La infiltración policial en Lleida no es un caso aislado, es una estrategia de Estado 

La represión no se disimula: se organiza desde arriba y se ejecuta desde dentro

Durante dos años, un agente de la Policía Nacional se infiltró en el tejido activista de Lleida haciéndose pasar por un joven independentista, participando en asambleas, protestas y espacios comunitarios. Lo ha destapado La Directa, y no es la primera vez: es la sexta infiltración conocida en Catalunya y País Valencià, y cada nueva revelación deja al descubierto una verdad incómoda y escandalosa: el Estado español usa a sus cuerpos policiales no solo para reprimir, sino para descomponer por dentro cualquier movimiento que cuestione sus estructuras de poder.

Desde septiembre de 2019 hasta noviembre de 2021, este policía —que se hacía llamar Joan— se movió por los espacios del Ateneu Cooperatiu La Baula, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la sectorial de ecología de Endavant. Participó activamente en las movilizaciones contra la sentencia del procés, en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel y hasta en una audiencia pública en el Ayuntamiento de Lleida en nombre de una organización política. No era un simple observador: era parte de las dinámicas, construía relaciones, tomaba decisiones, opinaba y debatía. Un agente del Estado infiltrado en la vida política y emocional de una comunidad.

Esto no es vigilancia. Es violencia institucional. Es una forma de represión encubierta que vulnera derechos fundamentales: el derecho de reunión, el derecho de participación política, el derecho a la intimidad, el derecho a la libre expresión. Y, sobre todo, el derecho de las personas a organizarse para cambiar un sistema que les oprime.

LA IMPUNIDAD DE LAS CLOACAS: POLICÍA, MINISTERIO Y SILENCIO POLÍTICO

Esta operación no fue una excepción, ni un error, ni un caso puntual. Fue una estrategia planificada, sostenida y ejecutada desde dentro del aparato del Estado. La organización Alerta Solidària ya ha anunciado que prepara una querella criminal que «apunta a la cúpula del Ministerio del Interior», porque lo que se ha destapado es estructural. Es una guerra sucia contra el activismo social y político de izquierdas, de base, independentista y transformador.

¿Quién autorizó esta operación? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién firma los presupuestos que permiten mantener a un agente durante dos años infiltrado entre estudiantes, ecologistas, militantes y vecinas? ¿Qué partidos miran hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales con absoluta impunidad?

Mientras se financia con dinero público esta red de espionaje político, el propio Estado criminaliza cualquier intento de soberanía popular. Se infiltran en asambleas mientras desahucian familias, se infiltran en centros sociales mientras blindan los privilegios de las élites, se infiltran en colectivos que luchan por el clima mientras regalan licencias a macroproyectos destructivos.

Y lo más grave: lo hacen en nombre de la seguridad. Bajo el pretexto de prevenir el radicalismo, lo que se persigue es la disidencia. Lo que molesta no es la violencia, sino la organización. El problema no son las barricadas, sino las ideas.

El agente ‘Joan’ llegó incluso a formar un núcleo del SEPC en la Escola del Treball de Lleida. No se limitó a observar: impulsó dinámicas, condicionó espacios, manipuló relaciones personales y colectivas con el objetivo de obtener información y debilitar los lazos comunitarios. Ese nivel de implicación no es casualidad. Responde a un mandato claro: destruir la organización desde dentro.

Y no hay que olvidar el componente emocional y humano. Infiltrarse en colectivos de base no es solo una maniobra policial. Es una forma de agresión. Se crean vínculos falsos, se traiciona la confianza, se instrumentalizan afectos. Las personas que participaron en esas asambleas fueron espiadas, registradas, manipuladas sin saberlo. ¿Quién repara ese daño?

Mientras tanto, el Gobierno calla. Ningún responsable político ha dado explicaciones. Ningún ministro ha asumido responsabilidades. Ningún partido ha exigido ceses. El silencio es cómplice.

Este martes, frente a la subdelegación del Gobierno en Lleida, las organizaciones afectadas han alzado la voz: Endavant, La Baula y Alerta Solidària exigen responsabilidades y preparan una respuesta política y legal. El jueves, La Baula abrirá su espacio como lugar de curas, porque lo que se ha vivido no es solo una filtración informativa: es una violación colectiva de derechos, espacios, historias y cuerpos.

El Estado español tiene miedo. No a la violencia, sino a la organización. Y por eso infiltra a sus agentes entre las y los que luchan. No pueden detener las ideas, así que intentan destruir las redes que las sostienen. Pero cada vez que lo hacen, nos dan una prueba más de que el problema no está en las calles, sino en los despachos.