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Isa Serra ha respondido en una entrevista a lo referente a su caso y entuerto judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) comunicaba esta semana que se suspendía la ejecución de un año y siete meses de prisión a la que fue condenada Isa Serra, coportavoz de Unidas Podemos y asesora del Ministerio de Igualdad.
La condena se debía a su participación en una protesta llevada a cabo en 2014 ante el desahucio de una persona con discapacidad en el barrio de Lavapiés.
Tras la decisión del TSJM Isa Serra ha sido entrevistada por el medio digital CTXT, donde se ha mostrado contrariada, ya que considera que “el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha retrasado la suspensión y ejecución de la condena, con el efecto de ampliar el tiempo de inhabilitación”.
Por ello ha arremetido de forma contundente, porque “el problema, más allá de mi caso, es que algunos jueces prevarican con impunidad”.
“Sabemos que el poder judicial de este país ha tenido enormes resistencias a la transición democrática, pero creo que en los últimos años la impunidad cada vez es mayor y la desvergüenza de actuar para intervenir en política, practicando el lawfare junto a los medios de comunicación, ha ido en aumento. La democracia está amenazada”, ha sentenciado.
Ha denunciado también esta incursión judicial en los términos que se conocen como ‘Lawfare’, Serra cree que “en los últimos tiempos, los jueces toman decisiones pensando en el efecto mediático. Los medios están preparados para recibir autos judiciales si con ellos pueden rellenar horas y horas de tertulias infames llenas de mentiras contra determinados políticos y en concreto, creo que es evidente, contra Podemos”.
Para solucionar el tema también se ha pronunciado rotunda y considera que “hay que cambiar el acceso a la judicatura. Hay asociaciones de derecha o extrema derecha que ayudan a determinados jueces a llegar a posiciones elevadas dentro de la justicia. También hay un elemento de clase, que favorece que solo algunos puedan llegar a esas posiciones”.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
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Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
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