Los WhatsApps del grupo del Consell durante el día de la DANA no son solo una filtración incómoda. Son una radiografía. Una de esas imágenes que muestran el hueso roto, la fractura política, la miseria de una administración que debía proteger vidas y acabó más pendiente del encuadre que del desastre. El 11 de junio, cuando esos mensajes salieron a la luz, las víctimas volvieron a sufrir otro golpe. Otro más. Porque lo que aparece ahí no es un gobierno desbordado por una tragedia imprevisible, sino un gobierno obsesionado con parecer gobierno.

El Tribunal Supremo ha decidido ponerse firme. La Sala Penal ha informado en contra del indulto solicitado para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ha defendido que la condena debe ejecutarse. Sin rodeos. Sin concesiones. Sin esa elasticidad que tantas veces aparece en la justicia española cuando el poder afectado tiene otros apellidos, otros despachos o mejores amistades.

La decisión se conoció el 11 de junio, a las 14:13, y llega de la mano del mismo tribunal que condenó a García Ortiz por revelación de datos reservados. La Sala ha remitido un informe desfavorable, aprobado por mayoría, al considerar que la petición no ofrece motivos suficientes para activar una medida de gracia. El indulto, recuerda el Supremo, no es un comodín político ni una goma de borrar institucional. O eso dice ahora.

El juez Antonio Viejo ha autorizado por fin a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por fin. Porque la petición no llegó ayer ni apareció por arte de magia en mitad del ruido mediático. Llevaba seis meses esperando firma, parada en un juzgado, después de que Viejo sustituyera a la magistrada anterior, ya jubilada. Medio año para permitir a la UCO hacer lo que cualquier investigación seria exige desde el primer minuto: seguir el dinero.

No hablamos de una empresita cualquiera ni de un jefe cualquiera. Hablamos del CEO de la principal productora de Canal Sur, investigado por agresión sexual y acoso, al frente de una empresa participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y alimentada por la televisión pública. El poder siempre dice que no sabía nada cuando el escándalo ya no cabe debajo de la alfombra. Y aquí hay demasiadas alfombras, demasiados despachos y demasiadas instituciones mirando hacia otro lado.

Cuando una auditoría de mascarillas acaba convertida en objetivo de una trama para salvar a los de siempre, el mensaje es brutal: en este país la verdad puede salir carísima, sobre todo si molesta a alguien con agenda, contactos y miedo. No se trataba solo de defenderse. Se trataba de embarrar, señalar a funcionarias y convertir un informe incómodo en una conspiración útil. La cloaca, esta vez, no venía de fuera. Estaba demasiado cerca de casa.