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Las y los residentes, que deberían recibir apoyo para reconstruir sus vidas, son ahora espectadores de cómo la tragedia se utiliza para avivar las llamas del odio.
a reciente visita del presidente Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y el president Carlos Mazón a Paiporta, el epicentro de la DANA en el País Valencià, dejó al descubierto un entramado que va más allá de la simple indignación ciudadana. Durante la jornada, lo que en principio debía ser un gesto de apoyo y solidaridad hacia las familias afectadas, se convirtió en una demostración de fuerza de la extrema derecha.
Grupos como Revuelta, el brazo juvenil de Vox, junto a colectivos afines como Desokupa, España 2000 y otros movimientos ultras, aprovecharon la tragedia para canalizar un discurso de odio que va ganando terreno en las calles. La violencia y la simbología nazi marcaron la pauta de las protestas, en las que se lanzaron insultos, barro y hasta se rompieron los cristales de los coches oficiales.
Uno de los episodios más preocupantes fue la participación activa de miembros vinculados a la extrema derecha, como el individuo identificado con una camiseta de la nazi División Azul, parte del grupo Revuelta. Este colectivo ya había destacado en el pasado por movilizar protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz, promoviendo consignas radicales y agresivas. La utilización de emblemas fascistas y saludos propios de regímenes totalitarios reafirma la naturaleza de estas acciones.
La violencia se extendió también en redes sociales, con mensajes amenazantes desde cuentas como la de Pilar Baselga, que no dudó en alentar el uso de armas. En Telegram, el canal All Right España fue el nido de bulos y mensajes de odio, llamando a la violencia contra el presidente del Gobierno y la monarquía. Los insultos y gritos de “guillotina”, junto a la exaltación de lo que llaman “justicia popular”, refuerzan un clima que incita a la acción violenta.
La normalización de la amenaza y el silencio institucional
El auge de estas movilizaciones no es casual. La extrema derecha ha encontrado en la tragedia una oportunidad para reforzar su narrativa. Se camuflan entre labores de voluntariado, reparten alimentos, simulan solidaridad. Sin embargo, la presencia de pseudoperiodistas como Javier Negre, Vito Quiles y Alvise Pérez, quienes aprovechaban sus plataformas para instigar el descontento, muestra cómo el discurso de odio se filtra a través de medios alternativos con aparente legitimidad.
El sindicato de Vox ofreció apoyo jurídico a los manifestantes que atacaron los vehículos oficiales, una señal más de que estos actos no son espontáneos, sino parte de una estrategia calculada para desestabilizar y sembrar miedo. Las y los habitantes que vieron sus hogares devastados, lejos de recibir la atención debida, fueron testigos de cómo sus desgracias eran aprovechadas por estos grupos para promover un discurso que apunta a destruir la convivencia.
Miquel Ramos, periodista especializado en el estudio de la extrema derecha, identificó a uno de los instigadores clave: un hombre tatuado con símbolos asociados a la grada ultra Mario Kempes, famosa por su historial de racismo y violencia en los estadios. Expulsada de La Liga por sus insultos a Vinicius Jr., esta facción ha encontrado nuevas trincheras en la arena política.
El silencio institucional y la tibia respuesta de las fuerzas del orden ante estas provocaciones dejan una sensación de impunidad. El asedio que sufren los gobernantes y representantes del Estado es la antesala de una normalización del discurso violento. No se trata de incidentes aislados, sino de una estrategia política que amenaza con calar hondo si no se toman medidas firmes.
Este fin de semana, lo que debería haber sido un momento de unidad para superar una catástrofe, se convirtió en una plataforma para la desestabilización. Las y los residentes, que deberían recibir apoyo para reconstruir sus vidas, son ahora espectadores de cómo la tragedia se utiliza para avivar las llamas del odio.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.
A los violentos de ultraderecha deberían ponerlos a sacar barro con una pala, 12 horas al día.
Que gilipollez, si los ultras remangan chapo por ellos. Otros siguen con los porros pretendiendo hacer la revolución marxista desde la cama.
Supuestamente,un 60/70%,de las fuerzas armadas estàn afilíados a jupol y juicil,de la ultra derecha,baste ver la catidad de pulseritas con la nandera española,que lucen,entonces se explica su «consentimiento»,en Alemania hicieron límpieza,aquí desde el 78 siguen en sus puestos…