Guantánamos europeos: la UE ya no esconde su frontera sucia 

La Eurocámara aprueba el Reglamento de Retornos y convierte la deportación en una arquitectura de castigo, miedo y externalización colonial.

EUROPA QUIERE EXPULSAR SIN MANCHARSE LAS MANOS

No lo llamen política migratoria. Eso suena demasiado limpio. Demasiado burocrático. Demasiado europeo. Lo que acaba de aprobar la Eurocámara el 17 de junio es otra cosa: colonialismo administrativo con sello institucional. Una maquinaria pensada para que Europa pueda seguir hablando de derechos humanos en los discursos mientras coloca los cuerpos migrantes lejos de sus cámaras, sus tribunales y sus conciencias.

El Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo permite crear centros de devolución de personas migrantes en terceros países. Es decir, lugares fuera de la UE donde enviar a personas expulsadas incluso aunque no tengan vínculo alguno con el país de destino. La fórmula es sencilla. Europa decide. Otro territorio encierra. Otra población carga con el coste político, social y humano. La frontera ya no se dibuja en los mapas: se subcontrata.

La votación fue clara: 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. No fue un accidente. No fue una confusión técnica entre párrafos. Fue una mayoría parlamentaria dando luz verde a una de las políticas migratorias más duras de las últimas décadas. Y lo hizo después de que el 1 de junio las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional para sacar adelante el texto.

La derecha y la ultraderecha lo celebraron. Claro que lo celebraron. Porque esta norma no surge de la nada. Es la traducción legal de años de racismo convertido en tertulia, de bulos sobre invasiones, de campañas contra personas pobres, de titulares que presentan la migración como amenaza y no como consecuencia de guerras, saqueos, desigualdad climática, colonialismo económico y fronteras levantadas por quienes antes cruzaron todos los mares para apropiarse de todo.

Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia ya negocian con estados extracomunitarios para poner en marcha estos centros a cambio de financiación o acuerdos de cooperación. Bonito nombre: cooperación. La palabra que Europa usa cuando quiere que otra gente haga el trabajo sucio. Ayer eran acuerdos comerciales, hoy son almacenes humanos. Cambia el formulario. No cambia la lógica.

PICUM, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Personas Migrantes Indocumentadas, lo ha dicho con una claridad incómoda: enviar a alguien contra su voluntad a un país con el que no tiene ningún vínculo no puede considerarse razonable, justo ni sostenible. Puede afectar a familias con menores, romper comunidades y destruir redes de apoyo básicas. Eso es lo que se está votando. No una línea de gestión. No un trámite. Una política de desarraigo.

Europa ha decidido copiar lo peor de Trump sin necesidad de ponerse una gorra roja. Lo hace con corbata, traducción simultánea y lenguaje de reglamento. Más elegante, sí. Igual de brutal.

REDADAS, DETENCIÓN Y LA VICTORIA POLÍTICA DEL MIEDO

El Reglamento de Retornos no se limita a abrir la puerta a centros de deportación fuera de la UE. También permite imponer restricciones de movimiento y controles periódicos a personas con orden de retorno. Y va más allá. Mucho más. El texto anima a los Estados a incorporar “medidas de investigación” que pueden incluir allanamientos en domicilios particulares, registros, incautación de pertenencias personales y dispositivos electrónicos.

Traducido: redadas. Redadas en casas. Redadas al estilo ICE. Redadas que pueden extenderse a centros de salud, refugios, puntos de distribución de alimentos y otros lugares donde las personas en situación vulnerable buscan ayuda. Europa está convirtiendo la asistencia en una trampa. Quien necesite curarse, comer o dormir puede acabar fichado, perseguido y expulsado.

Médicos del Mundo ha advertido de lo evidente, aunque en Bruselas lo evidente ya casi parece subversivo: cuando el miedo a la deportación entra en hospitales y centros sociales, muchas personas dejan de acudir incluso en emergencias. En Estados Unidos ya se vio. Mujeres embarazadas, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas evitando atención sanitaria por miedo a ser detenidas. Ahora Europa mira ese espejo y, en lugar de apartarse, se peina.

La norma también amplía el periodo de detención. Las personas con orden de retorno deberán colaborar con las autoridades. Si no lo hacen, si se considera que existe riesgo de fuga o si son señaladas como amenaza para la seguridad, podrán permanecer detenidas hasta 24 meses, ampliables otros 6 meses. En algunos casos, ese plazo podría reiniciarse si la persona es trasladada a otro Estado miembro.

Hagamos la cuenta sin anestesia: hasta 30 meses de privación de libertad por una cuestión administrativa. No por un crimen grave. No por una condena penal ordinaria. Por papeles. Por frontera. Por no encajar en el lado correcto del pasaporte. Incluso España, que se opuso a la norma desde su concepción, mostró preocupación por este punto: la regla podría provocar que personas en situación administrativa irregular pasen más tiempo privadas de libertad que delincuentes condenados por delitos graves.

Ese es el corazón del asunto. El capitalismo europeo necesita mano de obra migrante cuando limpia, cuida, recoge fruta o sostiene sectores enteros; pero la convierte en amenaza cuando exige derechos. Primero precariza. Luego señala. Después encierra. Y finalmente deporta. Todo con sello institucional.

La escena parlamentaria fue repugnante por su claridad. Tras la votación, el ala derecha del hemiciclo europeo en Estrasburgo aplaudió y gritó “send them back”, “mandadlos de vuelta”. Desde los escaños críticos respondieron “shame on you”, “vergüenza”. La vergüenza, sin embargo, no pareció molestar demasiado. Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, celebró haber “forzado la mano del PPE”. Charlie Weimers, de la derecha radical sueca, habló de construir “grandes y bonitos centros de retorno en terceros países”.

Grandes y bonitos. Así habla la extrema derecha cuando se refiere a lugares donde encerrar seres humanos.

No es solo Vox. Ese es el error cómodo. La victoria ultra no habría sido posible sin la normalización previa de sus ideas por parte de la derecha tradicional y del centroderecha europeo. La extrema derecha empuja. Los conservadores traducen. Las instituciones aprueban. Y luego llaman equilibrio a lo que no es más que una capitulación moral.

Suecia ya aprobó la llamada “ley del chivatazo”, que obliga a varios organismos públicos a informar a la policía sobre personas en situación administrativa irregular con las que entren en contacto. Aunque incluye excepciones para sanidad, educación y servicios sociales, PICUM considera esas salvaguardas insuficientes. Tiene sentido. Cuando el Estado convierte al personal público en vigilancia migratoria, no está protegiendo la legalidad. Está rompiendo la confianza social.

Las trabajadoras y trabajadores sociales, las médicas y médicos, las educadoras y educadores, las vecinas y vecinos que sostienen la vida cotidiana no deberían ser colocados en la cadena de expulsión. Pero esa es la Europa que se está construyendo: una Europa donde la solidaridad empieza a parecer sospechosa y la crueldad se redacta como eficiencia.

La UE no está gestionando retornos. Está fabricando miedo. Está levantando Guantánamos europeos lejos de sus escaparates. Está diciendo a millones de personas que su humanidad depende de un expediente, de una frontera y de la utilidad económica que otros les asignen.

Y cuando una democracia empieza a esconder seres humanos para no ver lo que hace con ellos, lo que se pudre no está en la frontera: está en el centro del poder.