Rufián zanja la polémica y comentarios levantados a partir de hacerse público el patrimonio de los miembros del Gobierno.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la declaración obligatoria de bienes de todos los altos cargos del Ejecutivo. Las cifras resultan de la suma de las diversas categorías especificadas en el documento: bienes inmuebles, depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de entidades jurídicas negociadas, deuda pública, obligaciones, bonos, participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas, seguros de vida y planes de pensiones, así como otros bienes y derechos de contenido económico.
Como ya ocurrió en 2018, la información que se ha hecho pública no contiene detalles sobre el número o el tipo de bienes inmuebles que se declaran, ni se refleja el nombre de las empresas de las que se declaran acciones o qué corresponden sus deudas. Se trata únicamente de una suma del dinero que poseen y el detalle del que deben.
Al hacerse público el patrimonio de Pablo Iglesias e Irene Montero volvieron a saltar los resortes de quienes relacionan ser de izquierda con la pobreza y que parece que se lamentan de que el próximo candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad y la ministra de Igualdad no vivan debajo de un puente.
La opacidad de Vox
Choca la transparencia del Gobierno con la opacidad de Vox. Los 52 diputados de la formación de extrema derecha en el Congreso rechazaron el mes pasado detallar las actividades realizadas y los regalos recibidos durante los cinco años anteriores a asumir el cargo. En su lugar, todos los miembros han rellenado sus declaraciones de intereses con la misma fórmula, declarando que su actividad está siempre al servicio del “interés superior de España” y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.
No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal desprecia el Código Ético de las Cortes Generales. El pasado 14 de octubre, Vox lo tildó de “código de sospecha”, ya que supone, en su afán de transparencia, “una presunción indecorosa y casi ofensiva para la institución y sus miembros”.
Rufián y la polémica
A esta polémica ha querido aportar su visión Gabriel Rufián, diputado y portavoz de ERC en el Congreso, quien se ha mojado en el tema con dos frases que dejan clara su opinión y destapa el cuñadismo de las redes sociales, cuya visión distorsionada insiste en no ver la viga en el ojo propio. La España de Los Santos Inocentes, como a la define la periodista Rosa María Artal.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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