Repetimos: hay que echar a Von der Leyen 

La presidenta de la Comisión Europea quiere dinamitar la unanimidad para blindar el poder económico de unos pocos

La Ursula von der Leyen ya no disimula. La carta hecha pública el 9 de febrero, a tres días de una cumbre europea sobre competitividad, no es un documento técnico ni una reflexión institucional. Es una declaración de intenciones política. Y también un aviso. Si los 27 Estados miembros no avanzan al ritmo que exige el capital, se les pasará por encima. Si el consenso molesta, se elimina. Si la democracia estorba, se redefine.

Von der Leyen propone abandonar la unanimidad y avanzar hacia una Europa de dos velocidades utilizando la cooperación reforzada prevista en los Tratados. Nueve países bastarían para imponer decisiones económicas al conjunto de la Unión. No es una reforma menor del funcionamiento europeo, es un cambio de paradigma. La Comisión deja de ser árbitra para convertirse en ariete.

El argumento es siempre el mismo. Competitividad. Capacidad de actuación. Rapidez frente a un mundo hostil. Se cita a Estados Unidos, a China, a la presión geopolítica, al retorno de Donald Trump. Pero nunca se concreta a quién beneficia esa competitividad ni quién paga su coste. La respuesta está en las cifras, no en los discursos.

La propia Comisión reconoce que solo se ha aplicado el 11% de las propuestas del informe de Mario Draghi, el gran oráculo del nuevo rumbo europeo. No por falta de recursos, sino por falta de voluntad política. Ahora la solución no es debatirlas, corregirlas o someterlas a control democrático. Es saltarse a quienes discrepan.

UNA EUROPA A MEDIDA DE LOS GRANDES

La propuesta llega después de una reunión clave celebrada a finales de enero de 2026 entre Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia. Seis países. Las mayores economías de la UE. Allí se habló de reforzar la competitividad, la autonomía estratégica y la integración de mercados. Ya no es un proyecto europeo, es un club de grandes.

Von der Leyen recoge ese guante y lo convierte en doctrina. Integración acelerada del mercado único. Unión de Ahorros e Inversiones. Mercado financiero común. Mercado energético integrado. Régimen 28 para que las empresas puedan operar bajo un único marco legal y registrarse en 48 horas. Menos soberanía nacional, menos control público y más facilidad para el capital transnacional.

Los países pequeños lo saben. Por eso nueve Estados (Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal y Suecia) firmaron en diciembre de 2025 un documento alertando contra la llamada “preferencia europea”. Temen, con razón, que esta política beneficie a las grandes corporaciones de las cuatro economías dominantes, mientras las pequeñas y medianas empresas quedan atrapadas entre normas más duras y costes más altos.

La Europa de dos velocidades no es un problema técnico, es una jerarquía política. Un núcleo duro decide. La periferia acata. Y quien no pueda competir con gigantes industriales alemanes o franceses, desaparece.

El derecho de veto se señala como el gran obstáculo. Se menciona a Hungría y su bloqueo a medidas de apoyo a Ucrania. Pero se omite que Alemania y Francia han utilizado ese mismo veto cuando les ha convenido, desde política fiscal hasta energía. El veto no molesta cuando lo ejerce quien manda.

COMPETITIVIDAD CONTRA DERECHOS

La agenda económica que acompaña esta deriva es igual de reveladora. El próximo presupuesto plurianual 2028-2034, cifrado en casi 2 billones de euros, incluye un Fondo Europeo de Competitividad de 451.000 millones y 175.000 millones para Horizon Europe. Cantidades gigantescas. Pero sin garantías claras de retorno social, sin condicionalidad laboral, sin control democrático efectivo.

A esto se suma el plan InvestAI, con 200.000 millones en inversión público-privada para inteligencia artificial, y la promesa de un paquete legislativo sobre semiconductores, nube e IA. La UE compite bajando estándares mientras habla de valores.

La propuesta más peligrosa es otra. La reducción de la burocracia y la “simplificación” legislativa, que según la Comisión ahorraría 15.000 millones de euros anuales. Sindicatos, organizaciones ecologistas y colectivos sociales advierten de lo evidente. Simplificar es desregular. Menos controles ambientales. Menos derechos laborales. Menos capacidad de sanción. Más margen para contaminar, precarizar y deslocalizar.

Se habla de competitividad mientras se normaliza un modelo económico que externaliza costes sociales, debilita a las trabajadoras y trabajadores y refuerza a las grandes tecnológicas. Se habla de rapidez mientras se vacían los mecanismos de deliberación democrática. Se habla de Europa mientras se construye una Unión cada vez más ajena a su propia ciudadanía.

Von der Leyen no está reformando Europa. Está alineándola sin disimulo con los intereses del gran capital y de los Estados más fuertes. La Europa social, la Europa de los derechos, la Europa de la cohesión territorial queda relegada a un pie de página.

No es una cuestión de velocidades, es una cuestión de poder. Y por eso, cada vez con menos rodeos, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser política.
Hay que echar a Von der Leyen antes de que termine de desmontar lo que queda de democracia europea.