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Palomera señala que la nueva acusación muestra que «cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda»
Un nuevo caso de coacción a la libertad de protesta. Una jueza de Barcelona pide tres años de cárcel al portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, y a otras dos personas por las protestas que realizaron contra el desahucio planteado por los dueños de un edificio, los Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia en el año 2018.
Según la fiscal, llevaron a cabo «una campaña de difamación en redes sociales» tachando a su propietaria de «especuladora». En persona acudieron a su negocio de estética en dos ocasiones para manifestarse ante la puerta del local y el 17 de octubre entraron «megáfono en mano», detalla la fiscal, para protestar contra el desahucio.
El Ministerio Público define la protesta como una acción que «perturbó el funcionamiento ordinario del local asustando a clientes y trabajadores» hasta que sobre las 18:00h. de la tarde salieron tras conseguir una reunión para negociar las condiciones de su alquiler.
Para Palomera la nueva acusación muestra que «cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda por parte no solo del sector inmobiliario, también por parte del Estado». «Pero no dejaremos la desobediencia civil no violenta, es nuestra forma de lucha y con la que hemos conseguido cambiar la ley de los alquileres», ha sentenciado.
Una subida de 450 euros
Todo empezó cuando Fran Ortega, de 35 años, y Alpha Mikeliuna, de 36, y los otros dos acusados, pidieron ayuda al Sindicato de Inquilino y Fem Sant Antoni para informar de que su alquiler podría subir hasta 450 euros al mes (1300 en total) y que al no poder pagar, podían acabar siendo desahuciados.
El sindicato se organizó para protestar en de las oficinas del propietario de la vivienda de Fran y Alpha, un edificio del Instituto de Belleza Francis, en la Ronda de Sant Pere, junto a la plaza de Urquinaona, en Barcelona.
La propiedad mantenía en un estado insalubre el inmueble, en el que se acumularon plagas de termitas, amianto y cañerías de plomo en mal estado, pese a lo cual los inquilinos siguieron abonando el alquiler. Fue cuando se afiliaron al Sindicato de Inquilinos que, según ellos, empezó el acoso por parte de la propiedad.
Al final la propietaria decidió no renovar el contrato y activar el desahucio de los inquilinos, que vivían en el piso con su hijo menor de edad. La denuncia pública del caso y la lucha lograran que los propietarios pudiesen firmar un contrato de alquiler social . El 2019, sin embargo, los Fradera los denunció a ellos y a Palomera.
El sindicato de inquilinos continúa exigiendo al Govern una «ley de alquileres para evitar casos como el que han denunciado hoy, en el que los inquilinos denunciaron acoso inmobiliario y vieron cómo no se les renovaba el alquiler”. Igualmente Palomera ha atacado a la fiscalía por su “beligerancia” y vinculando el juicio a una “criminalización de la protesta”.
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