acabar con una ley que protege los secretos de Estado de tiempos del franquismo es, sencillamente, inaceptable. Sin transparencia, no hay democracia que valga.

EL PACTO DEL SILENCIO

El pacto entre PSOE y PP para repartirse los cargos judiciales es el verdadero trasfondo de todo este asunto. Este acuerdo, alcanzado en junio, ha desactivado cualquier intento de poner en el centro del debate la necesidad de una judicatura independiente. El poder judicial ha dejado de ser un contrapeso al poder político para convertirse en una extensión de los intereses partidistas. Y lo peor de todo es que esto no es un error del sistema; es el sistema en sí mismo.

Mientras el poder judicial siga estando controlado por los grandes partidos, no habrá regeneración democrática posible. Lo que estamos viendo no es más que un intento de perpetuar un modelo de democracia limitada, donde ciertos poderes permanecen intocables y cualquier intento de reforma se queda en promesas vacías o, peor aún, en medidas impuestas desde Europa que se presentan como logros propios.