Que todo arda, que nadie pague: Doñana sigue esperando justicia nueve años después 

Más de 8.000 hectáreas calcinadas, 2.500 personas desalojadas, un daño ecológico brutal y una causa judicial atascada en un juzgado pequeño: así funciona la impunidad cuando el desastre no lo provocan los pobres.

DOÑANA ARDIÓ EN 2017, LA JUSTICIA SIGUE EN 2026

El 24 de junio de 2017, Doñana sufrió el incendio más grave en décadas. Ardieron más de 8.000 hectáreas en el entorno de Las Peñuelas, en Moguer. Nueve años después, el paisaje ya no humea, pero el expediente judicial sí. Huele a abandono, a burocracia, a esa forma tan española de dejar que el tiempo lo pudra todo hasta que la indignación se canse antes que los tribunales.

Según publicó elDiario.es el 21 de junio, el proceso sigue sin avances reales desde mayo de 2024, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer dictó un auto para continuar como procedimiento abreviado las diligencias contra tres personas investigadas. Tres investigados. Un incendio monstruoso. Una zona devastada. Y una causa que, a fecha de junio de 2026, ni siquiera ha dado traslado a las partes personadas —las dos acusaciones particulares y la Fiscalía— de la copia de las actuaciones para que puedan calificar el delito y presentar sus escritos de acusación.

Esto no es lentitud. Es una trituradora institucional. Una máquina de desactivar responsabilidades. Primero arde el monte. Luego arde la paciencia de las y los afectados. Después arde la confianza en la justicia. Lo único que no arde nunca es la impunidad.

Las fuentes judiciales citadas hablan de una “gran causa” que bloquea un juzgado “pequeño” como el de Moguer, y apuntan que quizá la instrucción debería haberse llevado desde la Audiencia Provincial de Huelva. Traducido: un desastre ambiental de dimensiones históricas acaba atrapado en una estructura incapaz de absorberlo. Como si Doñana fuera un expediente menor. Como si 8.468 hectáreas fueran una carpeta mal colocada en una estantería.

El presidente de la Plataforma de Afectados por el Incendio de Las Peñuelas, Ángel Ruiz, lo resume con palabras que pesan: están “cansados” y “tristes”. No han recibido “ni ayudas ni justicia”. Nueve años después, siguen esperando. Y ni siquiera se declaró la zona catastrófica, pese a que ardieron miles de hectáreas del entorno de Doñana y resultaron afectados vecinos y vecinas de Mazagón, además del camping Doñana.

La justicia lenta no es neutral. La justicia lenta castiga más a quien ya perdió. Castiga a las personas afectadas, a las y los vecinos, a quienes tuvieron que salir corriendo, a quienes vieron su vivienda, su caravana, su negocio o su entorno convertidos en ceniza. Y también castiga a lo que no puede declarar ante un juez: los pinos, las aves, los mamíferos, los suelos, las dunas, los humedales, la memoria viva de un espacio natural protegido.

UNA CARBONERA, HORNOS SIN AUTORIZAR Y UN PAÍS QUE MIRA TARDE

El auto del 30 de mayo de 2024 apuntaba a tres investigados vinculados a una empresa carbonera como presuntos responsables de un delito de incendio forestal por “imprudencia grave”. El juez señalaba que las diligencias practicadas ofrecían indicios de la comisión de ese delito. No hablamos de un rayo, ni de una fatalidad abstracta, ni de esa palabra cómoda que tanto gusta cuando nadie quiere mirar hacia arriba: “accidente”.

La carbonera de Las Peñuelas tenía autorización desde el 18 de junio de 2002 para funcionar “exclusivamente” con tres hornos destinados a la obtención de carbón vegetal. Pero, según el auto, contaba con diez hornos. Y el 20 de febrero de 2017 solicitó construir dos hornos más en otra zona. El Ayuntamiento pidió autorización de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Esa autorización, según el juez, nunca se presentó. No se autorizó la construcción. Pero se construyeron.

Ahí está el país entero en miniatura. La norma existe. El papel existe. La advertencia existe. Luego llega la realidad y alguien hace lo que quiere. Después, cuando todo sale mal, aparecen las excusas, los retrasos, las competencias cruzadas, los juzgados pequeños, los expedientes inmensos y las víctimas mirando una puerta cerrada.

La empresa tenía una resolución del 16 de enero de 2017 que autorizaba el uso de fuego en hornos de carbón o piconeras hasta el 31 de diciembre de 2017, pero con obligaciones claras: cortafuegos perimetral alrededor de cada horno, eliminación completa de vegetación, vigilancia durante la combustión y actividad solo cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran. El juez fue claro: esas obligaciones “no se cumplían” el día del incendio.

Ese 24 de junio, sobre las 17.30 horas, un trabajador encendió al menos el horno número 12, siguiendo órdenes e instrucciones de los otros dos investigados, según el auto. Después tuvo el horno abierto unos minutos. A las 20.00 horas, abandonó las instalaciones. Sin personal. Sin vigilancia. Y todo ello con temperaturas superiores a 39 grados, vientos fuertes y escasa humedad relativa. La carbonera siguió funcionando. Claro que siguió. En el capitalismo español, parar por prudencia suele parecer más grave que arriesgar el territorio entero.

El fuego se habría iniciado sobre las 20.20 horas por partículas incandescentes de carbón vegetal arrastradas por el viento hasta la vegetación del talud perimetral. Luego avanzó rápido. Muy rápido. El incendio pasó de menos a más, adquirió gran virulencia y generó múltiples focos secundarios en cuestión de minutos. Obligó a desalojar un camping de Mazagón, un hotel y una urbanización. También se liberaron linces de un centro de recuperación. Uno murió.

La cifra final es una bofetada: 8.468 hectáreas afectadas en Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. De ellas, 7.546,1148 hectáreas forestales y unas 957,1844 no forestales, parte del Espacio Natural Protegido. Hubo daños en viviendas, vehículos, caravanas e instalaciones turísticas. Fueron desalojadas unas 2.500 personas. El incendio afectó a 40 especies de plantas, 75 de aves y 38 de mamíferos. El juez habló de un “grave daño ecológico que tardará años en recuperarse”. El fuego no quedó extinguido hasta las 13.30 horas del 4 de julio de 2017, tras movilizar a 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y la Unidad Militar de Emergencia.

Y aquí seguimos. Con el monte quemado, las y los afectados esperando, la causa penal atascada y una posible demanda de responsabilidad civil contra el Gobierno y la Junta de Andalucía pendiente también de ese retraso. Porque la plataforma sostiene que las inspecciones a la carbonera no se hicieron bien y que la falta de limpieza en la zona favoreció la expansión del fuego.

Que todo arda, que nadie pague. Ese parece el lema no escrito de una época que protege mejor los expedientes que los ecosistemas.