La victoria de las trabajadoras de Clintu es una prueba de que la lucha sindical y la reivindicación de derechos laborales pueden dar frutos
Este caso de lucha y victoria de las trabajadoras de la limpieza contra la empresa de servicios Clintu es un claro ejemplo de la precariedad laboral y la explotación a la que están sometidos muchos trabajadores de la llamada ‘economía colaborativa’. La justicia ha condenado a Clintu por operar con falsas autónomas, penalizando a aquellas que no aceptaban servicios y obligándolas a cubrir los costos de los productos de limpieza. La sentencia es contundente: Clintu deberá desembolsar 1,3 millones de euros y contratar a más de 500 falsas autónomas.
Para Juana, una de estas trabajadoras, tal y como cuenta a el ElDiario.es, Clintu representaba una promesa de mejorar sus ingresos mensuales. Sin embargo, la realidad que encontró fue un entorno laboral en el que se le coaccionaba para aceptar trabajos en situaciones inadecuadas y en donde las negativas se penalizaban con la falta de asignación de clientes durante días. Así, lo que debería haber sido un complemento a su salario se convirtió en un segundo trabajo con las mismas presiones y exigencias, pero con peores condiciones.
Clintu, al igual que otras empresas de la economía de plataforma, como Glovo o Uber, se aprovecha de una laguna legal que permite el funcionamiento de los llamados ‘falsos autónomos’. En estas plataformas, los trabajadores asumen todos los riesgos y gastos, mientras que las empresas obtienen todos los beneficios. Este ‘modus operandi’ ha sido objeto de múltiples críticas y sanciones, pero hasta ahora, pocas han sido las respuestas concretas desde el ámbito legal.
Afortunadamente, el caso de Clintu ha marcado un antes y un después. La justicia ha reconocido que existía una relación laboral entre las trabajadoras y la empresa y que, en consecuencia, éstas tenían derecho a las mismas garantías y protecciones que cualquier otro trabajador. Este reconocimiento es un primer paso crucial en la lucha contra la precariedad laboral en la economía de plataforma, aunque queda mucho camino por recorrer.
Las trabajadoras de Clintu, en su mayoría mujeres migrantes, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. Muchas temían represalias y no se atrevían a denunciar sus condiciones laborales. Este miedo, unido a la falta de sindicación y a las barreras culturales y lingüísticas, hace que muchas injusticias laborales pasen desapercibidas.
Es fundamental que se fomente la sindicación y la denuncia de situaciones de explotación laboral. Asimismo, se necesita una legislación más clara y efectiva que regule las condiciones laborales en las plataformas de la economía colaborativa. Estas empresas no pueden seguir aprovechándose de la vulnerabilidad de sus trabajadores y de las lagunas legales para enriquecerse a costa del sudor y el sacrificio de otros.
La victoria de las trabajadoras de Clintu es una prueba de que la lucha sindical y la reivindicación de derechos laborales pueden dar frutos. Pero no debemos conformarnos con casos aislados. Es necesario que estas victorias se conviertan en cambios legislativos que protejan a todos los trabajadores, independientemente del sector en el que trabajen.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
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