Al individuo ha sido condenado a dos años de cárcel, aunque se le concede el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad.
Un hombre ha sido condenado por violar a una mujer jornalera y darle una paliza en la parte trasera de una furgoneta. El hombre, murciano de 67 años de edad, admitió en sede judicial la agresión sexual de la que se le acusaba y reconoció que forzó a la que era su empleada en mayo de hace tres años en Mula.
«El sujeto recogió a la mujer en Archena, con su furgoneta, y la llevó a una finca de Yéchar, en Mula, donde paró. Cuando ella le preguntó qué hacían ahí, el individuo espetó: ‘Cállate: si no quieres problemas conmigo, haz lo que yo te pida’. Entonces la trabajadora manifestó su intención de marcharse, y fue cuando él ‘le propinó un empujón y la introdujo en la parte trasera de la furgoneta, intentando la mujer zafarse en varias ocasiones, sin éxito, debido a los golpes que el acusado le propinaba en la cara, a la vez que la agarraba del pelo'», relatan desde La Opinión de Murcia siguiendo los autos judiciales.
«Acto seguido, la violó, al tiempo que la insultaba: ‘Eres una puta: si has quedado conmigo y te has subido al coche, ya sabías lo que iba a ocurrir’. La volvió a agredir y le dijo: ‘Vístete y no digas nada, que nadie te va a creer'», concluye el relato.
La mujer, sin embargo, le denunció y el juez dictaminó cárcel provisional, donde estuvo medio año, pero tres año más tarde el caso llegaba a la Audiencia Provincial de Murcia, aunque no se celebró juicio como tal, al darse una conformidad entre las partes.
El condenado reconocía los hechos y acataba las penas pactadas, dos años de prisión por un delito de agresión sexual, con las atenuantes de reparación del daño por 6.000 euros y de confesión tardía.
Además tendrá una orden de alejamiento de 500 metros durante 7 años, libertad vigilada durante 5 años y la asistencia a un programa formativo de educación sexual.
Dicha resolución ha causado la indignación en redes sociales por parte de agentes sociales, políticos y la ciudadanía en general:
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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