Un juzgado rechaza procesar a Miguel Ángel Rodríguez por señalar a periodistas: acoso desde el poder 

Un juzgado rechaza procesar a MAR por difundir datos personales y fotos de reporteros que investigaban a la pareja de la presidenta madrileña. La Fiscalía sí veía delito.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha decidido que difundir fotos y nombres de dos periodistas acusándoles falsamente de acosar a menores no es delito. La jueza ha rechazado las denuncias del PSOE y de los propios afectados, reporteros de El País, y ha desoído a la propia Fiscalía, que sí pedía abrir causa. El acusado no es un cualquiera: es Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El hombre que insulta, amenaza y miente desde la sala de máquinas de la Puerta del Sol.

Lo que se juzgaba era grave. Rodríguez difundió a otros periodistas una imagen de dos reporteros que investigaban al entorno de la presidenta madrileña, y les acusó de estar acosando a vecinos, incluso a niñas. La denuncia del PSOE sostenía que estos datos podrían haber sido obtenidos irregularmente a través de agentes policiales que custodian la casa de Ayuso. El mensaje se difundió como si fuera una nota oficial. Una maniobra de propaganda sucia.

Pero la jueza lo ve de otra manera. En su auto afirma que «la simple identificación por nombre y primer apellido» no afecta a la privacidad de los periodistas, que la fotografía fue tomada en la vía pública y que no hay delito alguno en señalar públicamente a periodistas en ejercicio profesional. Ni una palabra sobre el contexto intimidatorio. Ni una línea sobre la falsedad de las acusaciones vertidas.

La Fiscalía, por el contrario, sí vio indicios claros de revelación de secretos y pidió que se abriera investigación. También lo hicieron los propios periodistas afectados. No sirvió de nada. La magistrada ha optado por minimizar los hechos, ignorar su gravedad y dejar libre el camino para que el poder siga utilizando la difamación como herramienta política.

CUANDO DIFAMAR SALE GRATIS Y SE PREMIA CON CARGOS

El caso no es aislado. Miguel Ángel Rodríguez no se limitó a señalar a dos reporteros. Desde marzo de 2024 ha construido una red de bulos para proteger a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, acusado de defraudar 350.000 euros. Durante ese tiempo, Rodríguez ha usado la mentira como estrategia, la amenaza como argumento y la manipulación como escudo.

El 13 de marzo, por ejemplo, filtró falsamente que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, y que había sido bloqueado por instancias superiores. Todo era una invención. La pareja de Ayuso sí había intentado negociar, y Rodríguez lo sabía. Aun así, lanzó el bulo como si fuera una verdad oficial, que fue repetida por medios afines.

Tampoco dudó en mentir ante el Tribunal Supremo: afirmó que elDiario.es nunca contactó con él antes de publicar su exclusiva. Era falso. Rodríguez simplemente mintió bajo juramento. Como también mintió al decir que dos redactores encapuchados habían intentado entrar en casa de Ayuso, algo que fue difundido por Libertad Digital y otros terminales mediáticos de la derecha mediática, sin prueba alguna. Un año después, no hay ni rastro de la denuncia que prometió presentar.

Amenazó a periodistas directamente. A Esther Palomera le dijo que iban a “triturar” a su medio. A elDiario.es le advirtió: “Vais a tener que cerrar”. Todo por informar. Por hacer su trabajo. Por contar que la pareja de Ayuso había cometido fraude.

Pero Isabel Díaz Ayuso no solo no ha apartado a su jefe de gabinete, sino que lo ha blindado. “Tiene toda mi confianza”, ha repetido mientras Rodríguez ataca a la prensa libre. Un poder público que protege a quien amenaza, miente y señala a periodistas es un poder enfermo.

Este no es un caso judicial más. Es un síntoma. Cuando se permite que desde un cargo institucional se difundan datos personales de periodistas sin consecuencia alguna, lo que se está validando es el acoso desde el poder. Cuando se ignora el contexto de esas difusiones, se normaliza la violencia simbólica y mediática contra quienes incomodan al poder político.

No se trata solo de nombres y fotos. Se trata de convertir el ejercicio del periodismo en un riesgo personal. Y de que eso no importe a quien debería garantizar derechos y libertades. La impunidad no es un accidente. Es una estrategia.

La justicia ha hablado. Y ha dicho que se puede señalar, acusar sin pruebas, mentir a sabiendas y amedrentar a periodistas. Mientras tanto, quienes hacen esas prácticas siguen en sus despachos, cobrando sueldos públicos, blindados por lideresas que prefieren el bulo al periodismo. Porque les resulta más útil. Más rentable. Más impune.