SPANISH REVOLUTION

La clave de lo que está pasando en PRISA la tiene Joseph Oughourlian, su presidente. Bajo su etapa, el grupo atraviesa una reorganización que no puede leerse solo como una sucesión de cambios de presentadores y presentadoras. Eso sería quedarse en la superficie, que es justo donde el poder quiere que nos quedemos. Lo importante está detrás de las peceras. En los equilibrios internos. En quién sube, quién sale, quién pierde espacio, quién gana centralidad y qué tipo de periodismo se considera compatible con el nuevo orden empresarial.

Porque los medios no giran editorialmente de golpe, con una sirena y un comunicado. Giran así. Moviendo piezas. Recolocando voces. Cambiando direcciones. Ajustando equipos. Premiado la docilidad estructural, aunque se disfrace de continuidad. No hace falta censurar cuando puedes reorganizar. No hace falta prohibir cuando puedes seleccionar quién ocupa los lugares estratégicos.

El Sabadell tenía una celebración limpia entre manos. Una de esas tardes que pertenecen a una ciudad, a una afición, a quienes han estado ahí cuando no había focos, ni cámaras, ni titulares fáciles. El pasado viernes, el equipo catalán logró el ascenso a Segunda División tras derrotar al Zamora en el play-off con un contundente 4-0. Fútbol, barrio, orgullo local. Todo bastante sencillo de entender.

Pero siempre aparece alguien dispuesto a convertir una fiesta colectiva en una demostración de miseria política. Esta vez fue el portero Diego Fuoli, natural de Zaragoza, quien cogió el micrófono durante la celebración en el Ayuntamiento de Sabadell y decidió que aquel momento necesitaba un “triple” de taberna reaccionaria. No para hablar del equipo. No para agradecer a la afición. No para recordar el esfuerzo de sus compañeros. Para lanzar una consigna.

“Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez…”, dijo. Y varios hinchas completaron obedientemente el insulto: “hijo de puta”. Así de fino. Así de trabajado. Así de heroico.

La defensa de Begoña Gómez, registró en la noche del sábado 20 de junio una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado. El motivo no es menor. Según el escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, la defensa se habría enterado por los medios de comunicación de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares contra Gómez antes de recibir notificación formal por los cauces procesales establecidos.

El caso contra Begoña Gómez ha llegado a ese punto en el que la pregunta ya no es solo qué se investiga, sino cómo se ha permitido llegar hasta aquí. Más de dos años de instrucción, una causa abierta por una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, una investigación que nació apoyada en recortes de prensa, sospechas sin acreditar y hasta un bulo sobre una supuesta subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. Y, pese a todo, el procedimiento sigue avanzando como si la política española necesitara otro espectáculo judicial para alimentar tertulias, portadas y campañas de desgaste.

Ahora el futuro judicial de Begoña Gómez, de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés queda en manos de tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. No es un detalle menor. Son los mismos jueces que, durante esta instrucción, han resuelto 20 recursos y han anulado una decena de resoluciones del juez Juan Carlos Peinado. Una decena. No una corrección técnica, no un matiz procesal. Una cadena de rectificaciones que dibuja algo bastante más preocupante: una instrucción empujada más allá de sus propios fundamentos.