En los pasillos del poder en Bruselas, donde las estrategias se forjan a la sombra de los titulares, Junts y el PSOE están poniendo los puntos sobre las íes de lo que pretenden sea una ley de amnistía inmune a las garras de la judicatura. La escena está preparada para que, sin más sobresaltos, este jueves se capture la imagen de un acuerdo que ha estado más esquivo que una promesa electoral. Sin embargo, este acto de equilibrio político no ha sido una sinfonía tranquila, sino más bien una cacofonía de nerviosismo y desconfianza, alimentada por el temor a que los jueces y juezas, con sus togas y posicionamientos políticos, puedan desmontar lo que los políticos con traje y corbata han construido.
Se espera que Jordi Turull y Santos Cerdán, ambos lugartenientes de confianza de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, protagonicen una fotografía que será más analizada que la obra de Da Vinci en el Louvre. Los negociadores, tras días de un suspense que bien podría calificarse de tortura psicológica, han llegado al punto de respirar con alivio, aunque no sin antes mirar sobre sus hombros, conscientes de que hasta el último segundo, todo puede irse al traste.
LA JUDICATURA: EL ELEFANTE EN LA SALA DE JUNTAS
No obstante, hay un sonido que ha resonado con más fuerza que las protestas ultras en las calles de Madrid: la contestación de la judicatura. La oposición no ha venido sólo de manifestantes, sino de las y los jueces, con declaraciones institucionales y autos judiciales que han hecho temblar los cimientos del acuerdo como si de un terremoto se tratara. Manuel García-Castellón, como un jugador sorpresa en este ajedrez político, ha movido su pieza acusando a Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, un acto de malabarismo donde cada coma puede ser un abismo.
El auto de García-Castellón ha encendido las alarmas, llevando a Junts a peinar cada artículo de una ley que ya estaba prácticamente cerrada, con la obsesión de cerrar cualquier resquicio que permita a las y los jueces dejarla en papel mojado. La experiencia previa con la reforma que despenalizó el delito de sedición ha sido una lección amarga, demostrando que las decisiones de las altas cortes pueden hacer añicos las legislaciones con un simple golpe de gavel.
LA LEY, UNA FORTALEZA JURÍDICA ANTE EL ESCENARIO LEGISLATIVO Y JUDICIAL
La ley debe ser «intocable» y tiene que estar «hecha a la perfección jurídicamente», comentan fuentes conocedoras del proceso, destacando que no debe existir ni la más mínima fisura que deje a la ley vulnerable ante los embates que se preveen tanto en el parlamento como en los tribunales. Se anticipa un via crucis judicial, donde la ley será diseccionada por las mentes más brillantes y críticas del ámbito legal.
En el PSOE, la preocupación por los retrasos ha sido palpable, pero desde las esferas más altas se transmite un mensaje de confianza: «Va a haber Gobierno y vamos a seguir cuatro años más», proclama Sánchez, intentando insuflar calma a los corazones inquietos. Se percibe que las protestas violentas, lejos de intimidar, están reforzando la determinación del electorado progresista, recordándoles por qué optaron por la izquierda en las urnas, para evitar que figuras como Santiago Abascal lleguen a tener una influencia decisiva en el gobierno. Este escenario de tensión podría actuar como catalizador para unir a una izquierda que se ha visto desconcertada por la demora en la formación de gobierno.
LA PRISA Y EL PULSO DEL PODER
Mientras tanto, Junts parece jugar al ajedrez con el tiempo. Cada día que transcurre no solo añade un capítulo más al serial político protagonizado por Carles Puigdemont, sino que también sirve para marcar distancias con acuerdos previos, como el establecido entre el PSOE y Esquerra, que promueve la transferencia de competencias ferroviarias y una significativa condonación de la deuda catalana. No hay prisa, parecen sugerir desde Junts, conscientes de que cada momento de espera refuerza su posición y, quizás, añade peso a su lista de demandas.
Las y los juristas de ambos lados han tomado el relevo de los políticos, encerrados en una danza de documentos que fluyen constantemente, perfilando una ley que se enfrentará a un escrutinio feroz una vez que abandone la seguridad de las salas de reuniones en Bruselas.
Puigdemont, en su rol de eurodiputado, ha mantenido una normalidad aparente, retomando sus actividades mientras orquesta en las sombras la estrategia de Junts. El hermetismo ha sido la orden del día, con un silencio que se ha convertido en un mandato rígido para las negociaciones. Se ha evitado hacer declaraciones a la prensa, incluso ante la presencia de personalidades como Cate Blanchett, que, en su papel de embajadora de ACNUR, ha acaparado la atención mediática en el Parlamento Europeo. En este juego de espejos y sombras, no es el bando independentista el que parece tener más prisa por cerrar el acuerdo, sino que se intuye una estrategia más reflexiva y calculadora.
UN ACUERDO EN LA ENCRUCIJADA DE LA HISTORIA
Este acuerdo se encuentra en la encrucijada de la historia, no sólo de España sino de Cataluña y, por extensión, de la Unión Europea. El telón se alza sobre un acto que podría cambiar el curso del teatro político español, donde cada jugador sabe que el próximo movimiento podría ser tanto un jaque mate como un simple cambio de piezas. La expectativa es alta, la atmósfera cargada de electricidad, y el resultado de esta partida tendrá repercusiones que resonarán mucho más allá de las paredes del hemiciclo europeo.
«Va a haber Gobierno y vamos a seguir cuatro años más», asegura Sánchez, una afirmación que resuena con la contundencia de un compromiso solemne, mientras el PSOE y Junts bailan un tango de acuerdos y cláusulas. La ley de amnistía, ese trofeo esquivo, sigue en el centro del tablero, con las y los jugadores alrededor, conscientes de que cada movimiento es un paso más en la historia de un país que busca su camino entre la diversidad y la unidad, entre el reconocimiento y la reconciliación.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
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