El gran paripé de Moreno: moderación de escaparate para acabar llamando a la puerta de Vox
Juanma Moreno llegó al Parlamento andaluz con el disfraz planchado. Moderación, diálogo, cercanía, responsabilidad. Todo el repertorio. Pero el problema de los disfraces políticos es que duran poco cuando hay números encima de la mesa. Y los números son tercos: el PP tiene 55 escaños y Vox tiene 15. Después de las elecciones del 17M, Moreno perdió la mayoría absoluta y descubrió, otra vez, que su famosa “vía andaluza” no era una autopista de centralidad, sino un camino estrecho que termina en la puerta de Santiago Abascal.
El gran paripé consiste en esto. Moreno intentó marcar distancias con Vox sin romper con Vox. Quiso no pronunciar la fórmula mágica de la ultraderecha, esa “prioridad nacional” que pretende convertir los servicios públicos en una ventanilla de exclusión. No la dijo. Usó la palabra “prioridad” seis veces, pero nunca la pegó a “nacional”. Tampoco ligó inmigración e inseguridad, como sí esperaba la extrema derecha. Y, claro, Vox le dio el portazo antes incluso de que terminara el espectáculo: anunció su “no” 40 minutos antes del final del discurso.
El PP agita el fantasma del pucherazo contra los nietos del exilio
Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes 29 de junio “ingeniería electoral” a la llamada ley de nietos. Conviene traducirlo: el Partido Popular ha decidido presentar como maniobra oscura una vía de nacionalización incluida en la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas durante el franquismo y otros periodos históricos. No hay pruebas de pucherazo. No hay una trama acreditada. No hay una manipulación demostrada. Hay, otra vez, una derecha fabricando sospecha sobre el voto cuando teme que las urnas no le pertenezcan.
La acusación no nace sola. Vox abrió el camino y el PP se colocó al lado sin demasiados remilgos. Feijóo lanzó la idea en el programa de Federico Jiménez Losantos: Pedro Sánchez estaría buscando “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. Viejo truco. Si votan los míos, democracia. Si pueden votar otros, ingeniería. El sufragio deja de ser un derecho y pasa a ser una amenaza cuando no se puede controlar políticamente.
La pareja de Ayuso declara por el señalamiento de periodistas de MAR
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, vuelve este 30 de junio al juzgado. No para una escena menor, ni para un trámite decorativo. El empresario está citado como testigo para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que acudieron a las inmediaciones del domicilio que comparte con la presidenta madrileña. Periodistas. No delincuentes. No acosadores. Periodistas investigando un caso de fraude fiscal y la compra de un piso vinculado al empresario.
La pregunta judicial es sencilla y políticamente devastadora: si González Amador pasó esas imágenes a Rodríguez y si después el jefe de gabinete de Ayuso las difundió entre medios junto con el bulo de que los reporteros habían acosado a vecinos de la presidenta, incluso a menores. Así funciona la cloaca elegante del poder: primero se señala, luego se intoxica, después se habla de libertad.
Pedraz estrecha el cerco del caso Leire Díez y coloca a la SEPI ante un escándalo de Estado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.
El último chanchullo de Trump: comprar Axon antes de que ICE prepare 220 millones en táseres
Ha vuelto a pasar. Y lo grave no es solo que vuelva a pasar, sino que ya casi nadie se sorprenda. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compró el 10 de febrero acciones de Axon Enterprise, el mayor fabricante de pistolas táser y cámaras corporales del país, por un valor situado entre 1 millón y 5 millones de dólares. Catorce días después, el 24 de febrero, el ICE, la policía migratoria de su propio Gobierno, publicó una licitación para adquirir unas 17.800 armas táser nuevas, con cartuchos ilimitados y formación incluida, dentro de un contrato de hasta 220 millones de dólares a cinco años.
No hace falta ser una o un genio de Wall Street para entender el problema. El presidente invierte en una empresa. Dos semanas después, una agencia bajo su Administración mueve una compra pública gigantesca que, según personas expertas en contratación y policía, parece encajar con los productos de esa misma empresa. El contrato todavía no está adjudicado. No hay prueba pública de que Trump participara directamente en la licitación ni de que Axon supiera que él había comprado acciones. Bien. Dicho queda. Pero la política no se mide solo por sentencias firmes. También se mide por la suciedad que deja a la vista.
Y esto huele.
El esperpento de Kitchen: la guerra sucia del PP llega al final
El juicio del caso Kitchen encara su tramo final con una imagen difícil de digerir: la Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su petición de 15 años de cárcel para varios de los principales acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, mientras buena parte del ruido político y mediático mira hacia otro lado. Qué casualidad. La última gran operación de guerra sucia conocida en España, ocurrida hace 13 años, avanza hacia sentencia casi como si fuera una molestia administrativa. Como si utilizar presuntamente recursos del Estado para espiar a Luis Bárcenas y recuperar material sobre la caja B del PP fuera un detalle feo. Un exceso. Una cosa antigua.
No lo es. Es una grieta en el régimen.
La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes del juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que termine el 30 de julio. La coincidencia temporal ha servido, de hecho, como cortina de humo perfecta. Mientras el presente judicial del Gobierno ocupa horas, tertulias y titulares, el pasado reciente del PP —ese pasado con ministros, policías, fondos reservados y operaciones clandestinas— ha quedado tratado por demasiados altavoces como una historia secundaria. No hay democracia sana cuando la corrupción del adversario es escándalo y la guerra sucia propia es arqueología.
Venezuela se aferra a la vida entre 1.719 muertos, 5.034 heridos y casi 47.000 desaparecidos
Entre los escombros todavía aparecen cuerpos vivos, pero el desastre ya ha dejado al desnudo una verdad insoportable: no todas las vidas pesan igual cuando llega la catástrofe. LA ESPERANZA BAJO LOS ESCOMBROS Venezuela sigue buscando vida cuando ya han pasado más de cien horas…
Opinión | Diego Fuoli en El Hormiguero: un sueño fascista
¿Por qué nos dejamos arrastrar tan fácilmente por soflamas y consignas contrarias al mínimo respeto cuando estamos apretados unos contra otros y formamos una masa? Muy simple y muy preocupante: porque necesitamos la aprobación de quienes nos rodean en ese momento.
Kast prometió cambiar Chile en 100 días. La realidad empieza a desmontar el relato
José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo un giro radical. Durante la campaña aseguró que devolvería la seguridad a las calles, reactivaría una economía estancada, reduciría el peso del Estado y pondría fin a lo que definía como el desorden heredado. El mensaje era sencillo, casi publicitario: bastaba con cambiar de gobierno para que Chile volviera a funcionar.
Han pasado poco más de 100 días desde su investidura, el 11 de marzo, y el contraste entre el discurso y la realidad empieza a ser difícil de ignorar. No porque todos los problemas puedan resolverse en tres meses. Sería absurdo exigirlo. Lo llamativo es que el Gobierno ya ha empezado a asumir que algunas de sus principales promesas no se cumplirán mientras las prioridades legislativas avanzan en otra dirección.
La política tiene algo de espectáculo. Las campañas aún más. Pero cuando la propaganda choca con los datos, la propaganda deja de ser suficiente.
Sheinbaum, Lula, Orsi y Arévalo frente a la ultraderecha: América Latina no está en venta
Sheinbaum y Lula no están solos. Ahí están también Yamandú Orsi en Uruguay y Bernardo Arévalo en Guatemala, cada uno desde una realidad distinta, con márgenes distintos y enemigos distintos. Pero el pulso es el mismo: impedir que América Latina vuelva a ser una finca administrada por oligarquías locales, jueces obedientes, medios histéricos y padrinos en Washington.
La ultraderecha lo sabe. Por eso grita tanto. Porque México y Brasil pesan demasiado, Uruguay demuestra que la izquierda democrática puede volver sin pedir perdón, y Guatemala ha puesto al descubierto hasta qué punto las élites están dispuestas a dinamitar las urnas cuando el resultado no les gusta.
No es una ola perfecta. Ni limpia. Ni homogénea. América Latina nunca lo es. Pero hay una línea que empieza a verse: soberanía, democracia, derechos sociales y resistencia frente a una derecha que ya no disimula su pulsión autoritaria.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…
STARSHIELD: la GUERRA PRIVADA (con dinero público) de MUSK #ReportajeSR
¿Es Elon Musk más poderoso que un Estado? Analizamos cómo SpaceX ha dejado de ser una empresa de cohetes para convertirse en el «sistema nervioso» de la guerra moderna. Desde el uso…