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El magistrado que investiga la gestión de Podemos ya ha cerrado varias ramas del caso
El magistrado que investiga la gestión de Podemos ha archivado, por segunda vez, la parte referida al presunto cobro de sobresueldos por algunos miembros, al no considerar probado que la exgerente Rocío Esther Val cometiera un delito de administración desleal, como ya decretó en marzo aunque luego reabrió la causa a instancias de Vox.
El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha tenido en consideración la declaración como testigo del anterior gerente del partido, Pablo Manuel Fernández, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera.
Llega a esta conclusión tras escuchar -el pasado 21 de mayo- al exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón y «ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado».
El juez llega a la misma conclusión en relación con la decisión de aplicar el complemento de responsabilidad personal a la letrada Marta Flor Núñez, que «en todo caso fue refrentada por el Consejo de Coordinación».
Calvente
Fernández Alarcón había sido llamado como testigo del abogado José Manuel Calvente, impulsor de la denuncia que abrió esta investigación y la del contrato de Podemos con la consultora Neurona, pero el exgerente le desmintió en todas las acusaciones.
Los complementos que señala la denuncia son de 210 euros y de 400 euros al mes para la gerente y el tesorero, respectivamente. En la denuncia consta que esos complementos no figuraban en las tablas salariales del partido morado, pero el juez argumenta que los órganos de Podemos aprobaron dichas cantidades. El pasado 16 de abril el juez reabrió las pesquisas en torno al presunto cobro de sobresueldos por algunos miembros del partido al estimar un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular en el caso y consideró insuficiente la documentación aportada hasta entonces.
Juan José Escalonilla también ha examinado los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos, que autorizaban dichos complementos salariales para Val y el tesorero, Daniel de Frutos.
«Ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa», indica Escalonilla en su auto de archivo.
Segunda vez
Es la segunda vez que el juez archiva esta investigación. En un auto del 11 de marzo indicó que la gerente del partido tenía facultades para incluir complementos en las nóminas de los trabajadores y que los órganos del partido aprobaron esas cantidades, por lo que descartaba cualquier delito. Sin embargo, Escalonilla reabrió la causa por la insistencia de Vox y ahora la vuelve a cerrar.
El magistrado se centra en el contrato que firmó el partido con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019 y ha cerrado varias ramas del caso, como la referida a la consultora ADB o a las obras en la nueva sede del partido, mientras que archivó pero volvió a abrir recientemente la parte referida a la Caja de Solidaridad.
El magistrado abrió y envió a otros juzgados tres piezas separadas de la causa principal de las que se han archivado dos: las referidas al cobro de unas costas judiciales por parte del exlider de Podemos Pablo Iglesias y al Instituto 25M. Permanece abierta la referida a la presunta contratación de una persona del equipo de la ministra Irene Montero para cuidar a sus hijos, supuestamente con fondos públicos.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
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El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.