16 Jun 2026

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Colombia decide entre paz integral y bukelismo de ultraderecha
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Colombia decide entre paz integral y bukelismo de ultraderecha 

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La segunda vuelta enfrenta dos modelos de país: uno que intenta cerrar las heridas de la guerra y otro que quiere administrarlas con cárceles, bombas y propaganda de mano dura.

PAZ INTEGRAL O EL NEGOCIO DEL CASTIGO

Colombia llega a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio con una pregunta brutal encima de la mesa. No es una pregunta menor, ni técnica, ni de esas que se esconden en los programas electorales para que nadie las lea. Es una pregunta de país. De vida o muerte política. ¿Se avanza hacia una seguridad humana basada en derechos, acuerdos de paz y protección de líderes sociales, o se entrega el Estado a la fantasía autoritaria de las megacárceles, los bombardeos y el castigo como espectáculo?

La votación en el exterior ya está abierta desde el 15 de junio y se extenderá hasta el 21 de junio. Hay 1.414.661 personas colombianas habilitadas fuera del país: 777.343 mujeres y 637.318 hombres. Se han dispuesto 253 puestos de votación en 67 países, con 1.489 mesas entre el 15 y el 20 de junio, y 2.181 mesas el propio 21 de junio. No es un detalle administrativo. Es una diáspora votando sobre el futuro de un país atravesado por décadas de violencia, desplazamiento, desigualdad y promesas rotas.

Iván Cepeda plantea una idea que en Colombia sigue pareciendo revolucionaria precisamente porque debería ser básica: la seguridad no puede reducirse a llenar cárceles. Habla de seguridad humana, implementación del acuerdo de paz, protección de líderes y lideresas sociales, alternativas económicas para los territorios y prevención del reclutamiento forzado. Es decir, mirar donde el Estado suele llegar tarde o llegar armado. La paz integral no es ingenuidad: es entender que una sociedad no se pacifica a golpes, sino cerrando las fábricas sociales de la violencia.

Frente a eso, Abelardo de la Espriella ofrece el catálogo habitual de la ultraderecha latinoamericana: megacárceles estilo Bukele, bombardeos contra grupos armados, reclutamiento de reservistas, eliminación de la JEP y mano dura vendida como solución rápida. Rápida para el titular. Rápida para TikTok. Rápida para el aplauso de quienes nunca pondrán el cuerpo en los territorios que dicen querer “recuperar”. Pero lenta, larguísima, para las comunidades que luego tienen que vivir entre militarización, miedo, abuso y abandono.

La ultraderecha ya no promete futuro. Promete castigo. Y lo vende como si fuera orden. Lo hace en El Salvador, en Argentina, en Europa y ahora lo intenta en Colombia con el mismo manual: señalar enemigos, agitar pánico, despreciar los derechos humanos y convertir la cárcel en una marca electoral. El bukelismo no es una política de seguridad: es una estética del encierro para sociedades desesperadas. Funciona como imagen. Como proyecto democrático, es un agujero negro.

CUANDO LA MANO DURA ESCONDE LA MANO DEL MERCADO

El problema de la mano dura no es solo su brutalidad. Es su trampa. Presenta la violencia como si naciera de la nada, como si no tuviera relación con la pobreza, el abandono estatal, la disputa por la tierra, el narcotráfico, la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades. Borra las causas. Deja solo los cuerpos. Luego promete encerrarlos.

Ese es el viejo truco. Primero se abandona a las mayorías. Después se criminaliza el desastre. En Colombia, ese truco tiene historia, muertos, fosas, desplazamientos y familias enteras viviendo con miedo. Por eso la eliminación de la JEP no es una propuesta más. Es un golpe simbólico y político contra la posibilidad de verdad, justicia y reparación. A la derecha extrema le incomoda la memoria porque la memoria pone nombres, responsabilidades y archivos sobre la mesa. La memoria rompe el decorado.

La JEP puede ser criticada, discutida, vigilada. Claro. Las instituciones no son sagradas. Pero eliminarla desde una lógica de revancha es otra cosa. Es decirle al país que la paz fue una concesión intolerable, que las víctimas solo importan cuando sirven para campaña y que la verdad molesta cuando toca a los de arriba. Quieren cerrar la justicia transicional porque prefieren una nación obediente antes que una nación consciente.

Cepeda no representa una varita mágica. Nadie serio debería vender eso. Colombia no se arregla con un discurso bonito ni con un decreto bien redactado. Hay territorios bajo control armado, economías ilegales, élites enquistadas y un aparato estatal que demasiadas veces ha tratado a las comunidades pobres como sospechosas antes que como ciudadanas. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer la dificultad y convertir la dificultad en excusa para bombardear.

De la Espriella propone una política donde el Estado aparece con uniforme, cárcel y amenaza. Cepeda propone que aparezca también con escuela, salud, protección, inversión social y cumplimiento de acuerdos. Parece una diferencia obvia. No lo es. En América Latina, el capitalismo más salvaje siempre ha necesitado una pedagogía del miedo. Cuando la riqueza se concentra, la represión se moderniza. Cuando los derechos avanzan, los reaccionarios gritan “orden”. Cuando las comunidades exigen vida digna, aparece alguien prometiendo mano dura.

Lo vimos demasiadas veces. La seguridad convertida en espectáculo acaba justificando abusos. Las cárceles gigantes se presentan como templos del orden mientras se oculta la pregunta esencial: quién entra, por qué entra, quién decide, con qué garantías, bajo qué controles y para beneficio de qué proyecto político. Porque el punitivismo siempre tiene clase social. Nunca cae igual sobre las élites que saquean sistemas públicos que sobre los jóvenes pobres de los barrios. Nunca.

La segunda vuelta colombiana no enfrenta solo a dos candidaturas. Enfrenta dos formas de imaginar el Estado. Una, imperfecta pero necesaria, entiende que sin derechos no hay seguridad. La otra cree que la paz es debilidad y que gobernar consiste en administrar miedo. Colombia no decide entre blandura y firmeza: decide entre construir paz o convertir el castigo en programa de gobierno.

Y eso, dicho sin anestesia, es el verdadero abismo del 21 de junio: un país puede intentar sanar sus heridas o puede votar a quienes quieren abrirlas de nuevo con maquinaria, uniforme y aplausos de plató.

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