La propia Audiencia señala que no existen pruebas que acredite que fueron los acusados y no otros manifestantes antifascistas quienes agredieron a los antidisturbios.
Durísimas penas para frenar la lucha antifascista. La Audiencia de Zaragoza ha castigado con sendas penas de seis años de prisión a los cuatro jóvenes juzgados hace unos días por los disturbios que se produjeron el 17 de enero de 2019 durante una concentración convocada a través de las redes sociales bajo el lema ‘Contra el fascismo de Vox’.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían condenas incluso mayores para Francisco Javier A. V. (23 años), Antonio Daniel L. D. (21), Adrián L. R. (22) e Imad M. B. (28), ya que además de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado los acusaban también de lesionar a seis policías .
Esa noche el presidente de Vox, Santiago Abascal, daba un mitin en el Auditorio de Zaragoza. La Policía tuvo que intervenir para impedir que los manifestantes antifascistas accedieran al lugar, por lo que se dispersaron por la zona del campus universitario.
Tras esto hubo disturbios y se causaron daños en el mobiliario urbano. Se les acusa de delito de desórdenes públicos y otro de atentado, les acusaban también de lesionar a seis policías lanzando piedras, adoquines y trozos de baldosas.



Penas ejemplarizantes contra antifascistas
Las severas penas contra estos antifascistas parecen marcar una línea ejemplarizante, sobre todo porque la propia Audiencia señala que no existen pruebas que acredite que fueron los acusados y no otros manifestantes quienes agredieron a los antidisturbios. Uno de los agentes sí que pudo identificar sin ningún género de dudas a su atacante, que resultó ser uno de los cuatro jóvenes que se sentaron en el banquillo de los acusados. En concreto, Imad M.B., al que los magistrados de la Sección Sexta imponen también por ello una multa de 480 euros.
De forma inesperada, el día del juicio el responsable de seguridad de la Universidad de Zaragoza reveló que guardaba unas imágenes que captaron las cámaras instaladas en el campus universitario. Al conocer su existencia, el tribunal señaló una segunda sesión del juicio para visionar los vídeos. Ese día, el abogado Rafael Ariza aportó también como prueba las imágenes de los altercados que difundió Heraldo de Aragón a través de su página web.
La sentencia señala que «la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la Sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos». Sin embargo, el esfuerzo ha resultado «estéril», ya que ni una ni otra grabación han servido a las defensas de los antifascistas para lograr la absolución de los encausados.



Imparcialidad cuestionada
Las abogadas Silvia Benedicto y Miriam Pascual, que representan a tres de los investigados, cuestionaron durante el juicio la imparcialidad de los agentes lesionados, dada su condición de víctimas. Además, al igual que Ariza, están convencidas de que las grabaciones demuestran que sus representados no fueron quienes atacaron a los policías.
Las letradas han anunciado su intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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