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Mientras Ayuso calla, la justicia acelera. El Ministerio Público señala que su pareja “jugó con los tiempos” para frenar el proceso que lo llevará al banquillo.
LA FISCALÍA HABLA DE “MANIOBRA DILATORIA”
La Fiscalía ha dejado claro lo que muchos sospechaban: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no está intentando aclarar su inocencia, sino ganar tiempo. El empresario, acusado de doble fraude fiscal y falsedad documental, presentó una batería de diligencias fuera de plazo, que su defensa intenta ahora hacer pasar por “errores procesales” para evitar que el caso avance.
El Ministerio Público lo ha calificado sin rodeos: “maniobra dilatoria”. Según elDiario.es, los fiscales recuerdan que González Amador tuvo más de un año y dos meses para presentar esas pruebas —desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 28 de mayo de 2025—, además de otros siete meses previos desde que la Agencia Tributaria le notificó la inspección el 12 de mayo de 2022. Tiempo de sobra para actuar, si su intención fuera cooperar con la justicia y no esquivarla.
La jueza instructora, Inmaculada Iglesias, ya rechazó sus solicitudes por haber sido presentadas fuera de plazo. La defensa, lejos de asumirlo, recurrió. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid deberá confirmar o no esa decisión. Si lo hace, González Amador se sentará oficialmente en el banquillo en esta primera pieza judicial.
Para el Ministerio Público, la estrategia es evidente: retrasar el juicio y evitar la imagen pública del banquillo. Lo que está en juego no es solo la libertad o la reputación de un empresario, sino el blindaje mediático y político de quien comparte vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
EL DOBLE FRAUDE FISCAL Y LAS FACTURAS FANTASMA
La investigación se centra en 350.951 euros defraudados a la Agencia Tributaria durante los ejercicios de 2020 y 2021. González Amador habría simulado gastos y facturas inexistentes a través de su empresa Maxwell Cremona, con el objetivo de pagar menos Impuesto de Sociedades.
La Fiscalía lo resume así: “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”. Una fórmula clásica de evasión fiscal con la que se maquillan beneficios y se reduce la factura tributaria. El delito de falsedad documental surge precisamente de esa operación: facturas sin correspondencia con ningún servicio real.
Pero el caso no se detiene ahí. De forma paralela, González Amador está siendo investigado por presunta corrupción y administración desleal, en otra pieza judicial todavía abierta. Es decir, dos frentes judiciales simultáneos que rozan el entorno más íntimo de Ayuso.
Mientras tanto, la presidenta madrileña mantiene el silencio. Ni una palabra sobre el caso, ni una respuesta ante la presión política, ni una muestra de distancia institucional. Su jefe de gabinete ya ha declarado ante el Supremo en una causa que también lo compromete indirectamente, y él mismo —en su testimonio— admitió que “lo más importante era que no le salpicara a ella”.
No lo logró.
El caso González Amador ya no es una anécdota privada. Es un espejo incómodo del poder madrileño. Muestra cómo las élites políticas y empresariales operan en red, blindadas por los silencios de quienes deberían rendir cuentas.
La maniobra dilatoria no solo busca ganar tiempo, sino agotar la memoria pública. Pero el reloj judicial sigue corriendo. Y cada día que pasa, el discurso de la “persecución política” suena más vacío frente a los números concretos del fraude.
Silencio arriba, ruido en los tribunales.
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