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Un tanque de EE.UU. asesinó a un periodista el 8 de abril de 2003 y más de dos décadas después el silencio sigue siendo política de Estado
Han pasado 23 años desde el 8 de abril de 2003 y la impunidad sigue intacta. Aquel día, en plena invasión de Irak, un tanque estadounidense disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad, un edificio conocido por alojar a periodistas internacionales. No fue una zona de combate improvisada ni un objetivo desconocido. Era un lugar identificado, visible, habitado por profesionales de la información. Allí murió el cámara español José Couso y también el periodista ucraniano Taras Protsyuk. Y desde entonces, lo que vino después no fue justicia, sino una larga cadena de excusas, bloqueos y reformas diseñadas para garantizar que nadie respondiera por aquel crimen.
Nuestro vídeo de sobre el asesinato de José Couso en Irak vuelve a poner el foco donde nunca debió apartarse: en la responsabilidad política y militar de un ataque que no fue accidental. Durante años se habló de “error”, de “confusión en combate”, de decisiones tomadas en caliente. Pero los informes posteriores desmontaron esa narrativa. Los militares estadounidenses podían ver el edificio, sabían que era un hotel de prensa y aun así dispararon. No hubo equivocación, hubo una decisión.
Ese relato incómodo fue sistemáticamente diluido por los gobiernos y por una arquitectura institucional diseñada para proteger a los responsables. Las presiones diplomáticas, las reformas legales y el cierre de causas judiciales convirtieron un crimen documentado en un caso enterrado. En España, la justicia intentó avanzar, pero acabó chocando contra un muro político que priorizó las relaciones internacionales sobre el derecho a la verdad y la reparación.
DE IRAK A LA IMPUNIDAD GLOBAL: CUANDO MATAR PERIODISTAS NO TIENE CONSECUENCIAS
El asesinato de José Couso no es un episodio aislado. Es un síntoma de algo más profundo: la normalización de la violencia contra periodistas en contextos de guerra cuando los responsables pertenecen a potencias hegemónicas. La vida de quienes documentan los conflictos sigue siendo prescindible para los intereses geopolíticos. Y cuando eso ocurre, no solo muere una persona: se debilita el derecho colectivo a saber.
La propia relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese en su intervención junto a Noura Erakat, ha recordado este caso como ejemplo de cómo opera la impunidad internacional. No se trata solo de un fallo judicial o de una investigación incompleta. Es un patrón. Un sistema que protege a quienes ejercen la violencia desde posiciones de poder mientras exige responsabilidad a otros actores con mucha menor capacidad de influencia.
El mensaje es claro y peligroso: hay vidas que no merecen justicia. Y ese mensaje no se limita a Irak en 2003. Se proyecta hacia el presente, hacia otros conflictos donde periodistas, cooperantes y civiles siguen siendo objetivo sin que existan consecuencias reales para quienes ordenan o ejecutan los ataques.
Mientras tanto, el relato oficial sigue apelando a la complejidad de la guerra, a los errores inevitables, a las decisiones difíciles. Pero lo que ocurrió el 8 de abril no fue un accidente inevitable. Fue un acto concreto, ejecutado contra un objetivo conocido, y posteriormente protegido por una red de impunidad institucional.
23 AÑOS DESPUÉS: MEMORIA, RESPONSABILIDAD Y EL DERECHO A NO CALLAR
Recordar a José Couso no es un gesto simbólico. Es una forma de resistencia frente al olvido programado. Porque olvidar es aceptar que el poder puede matar y reescribir la historia sin consecuencias. Y porque cada aniversario que pasa sin justicia refuerza esa lógica.
Durante estos 23 años, la familia de Couso y una parte de la sociedad han sostenido una batalla desigual contra el silencio institucional. Han denunciado las trabas judiciales, las reformas legales que limitaron la jurisdicción universal y las decisiones políticas que cerraron la puerta a la investigación. No se trató de falta de pruebas, sino de falta de voluntad.
En ese contexto, la memoria se convierte en una herramienta política. No para mirar al pasado con nostalgia, sino para señalar responsabilidades en el presente. Porque la impunidad de ayer es la garantía de la violencia de mañana.
El caso Couso sigue abierto en otro sentido: en el de la conciencia colectiva. En la necesidad de no normalizar que un periodista pueda ser asesinado por un ejército sin que nadie responda. En la obligación de cuestionar un sistema internacional que convierte los crímenes en errores administrativos cuando afectan a los poderosos.
23 años después, la pregunta no es qué ocurrió en Bagdad, sino por qué seguimos aceptando que no pase nada.
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