La cloaca digital de Desokupa: Rubén Sánchez (FACUA) demanda a Daniel Esteve por difamación 

La extrema derecha en redes ya no difama impunemente: llegan las denuncias, las demandas… y el principio del fin.

Más de quince publicaciones en apenas unas semanas. Un millón de seguidores repartidos en X, YouTube, Instagram, Telegram y Linkedin. Insultos, amenazas, acusaciones sin prueba alguna. Ese es el estilo de Daniel Esteve, el exboxeador que convirtió una empresa sin habilitación legal para ejecutar desahucios, Desokupa, en altavoz del odio, la mentira y el delirio conspiranoico. Esta vez su blanco ha sido Rubén Sánchez, secretario general de FACUA y colaborador de Acción Contra el Odio (ACO).

Si pretendía intimidarme con sus insultos y bulos, que se ponga a la cola. Acabo de interponer una demanda por difamación contra el jefe de Desokupa, Daniel Esteve. Ha inventado que soborné a una fiscal y que me he quedado con el dinero de las donaciones a Acción Contra el Odio. pic.twitter.com/XjOgp1BTrt

— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 1, 2025

Esteve le ha acusado de corromper a una fiscal y robar donaciones, sin una sola prueba y en medio de una campaña agresiva y difamatoria que mezcla insultos personales como “rata asquerosa” con invenciones dignas de un mal thriller. A Sánchez le ha tocado responder como corresponde: con una demanda judicial por difamación, en la que reclama 30.000 euros por daños a su honor.

La Fiscalía no ha tardado en reaccionar. El pasado 20 de marzo, la sección de delitos de odio y discriminación de Valencia abrió diligencias por las amenazas y bulos de Esteve contra personas migrantes. La denuncia, presentada por ACO, documenta cómo el empresario agitador asocia sistemáticamente la inmigración con la delincuencia a través de falsedades e incluso montajes propios. Una práctica que podría constituir un delito de incitación al odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, y penado con entre uno y cuatro años de prisión.

Esteve no sólo difama, sino que construye una narrativa violenta y racista que amplifica el odio. Lo hace con impunidad en redes sociales, sin que las plataformas actúen. Y lo hace con el apoyo tácito de quienes lo presentan como un “defensor de la propiedad privada”, cuando en realidad utiliza la fuerza y el acoso para desalojar sin orden judicial, para atemorizar y para señalar públicamente a familias vulnerables. Ese es su negocio.

LA GUERRA CONTRA QUIENES DENUNCIAN EL ODIO
La difamación contra Rubén Sánchez no es un episodio aislado. Es parte de una estrategia de desgaste contra quienes combaten la desinformación y el discurso de odio, especialmente si lo hacen desde organizaciones sociales, jurídicas o defensoras de derechos humanos. FACUA lleva años fiscalizando los abusos de empresas y defendiendo a consumidores. ACO se ha convertido en una referencia imprescindible frente al auge de la ultraderecha y sus métodos de persecución pública. Y ese trabajo molesta.

Por eso la reacción ha sido tan brutal. No se trata de una simple pelea personal. Se trata de una ofensiva política para silenciar a quien incomoda, de una campaña diseñada para intimidar a quienes cuestionan la impunidad con la que actúan estas redes de odio. Porque la ultraderecha de Instagram no discute ideas. Señala, insulta, miente y amenaza. Eso es lo que ha hecho Daniel Esteve.

En este caso, además, se ha cruzado una línea peligrosa: la acusación infundada de sobornar a una fiscal pública, Susana Gisbert, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la lucha contra los delitos de odio. Con ello, Esteve no solo ataca a Sánchez, sino que trata de desprestigiar las instituciones que investigan sus propios delitos. Una huida hacia adelante con aroma a desesperación.

A lo largo de marzo, mientras las publicaciones de Esteve aumentaban en agresividad, la tensión crecía en paralelo con los procesos judiciales que se le acumulan. En febrero, ACO presentó una denuncia formal por incitación al odio. En marzo, la Fiscalía abrió investigación. Ahora, abril comienza con una demanda civil por difamación que puede costarle 30.000 euros. Y lo peor para él: empieza a perder el relato.

No es sólo un matón digital. Es un símbolo de cómo la extrema derecha opera a base de fake news, amenazas y odio viral. Y empieza a encontrar límites.

Rubén Sánchez no es la excepción. Es la señal de que ya no pueden difamar sin consecuencias.