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Las educadoras dicen basta el 7 de abril mientras el sistema sigue tratando la educación temprana como un negocio y no como un derecho
El 7 de abril, cientos de educadoras de escuelas infantiles tomaron la calle en Madrid y marcaron un punto de inflexión: huelga indefinida. No fue un gesto simbólico ni una protesta puntual. Fue la respuesta acumulada de años de abandono político, precariedad laboral y desprecio institucional hacia un sector esencial para la vida. Según recoge la crónica de la huelga indefinida de docentes de escuelas infantiles publicada en El Salto, cerca de 500 trabajadoras se concentraron frente al Ministerio de Educación bajo un mensaje claro: no se puede seguir sosteniendo el sistema educativo sobre la explotación de quienes cuidan y educan en la primera infancia.
Las pancartas no eran retórica vacía. “O-3 no llego a fin de mes”, “no guardamos, educamos” o “la profe luchando también está educando” son consignas que condensan una realidad sistemática. Salarios bajos, ratios elevadas, falta de reconocimiento profesional y ausencia de regulación clara definen el día a día de miles de educadoras y educadores en el Estado español. Y no es casualidad. Es una consecuencia directa de un modelo que ha convertido la educación infantil en un espacio subsidiario, externalizable y profundamente feminizado.
UN SECTOR ESENCIAL SOSTENIDO POR PRECARIEDAD Y DESIGUALDAD
La etapa educativa de 0 a 3 años sigue fuera de la estructura plenamente reconocida del sistema educativo. Esa exclusión no es técnica, es política. Supone que las trabajadoras y trabajadores de este tramo quedan en una especie de limbo normativo donde las condiciones laborales dependen de convenios precarios, la supervisión es desigual y la calidad educativa queda subordinada al coste.
La feminización del sector no es un dato neutro. Es una de las claves para entender por qué esta situación se ha perpetuado durante décadas. La mayoría de la plantilla son mujeres, muchas con formación especializada, que sostienen un trabajo de altísima responsabilidad con condiciones propias de sectores desregulados. Cuando el trabajo de cuidados lo realizan mujeres, el sistema económico lo devalúa sistemáticamente. No es una excepción, es la norma.
Las reivindicaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), con el apoyo de CGT, son claras: integración del ciclo 0-3 en la legislación educativa, regulación de ratios y equiparación de condiciones laborales. Es decir, lo mínimo para garantizar una educación digna y condiciones de trabajo justas. Nada extraordinario. Nada radical. Simplemente lo que ya existe en otras etapas educativas.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido históricamente lenta, fragmentada y, en muchos casos, orientada a la privatización. La externalización de servicios, las concesiones a empresas y la lógica de mercado han convertido muchas escuelas infantiles en espacios donde el beneficio económico compite directamente con el bienestar de la infancia y las condiciones laborales de quienes trabajan en ellas.
LA EDUCACIÓN INFANTIL COMO NEGOCIO Y NO COMO DERECHO
El problema no es solo laboral. Es estructural. El modelo actual trata la educación infantil como un servicio asistencial y no como un derecho educativo universal. Esto permite justificar ratios inasumibles, jornadas extenuantes y salarios que no permiten llegar a fin de mes, como denuncian las propias trabajadoras.
El compromiso arrancado al Ministerio tras la movilización del 7 de abril apunta a la inclusión del ciclo 0-3 en la próxima reforma educativa mediante una modificación de la LOMLOE. Pero incluso ese avance evidencia el retraso acumulado. En 2026, todavía se está negociando si la educación de 0 a 3 años merece un marco legal digno. Esa es la dimensión del problema.
Mientras tanto, las familias también sufren las consecuencias. La falta de plazas públicas, los precios elevados y la desigualdad territorial convierten el acceso a la educación infantil en un privilegio. Quien puede pagar, accede. Quien no, queda fuera. Y en medio, las trabajadoras sostienen un sistema que no reconoce ni su valor ni su papel.
La concentración frente al Ministerio y la convocatoria de nuevas movilizaciones ante la Consejería de Educación no son episodios aislados. Son parte de un ciclo creciente de conflictividad en el sector educativo, donde cada vez más profesionales se niegan a seguir normalizando la precariedad.
Cuando quienes educan a las futuras generaciones no pueden pagar el alquiler, el problema no es individual: es político. Y cuando el Estado permite que la educación infantil funcione como un nicho de negocio, lo que está en juego no es solo el presente laboral de miles de personas, sino el futuro colectivo.
No es una huelga más. Es una grieta en un modelo que ha decidido que cuidar y educar en la primera infancia vale menos que cualquier balance empresarial.
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