Maricarmen, 88 años, frente al escaparate inmobiliario de un país que abandona a sus mayores 

Una mujer con problemas de salud puede ser expulsada de su casa el 24 de junio mientras las instituciones se pasan la pelota y la ministra habla ante empresarios del ladrillo.

UNA INTERRUPCIÓN NECESARIA ANTE LA POLÍTICA DEL ESCAPARATE

El Sindicato de Inquilinas de Madrid interrumpió el 15 de junio la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el II Foro Inmobiliario 360º. No fue una anécdota. No fue una performance. Fue una imagen incómoda de país. Mientras la responsable estatal de vivienda hablaba en un foro con empresarios del sector inmobiliario, varias activistas pusieron sobre la mesa el nombre que las instituciones intentan convertir en expediente: Maricarmen, una mujer de 88 años con un desahucio previsto para el 24 de junio.

La escena resume demasiado bien el problema. Arriba, la política institucional hablando el lenguaje amable de los foros. Abajo, el sindicalismo de barrio recordando que hay una anciana a punto de quedarse sin casa. La vivienda convertida en negocio y la vida convertida en trámite. Ese es el país real, aunque moleste en los salones donde el ladrillo se presenta como motor económico y no como una maquinaria de expulsión.

Alicia del Río, portavoz del Inquilinato, se dirigió a la ministra sin rodeos: “Ustedes no hacen nada”. También denunció que se enviara a concejalas del partido a casa de Maricarmen con promesas que, según el Sindicato, no han dado una salida real. La pregunta fue sencilla y brutal: qué hará el Gobierno el 24 de junio si las vecinas, los vecinos y las activistas están en la puerta intentando parar el desahucio. Si volverá la policía. Porque esa es la traducción material de tanta retórica social: cuando falla la política, aparece el dispositivo.

Isabel Rodríguez respondió que quiere que Maricarmen se quede. Añadió que ambas partes pelean por lo mismo y que el Sindicato se equivoca de adversario. Pero aquí está el problema. Cuando una mujer de 88 años sigue con fecha de lanzamiento, no basta con declarar buenas intenciones. La política no se mide por el adversario señalado, sino por el resultado concreto. Y el resultado concreto, a día de hoy, es que Maricarmen tiene una fecha encima de la cabeza: 24 de junio.

Tras la protesta, la seguridad del evento expulsó a las activistas. Según ellas, la Policía las identificó. La metáfora vuelve a escribirse sola. A las puertas del negocio inmobiliario se tolera el debate siempre que no entre la realidad. Si entra, se la saca. Si insiste, se la identifica. La libertad de expresión dura lo que tarda en incomodar al poder que paga las moquetas.

LA PELOTA INSTITUCIONAL Y UNA MUJER CON FECHA DE DESAHUCIO

El caso de Maricarmen no aparece de la nada. El primer intento de desalojo fue frenado por una fuerte movilización vecinal y sindical. Después, la ministra se reunió con la afectada. El Inquilinato envió un dossier con una propuesta para resolver su situación habitacional. Según el Sindicato, cinco meses después seguían sin noticias del Gobierno ni de la ministra. Cinco meses para una administración pueden ser un calendario. Para una mujer de 88 años, con problemas de salud y sometida a incertidumbre, pueden ser una condena lenta.

La ONU también ha intervenido. Ha pedido al Estado español que suspenda el desahucio de Maricarmen hasta que exista una alternativa habitacional adecuada. El organismo dio de plazo hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas. No hablamos de un capricho sindical ni de una bronca partidista. Hablamos de derechos humanos básicos. De una obligación elemental. De no dejar en la calle a una anciana mientras las administraciones discuten competencias como quien reparte culpas en una mesa de despacho.

Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que han estado pendientes del caso desde el primer momento en que tuvieron constancia de la situación. Sostienen que su gestión permitió paralizar anteriores desahucios y que, cuando se conoció la fecha del primer lanzamiento, lograron a través de Justicia una prórroga de cuatro meses. Ese tiempo, dicen, debía servir para que la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento ofrecieran una alternativa habitacional. No llegó. Después, afirman, consiguieron un segundo aplazamiento.

También señalan que la comunicación de la ONU fue recibida el 2 de junio y remitida tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid. Según el Ministerio, se enviaron dos cartas a ambas administraciones para exigir que cumplieran con la Ley de Vivienda y ofrecieran una alternativa inmediata y digna. La Comunidad de Madrid, por su parte, habría comunicado que Maricarmen no consta como solicitante de vivienda pública, aunque sí figura una solicitud de plaza en una residencia pública fechada el 14 de enero de 2025.

Y ahí está el corazón podrido del asunto. Una administración dice que escribió. Otra dice que no consta. Otra mira el expediente. Otra espera. Otra pide plazo. Otra habla de competencias. Mientras tanto, una mujer de 88 años vive pendiente de una cerradura. El Estado social, tan solemne en los discursos, se vuelve microscópico cuando tiene delante a quien no puede pagar un abogado caro, una campaña de lobby o una mesa en un foro inmobiliario.

El Ministerio reprocha al Sindicato haber optado por una “acción mediática” en lugar de mantener una comunicación discreta. Pero la discreción es un lujo cuando se acerca un desahucio. La discreción queda muy bien en las notas institucionales. Sirve para no molestar. Sirve para que nadie vea la maquinaria. Sirve para que una historia de violencia administrativa se gestione como si fuera un malentendido entre departamentos. Si Maricarmen no tuviera al movimiento vecinal detrás, probablemente ya sería otra cifra sin rostro.

La vivienda en España no necesita más foros con empresarios para explicarse a sí misma. Necesita casas. Necesita parque público. Necesita frenar la especulación. Necesita que las y los responsables públicos entiendan que el derecho a la vivienda no puede depender de la buena voluntad de quien gobierna ni de la capacidad de resistencia de un barrio. Porque esa es otra trampa cruel: obligar a las personas vulnerables a convertirse en símbolo para que se les reconozca lo básico.

Maricarmen no debería estar suplicando una solución. No debería depender de comunicados, cartas, prórrogas ni cámaras. No debería tener que ver cómo su salud se deteriora mientras las instituciones calculan el coste político de moverse. Una sociedad que permite que una anciana de 88 años llegue al 24 de junio con miedo a perder su casa no tiene un problema administrativo: tiene un problema moral, económico y democrático.

El ladrillo manda, la política se excusa y Maricarmen espera; así se mide la vergüenza de un país.