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ucker Carlson no se ha vuelto progresista. Conviene dejarlo claro desde la primera línea para no caer en entusiasmos baratos. Tucker Carlson sigue siendo Tucker Carlson: un comunicador reaccionario, una figura central de la derecha dura estadounidense, un propagador de bulos, un arquitecto televisivo del resentimiento blanco y una de las voces que más ayudó a normalizar el trumpismo como espectáculo político. Pero que alguien así rompa con los republicanos dice mucho del nivel de descomposición interna del monstruo.

La ruptura se hizo oficial en una entrevista grabada el 18 de junio en el pódcast Can’t Be Censored. Allí, el antiguo comunicador estrella de Fox News lo dijo sin demasiada vuelta: “No voy a apoyarlos. No hay ninguna posibilidad de que lo haga”. No hablaba de los demócratas. No anunciaba una epifanía democrática. Hablaba del Partido Republicano, el mismo bloque político al que dice haber apoyado durante 35 años, el mismo aparato que lo convirtió en altavoz, símbolo y agitador.

Alemania acaba de poner negro sobre blanco una idea que lleva años rondando los despachos donde nunca se ficha a las seis de la mañana: si la gente vive más, que trabaje más. Así de simple. Así de brutal. El nuevo diseño de las pensiones que prepara el Gobierno de Friedrich Merz plantea ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, llevarla a los 67 años en 2030, situarla en torno a los 67,5 años a comienzos de la década de 2040 y empujarla hasta los 70 años en 2090.

No es una reforma técnica. Es una declaración ideológica. La vida se alarga, dicen. Pero no preguntan cómo se vive. No preguntan quién llega con la espalda destrozada, con ansiedad, con turnos partidos, con contratos precarios, con décadas levantando peso, limpiando habitaciones, conduciendo, cuidando, soldando, programando bajo presión o sosteniendo servicios públicos que otros recortan desde un despacho.

El problema nunca es que falte dinero. El problema es a quién se le exige siempre pagar la factura.

La ultraderecha europea tiene un problema muy serio con el dinero público. Lo odia en los discursos, lo demoniza en campaña, lo llama despilfarro cuando sostiene derechos sociales, lo convierte en “chiringuito” cuando financia políticas feministas, climáticas o de memoria democrática. Pero luego llega Bruselas, aparecen las auditorías, se levantan las alfombras y la patria empieza a tener forma de factura, contrato opaco y subvención irregular.

El grupo Patriots for Europe, donde está inscrito Vox, tendrá que devolver 276.967 euros de fondos de la Unión Europea utilizados de forma indebida en 2024, según una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo difundida por Politico y recogida por elDiario.es. No hablamos de un matiz administrativo perdido en la letra pequeña. Hablamos de donaciones impropias, incumplimientos de contratación pública y contratos concedidos mediante procedimientos irregulares.

Keir Starmer llega a este lunes 22 de junio al borde de anunciar su dimisión como primer ministro del Reino Unido, según The Guardian, The Observer y elDiario.es. No han pasado ni dos años desde aquella mayoría absoluta histórica que vendieron como regreso de la sensatez, del orden institucional, de la política adulta. Y ya está. Otra vez Downing Street convertido en sala de espera. Otra vez el país viendo desfilar primeros ministros como quien cambia fusibles en una casa que se cae.

La diferencia es importante. Starmer no se va arrastrado por una fiesta ilegal en pandemia, como Boris Johnson, ni por haber incendiado la economía en cuestión de días, como Liz Truss. No hay un gran caso de corrupción personal que explique la caída. Ese es precisamente el problema. Starmer no cae por un escándalo: cae por haber convertido la esperanza en gestión gris del derrumbe. Prometió reparar un país golpeado por 14 años de gobiernos conservadores, recortes, privatizaciones y Brexit. Pero ha gobernado como si bastara con administrar las ruinas con tono serio y cara de notario.

El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.

Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.