Trump: despido público masivo por un lado, creación de la ‘Oficina para la Fe’ por el otro 

El presidente de Estados Unidos cede el control del Estado a un multimillonario sin legitimidad democrática, confiando ciegamente en su «buen juicio».

El futuro ya no es una distopía de ciencia ficción. Es la realidad más grotesca posible: Donald Trump, Elon Musk y la ultraderecha evangélica han consolidado su alianza para transformar Estados Unidos en un experimento autoritario, disfrazado de reformas administrativas y defensa de la fe.

La creación de la nueva Oficina para la Fe, liderada por la telepredicadora Paula White, no es una mera reorganización burocrática. Es un paso más en la cruzada cristianista del trumpismo, que busca instrumentalizar la religión para imponer una agenda ultraconservadora. Su pretexto: la supuesta discriminación contra el cristianismo en Estados Unidos. Un país donde más del 63% de la población se identifica como cristiana y donde las iglesias gozan de exenciones fiscales multimillonarias. La hipocresía de siempre.

El «grupo de trabajo contra el sesgo anticristiano» no pretende proteger a las iglesias de ataques violentos, sino blindarlas frente a las demandas de derechos civiles. En la práctica, esto significa que la Casa Blanca de Trump se compromete a defender el derecho de los grupos religiosos a discriminar a personas LGTBIQ+, mujeres y minorías en nombre de la libertad de culto. No es nuevo: la administración de su primer mandato ya intentó negar servicios médicos a personas trans basándose en la fe de los prestadores de salud. Ahora, con una Oficina para la Fe, la discriminación tendrá rango institucional.

Paula White no es solo una telepredicadora más. Es una figura clave en el evangelismo trumpista, defensora de la teología de la prosperidad, que vende la idea de que la riqueza es señal de bendición divina. En este modelo, los multimillonarios como Trump y Musk son poco menos que enviados de Dios. ¿Y los pobres? Pecadores que no han sabido ganarse su favor. Bajo esta lógica, es natural que la Casa Blanca de Trump no solo ponga en marcha su cruzada religiosa, sino que al mismo tiempo impulse despidos masivos en la Administración Pública. Porque la fe y el neoliberalismo radical siempre han sido aliados perfectos.

DESPIDOS MASIVOS: ELON MUSK, GESTOR DE LA DEMOLICIÓN DEL ESTADO

No es casualidad que Trump haya puesto a Elon Musk a diseñar el mayor plan de despidos del sector público en la historia de EE.UU. Si alguien sabe cómo despedir empleados a mansalva y justificarlo con supuesta eficiencia, es Musk. Lo hizo en Twitter (ahora X), donde destrozó la empresa eliminando más del 80% de la plantilla. Ahora, con el poder que le ha concedido Trump a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Musk podrá hacer lo mismo con el Estado.

El decreto aprobado este martes establece que cada agencia federal deberá despedir a cuatro empleados por cada nueva contratación. Es decir, se busca reducir la estructura del gobierno hasta su mínima expresión. ¿Quién se beneficia de esto? No los ciudadanos. No los contribuyentes. No los trabajadores despedidos. El único sector que saldrá ganando es el mismo de siempre: los multimillonarios y las grandes corporaciones, que ven en la reducción del Estado una oportunidad para privatizar más servicios y reducir su carga fiscal.

Musk justificó la medida con el argumento de que Estados Unidos se encuentra al borde de la bancarrota debido a un déficit de dos billones de dólares. Lo que no mencionó es que una de las principales razones de ese déficit son las reducciones fiscales que Trump impulsó en su primer mandato, que beneficiaron sobre todo a las grandes fortunas y empresas. Ahora, los mismos que contribuyeron a inflar la deuda pública piden recortes draconianos en la Administración, en nombre de la austeridad y la «eficiencia».

El plan de despidos masivos se centra en departamentos que Musk y Trump consideran «innecesarios», incluyendo programas de diversidad, equidad e inclusión. También afectará a agencias que supervisan el cumplimiento de normativas ambientales, laborales y de derechos civiles. Es decir, aquellas que limitan el abuso de poder de las grandes corporaciones. Con su eliminación, Musk y Trump buscan crear un escenario en el que el empresariado tenga las manos completamente libres para hacer y deshacer a su antojo.

A la vez, Trump insiste en que su Administración está luchando contra la corrupción. Pero hasta ahora, no ha presentado ninguna denuncia concreta. Musk, por su parte, ha lanzado acusaciones vagas sobre supuestos «pagos indebidos» en la administración pública, sin pruebas ni nombres. Lo más cercano que han encontrado a un escándalo es la mentira descarada de que el gobierno enviaba «50 millones de dólares en condones a Hamás», un bulo repetido hasta la saciedad por la maquinaria propagandística trumpista.

Mientras tanto, Musk sigue acumulando poder sin someterse a ningún tipo de control democrático. Su Departamento de Eficiencia Gubernamental funciona sin transparencia, y a pesar de sus promesas de rendición de cuentas, su patrimonio y conflictos de interés seguirán siendo opacos. Pero eso no parece preocupar a Trump, quien lo defiende asegurando que «si creyera que hay algún problema, no le dejaría hacer lo que está haciendo». Es decir, el presidente de Estados Unidos cede el control del Estado a un multimillonario sin legitimidad democrática, confiando ciegamente en su «buen juicio».

Así funciona el nuevo modelo de gobierno: la religión como tapadera ideológica, los despidos masivos como estrategia económica y los multimillonarios como gestores de lo público. No es una distopía. Es el presente.