16 Jul 2026

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DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

Siempre es igual: tocar poder para cobrar más 

Siempre es igual. Llegan hablando de “gasto político”, de “burocracia”, de “chiringuitos”, de “administración elefantiásica”. Llegan con la motosierra en la boca y la calculadora en el bolsillo. Pero cuando pisan moqueta, la motosierra desaparece. La calculadora, no. La calculadora sirve para otra cosa: para repartir cargos, levantar nuevas direcciones generales, abrir despachos, colocar nombres y convertir la promesa de austeridad en una nómina pública más abultada.

El segundo Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León no ha venido a adelgazar nada. Ha venido a ocupar. El 29 de junio, en un Consejo de Gobierno extraordinario que ni siquiera fue comunicado previamente, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco aprobó una nueva estructura autonómica que rompe su propio techo: por primera vez, los altos cargos superarán el centenar. La derecha que decía venir a desmontar el “gasto político” acaba de construir una administración con al menos 105 personas en la cúpula: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras, once viceconsejerías, diez secretarías generales, 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales.

POLÍTICA ESTATAL

El gran paripé de Moreno: moderación de escaparate para acabar llamando a la puerta de Vox 

Juanma Moreno llegó al Parlamento andaluz con el disfraz planchado. Moderación, diálogo, cercanía, responsabilidad. Todo el repertorio. Pero el problema de los disfraces políticos es que duran poco cuando hay números encima de la mesa. Y los números son tercos: el PP tiene 55 escaños y Vox tiene 15. Después de las elecciones del 17M, Moreno perdió la mayoría absoluta y descubrió, otra vez, que su famosa “vía andaluza” no era una autopista de centralidad, sino un camino estrecho que termina en la puerta de Santiago Abascal.

El gran paripé consiste en esto. Moreno intentó marcar distancias con Vox sin romper con Vox. Quiso no pronunciar la fórmula mágica de la ultraderecha, esa “prioridad nacional” que pretende convertir los servicios públicos en una ventanilla de exclusión. No la dijo. Usó la palabra “prioridad” seis veces, pero nunca la pegó a “nacional”. Tampoco ligó inmigración e inseguridad, como sí esperaba la extrema derecha. Y, claro, Vox le dio el portazo antes incluso de que terminara el espectáculo: anunció su “no” 40 minutos antes del final del discurso.

DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

El PP agita el fantasma del pucherazo contra los nietos del exilio 

Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes 29 de junio “ingeniería electoral” a la llamada ley de nietos. Conviene traducirlo: el Partido Popular ha decidido presentar como maniobra oscura una vía de nacionalización incluida en la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas durante el franquismo y otros periodos históricos. No hay pruebas de pucherazo. No hay una trama acreditada. No hay una manipulación demostrada. Hay, otra vez, una derecha fabricando sospecha sobre el voto cuando teme que las urnas no le pertenezcan.

La acusación no nace sola. Vox abrió el camino y el PP se colocó al lado sin demasiados remilgos. Feijóo lanzó la idea en el programa de Federico Jiménez Losantos: Pedro Sánchez estaría buscando “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. Viejo truco. Si votan los míos, democracia. Si pueden votar otros, ingeniería. El sufragio deja de ser un derecho y pasa a ser una amenaza cuando no se puede controlar políticamente.

DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

La pareja de Ayuso declara por el señalamiento de periodistas de MAR 

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, vuelve este 30 de junio al juzgado. No para una escena menor, ni para un trámite decorativo. El empresario está citado como testigo para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que acudieron a las inmediaciones del domicilio que comparte con la presidenta madrileña. Periodistas. No delincuentes. No acosadores. Periodistas investigando un caso de fraude fiscal y la compra de un piso vinculado al empresario.

La pregunta judicial es sencilla y políticamente devastadora: si González Amador pasó esas imágenes a Rodríguez y si después el jefe de gabinete de Ayuso las difundió entre medios junto con el bulo de que los reporteros habían acosado a vecinos de la presidenta, incluso a menores. Así funciona la cloaca elegante del poder: primero se señala, luego se intoxica, después se habla de libertad.

POLÍTICA ESTATAL

Pedraz estrecha el cerco del caso Leire Díez y coloca a la SEPI ante un escándalo de Estado 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.

DESTACADA, INTERNACIONAL

El último chanchullo de Trump: comprar Axon antes de que ICE prepare 220 millones en táseres 

Ha vuelto a pasar. Y lo grave no es solo que vuelva a pasar, sino que ya casi nadie se sorprenda. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compró el 10 de febrero acciones de Axon Enterprise, el mayor fabricante de pistolas táser y cámaras corporales del país, por un valor situado entre 1 millón y 5 millones de dólares. Catorce días después, el 24 de febrero, el ICE, la policía migratoria de su propio Gobierno, publicó una licitación para adquirir unas 17.800 armas táser nuevas, con cartuchos ilimitados y formación incluida, dentro de un contrato de hasta 220 millones de dólares a cinco años.

No hace falta ser una o un genio de Wall Street para entender el problema. El presidente invierte en una empresa. Dos semanas después, una agencia bajo su Administración mueve una compra pública gigantesca que, según personas expertas en contratación y policía, parece encajar con los productos de esa misma empresa. El contrato todavía no está adjudicado. No hay prueba pública de que Trump participara directamente en la licitación ni de que Axon supiera que él había comprado acciones. Bien. Dicho queda. Pero la política no se mide solo por sentencias firmes. También se mide por la suciedad que deja a la vista.

Y esto huele.

DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

El esperpento de Kitchen: la guerra sucia del PP llega al final 

El juicio del caso Kitchen encara su tramo final con una imagen difícil de digerir: la Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su petición de 15 años de cárcel para varios de los principales acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, mientras buena parte del ruido político y mediático mira hacia otro lado. Qué casualidad. La última gran operación de guerra sucia conocida en España, ocurrida hace 13 años, avanza hacia sentencia casi como si fuera una molestia administrativa. Como si utilizar presuntamente recursos del Estado para espiar a Luis Bárcenas y recuperar material sobre la caja B del PP fuera un detalle feo. Un exceso. Una cosa antigua.

No lo es. Es una grieta en el régimen.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes del juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que termine el 30 de julio. La coincidencia temporal ha servido, de hecho, como cortina de humo perfecta. Mientras el presente judicial del Gobierno ocupa horas, tertulias y titulares, el pasado reciente del PP —ese pasado con ministros, policías, fondos reservados y operaciones clandestinas— ha quedado tratado por demasiados altavoces como una historia secundaria. No hay democracia sana cuando la corrupción del adversario es escándalo y la guerra sucia propia es arqueología.

INTERNACIONAL

Kast prometió cambiar Chile en 100 días. La realidad empieza a desmontar el relato 

José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo un giro radical. Durante la campaña aseguró que devolvería la seguridad a las calles, reactivaría una economía estancada, reduciría el peso del Estado y pondría fin a lo que definía como el desorden heredado. El mensaje era sencillo, casi publicitario: bastaba con cambiar de gobierno para que Chile volviera a funcionar.

Han pasado poco más de 100 días desde su investidura, el 11 de marzo, y el contraste entre el discurso y la realidad empieza a ser difícil de ignorar. No porque todos los problemas puedan resolverse en tres meses. Sería absurdo exigirlo. Lo llamativo es que el Gobierno ya ha empezado a asumir que algunas de sus principales promesas no se cumplirán mientras las prioridades legislativas avanzan en otra dirección.

La política tiene algo de espectáculo. Las campañas aún más. Pero cuando la propaganda choca con los datos, la propaganda deja de ser suficiente.