Irlanda acaba de hacer algo que buena parte de Europa lleva años evitando: tocar, aunque sea mínimamente, el negocio que rodea a los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.

La futura ley, que podría aprobarse antes de mediados de julio, prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos de Cisjordania. No hablamos de una sanción devastadora. Apenas afecta a mercancías valoradas en unos 200.000 euros anuales. Y sin embargo, la reacción ha sido inmediata: presión de Israel, advertencias de congresistas estadounidenses y campañas de los lobbies empresariales.

Porque el problema nunca ha sido el dinero. El problema es el precedente.

Mientras gran parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos según el derecho internacional, la Unión Europea sigue comerciando con normalidad. Condena sobre el papel. Negocio en la práctica. Irlanda ha decidido romper parcialmente esa comodidad.

Eso sí, con límites muy claros. El Gobierno irlandés ha renunciado a incluir los servicios en la prohibición tras las presiones empresariales. Otra vez aparece la misma frontera: los derechos humanos llegan hasta donde no empiezan los beneficios de las multinacionales.

La ministra de Exteriores irlandesa ha señalado directamente el aumento de la violencia de colonos en Cisjordania y la actuación del Gobierno israelí como razones para impulsar la medida. Una acusación poco habitual en una Europa que suele refugiarse en declaraciones ambiguas mientras la ocupación avanza sobre el terreno.

Lo más revelador es que una ley con un impacto económico tan reducido haya provocado semejante ofensiva política. Quizá porque deja al descubierto una realidad incómoda: durante décadas se ha permitido que los asentamientos funcionen como si fueran una actividad económica más, cuando son una pieza central de una ocupación que la mayoría del mundo considera ilegal.

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Quieren que parezca una “defensa de la vida”. Pero lo que están escribiendo en Carolina del Norte es otra cosa: una puerta legal para justificar violencia contra mujeres, personal sanitario y cualquiera que ayude a abortar.

Sí. Legisladores republicanos han presentado una propuesta que podría amparar el uso de fuerza letal para impedir abortos. No es una exageración. Está en el texto.

El trumpismo ya no discute derechos reproductivos. Está construyendo un proyecto teocrático donde el cuerpo de las mujeres deja de pertenecerles y el fanatismo religioso empieza a infiltrarse en las leyes. Primero fueron las prohibiciones. Luego los anticonceptivos. Ahora esto.

Y lo peor es que estas barbaridades nunca aparecen de golpe. Primero parecen imposibles. Después “debatibles”. Luego llegan las víctimas.

Trump amenaza con “volar por los aires” a Omán mientras hace negocios millonarios allí. Sí. El mismo Trump que prometía acabar con las guerras eternas. El mismo que vende el personaje de presidente pacifista mientras convierte Oriente Medio en una mezcla de casino, petróleo y amenazas militares.

Y lo peor no es solo la frase. Es la normalidad con la que ya se acepta que un presidente de Estados Unidos amenace públicamente a un aliado histórico porque intenta negociar con Irán el control del estrecho de Ormuz. Diplomacia mafiosa. O haces lo que digo o te destruyo.

Mientras tanto, su empresa levanta un resort de lujo de 500 millones de dólares en Omán. Bombas arriba. Campos de golf abajo. El capitalismo convertido en chantaje geopolítico televisado.

Lo contamos en este artículo. Sin maquillaje. Sin la propaganda del “presidente anti guerras”.