Categoría: INTERNACIONAL

Estados Unidos ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando mira hacia el sur: dar lecciones. El embajador Ronald Johnson presumió el 16 de junio de que Washington ha entregado a México a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Lo presentó como cooperación, como eficacia, como una demostración de que ambos países caminan juntos contra el crimen. Bonito envoltorio. Vieja mercancía.

Porque al otro lado de esa foto diplomática hay un dato que desmonta el teatro completo: México reclama que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo, ha solicitado a Estados Unidos 269 extradiciones. Resultado: ninguna concedida. Cero. Ni una. De esas 269 peticiones, 36 fueron rechazadas y 233 siguen pendientes. Esa es la cooperación bilateral cuando se apagan las cámaras. Washington exige velocidad, pruebas, obediencia y titulares. Pero cuando México pide lo mismo, Estados Unidos descubre de pronto los matices, los procedimientos, las dudas jurídicas y la sacrosanta complejidad administrativa.

El Mundial arrancó en Ciudad de México con la liturgia habitual del negocio global: estadios llenos, pantallas gigantes, himnos, marcas, seguridad, turismo, cámaras y una promesa repetida hasta el cansancio. La promesa de que el fútbol lo tapa todo. Lo tapa durante unas horas. Lo tapa en los planos televisivos. Lo tapa en los discursos oficiales. Pero no lo borra.

Al mismo tiempo, familias de personas desaparecidas salieron a las calles para recordar lo que el Estado mexicano y la maquinaria FIFA preferirían dejar fuera de campo: casi 135.000 personas desaparecidas. No son una nota al margen. No son una incomodidad estética para turistas. No son “la otra cara” de la fiesta, como si el dolor fuera una sección secundaria del espectáculo. Son el centro de una crisis nacional que lleva años abierta, sangrando, acumulando nombres, expedientes, fosas, silencios y madres que han tenido que aprender a buscar con sus propias manos lo que las instituciones no encuentran o no quieren encontrar.

El relato libertario tenía una frase simple, útil y venenosa: la casta tiene miedo. La repitieron hasta convertirla en contraseña política. La usaron contra trabajadoras y trabajadores públicos, contra docentes, contra jubiladas y jubilados, contra cualquiera que se atreviera a pedir derechos en un país triturado por la desigualdad. Pero ahora la casta tiene despacho, micrófono oficial y nombre propio: Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete de Javier Milei está bajo presión tras admitir que ocultó al fisco medio millón de dólares. No hablamos de una sospecha menor, ni de una confusión administrativa, ni de una línea mal completada en una declaración jurada. Hablamos de dinero no declarado. Hablamos de un alto cargo del Gobierno argentino reconociendo que tenía fondos fuera del radar fiscal mientras su propio Ejecutivo predica sacrificio, ajuste y moralina contra quienes no llegan a fin de mes. Según publicó El País, Adorni pasó de negar irregularidades ante el Congreso el 29 de abril a reconocer después ahorros no declarados por unos 500.000 dólares, supuestamente procedentes de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018.

Colombia llega a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio con una pregunta brutal encima de la mesa. No es una pregunta menor, ni técnica, ni de esas que se esconden en los programas electorales para que nadie las lea. Es una pregunta de país. De vida o muerte política. ¿Se avanza hacia una seguridad humana basada en derechos, acuerdos de paz y protección de líderes sociales, o se entrega el Estado a la fantasía autoritaria de las megacárceles, los bombardeos y el castigo como espectáculo?

La votación en el exterior ya está abierta desde el 15 de junio y se extenderá hasta el 21 de junio. Hay 1.414.661 personas colombianas habilitadas fuera del país: 777.343 mujeres y 637.318 hombres. Se han dispuesto 253 puestos de votación en 67 países, con 1.489 mesas entre el 15 y el 20 de junio, y 2.181 mesas el propio 21 de junio. No es un detalle administrativo. Es una diáspora votando sobre el futuro de un país atravesado por décadas de violencia, desplazamiento, desigualdad y promesas rotas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo dijo sin demasiados rodeos el 15 de junio: Israel “no se retirará de las zonas de seguridad en el Líbano sin límite de tiempo”. La frase no era un desliz. Era un programa político. Una declaración de ocupación indefinida pronunciada justo cuando el preacuerdo de paz entre EEUU e Irán, alcanzado en la madrugada de ese mismo 15 de junio, incluía el fin de las hostilidades en el sur de Líbano.

La trampa es vieja. Se firma una tregua, se invoca la seguridad, se bombardea igual. Tel Aviv y Beirut habían anunciado un alto el fuego el 16 de abril, pero esa tregua nació torcida. No incluyó a Hezbolá en la mesa y dejó abierta una puerta enorme: Israel podía actuar en “defensa propia” ante amenazas inminentes. Ya sabemos cómo traduce Israel esa cláusula. Amenaza inminente significa lo que convenga. Defensa propia significa ataque preventivo. Seguridad significa ocupación.