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El magistrado Bosch expone que esta práctica tiene consecuencias legales y éticas graves
El magistrado Joaquim Bosch ha compartido en Twitter una serie de reflexiones acerca de los problemas legales que pueden surgir en torno a la compra de bebés. En sus tuits, el magistrado señala que estas prácticas pueden conllevar la elusión de la legislación española en materia de adopciones, lo que a su vez puede vulnerar el interés superior de los menores.
Una de las principales cuestiones que Bosch destaca es la diferencia de edad entre adoptante y adoptando. Según el Código Civil, la edad máxima de diferencia entre ambas partes no puede superar los 45 años. No obstante, en algunos casos de gestación por subrogación, se puede saltar esta norma, lo que podría poner en riesgo la protección de los menores y la idoneidad de los adoptantes.
Asimismo, el magistrado hace hincapié en que, en algunos casos, estas prácticas pueden llevar a la compra de menores, lo que está penado en España. No obstante, si la compra se realiza en otros países donde estas prácticas no están perseguidas, esta conducta se vuelve impune. De esta forma, la capacidad económica de los individuos puede afectar a la legalidad de estas prácticas.
Bosch concluye sus reflexiones subrayando que, aunque los deseos de las personas sobre su maternidad o paternidad pueden ser respetables, estos no pueden tener un carácter absoluto o ilimitado. La libertad individual debe tener límites en el momento en que empiezan los derechos de otras personas y su dignidad humana.
La compra de bebés es una práctica que, aunque no es nueva, ha ganado cierta visibilidad en los últimos años debido a la facilidad que ofrecen las nuevas tecnologías para su realización. Sin embargo, como ha señalado el magistrado Bosch, esta práctica puede tener consecuencias legales y éticas graves.
Además, estas prácticas no solo vulneran la legislación española en materia de adopciones, sino que también pueden tener un impacto negativo en los países de origen de los menores, donde a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y pobreza. La compra de bebés puede fomentar la explotación y el tráfico de menores, lo que va en contra de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
En conclusión, la compra de bebés es una práctica que debe ser erradicada, tanto por su ilegalidad como por su falta de ética y respeto hacia los derechos humanos. Como sociedad, debemos velar por la protección de los menores y su interés superior, y no permitir que estos sean objeto de transacciones comerciales.
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