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El president de la Generalitat aprovecha la tragedia para beneficiar a empresas condenadas y eliminar límites salariales a su Consell.
Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha adjudicado contratos por 34 millones de euros a empresas condenadas por corrupción vinculadas al Partido Popular, bajo el pretexto de la reconstrucción tras la DANA que devastó la Comunidad Valenciana. Estos contratos, otorgados en situación de emergencia, han reabierto heridas en una región marcada por años de corrupción durante los mandatos de Francisco Camps y Rita Barberá.
De los 50,6 millones de euros asignados en contratos de urgencia, 67 % han ido a parar a compañías previamente implicadas en escándalos como Gürtel y Taula. Entre ellas:
- Sociedad de Agricultores de la Vega, condenada en el caso Taula, recibió dos contratos por 9,5 millones de euros.
- FCC Aqualia, filial de FCC, implicada en el mismo caso, obtuvo un contrato de 7,4 millones.
- Becsa S.A., cuya cúpula fue condenada en Gürtel, recibió adjudicaciones por 6,2 millones.
- Pavasal S.A., condenada también en Taula, sumó 5,7 millones en contratos.
- CHM Obras e Infraestructuras, relacionada con Gürtel, gestionará un contrato de 2,8 millones.
- Facsa y Ocide Construcción, ambas con historiales judiciales oscuros, recibieron adjudicaciones por 1,5 y 15,6 millones respectivamente.
El caso más llamativo es el de Ocide Construcción, investigada en el caso Azud, cuyas ramificaciones alcanzan a familiares de la difunta alcaldesa Rita Barberá. Estas adjudicaciones no son solo escandalosas por el historial de las empresas, sino por el mensaje que transmiten en un momento de emergencia: la impunidad sigue siendo norma.
ELIMINACIÓN DEL TOPE SALARIAL: OPORTUNISMO EN LA CRISIS
Además de los contratos cuestionables, Mazón ha aprovechado el decreto de ayudas por la DANA para eliminar el límite salarial del 15 % para nuevos consellers y altos cargos. Con esta medida, Mazón no solo desvincula las ayudas de su propósito inicial, sino que retribuye generosamente a su círculo más cercano.
Entre los beneficiados destacan militares retirados como Francisco José Gan Pampols, ahora vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social. Este tipo de incorporaciones, justificadas por su experiencia, contrasta con la precariedad que viven las y los profesionales que realmente lideran la respuesta a la crisis, como sanitarias y sanitarios, bomberos y bomberas o equipos de rescate.
Mientras las víctimas de la DANA claman por una gestión eficiente, Mazón prioriza medidas que benefician a su administración en detrimento de las necesidades reales de las personas afectadas. Este incremento salarial se suma a una lista de decisiones que demuestran cómo la tragedia se convierte en oportunidad para fortalecer estructuras políticas clientelares.
La modificación, presentada bajo argumentos técnicos, ha generado críticas transversales. «Reconocer la experiencia» no justifica aumentos salariales en una administración pública que debería estar volcada en la reconstrucción y el alivio de la emergencia. La indignación es palpable: quienes lideran las labores sobre el terreno no ven reflejado este «reconocimiento» en sus condiciones laborales.
UN MODELO QUE PRIORIZA EL PODER SOBRE LAS PERSONAS
La gestión de Mazón es una radiografía de un modelo político que no se sacude su vínculo con la corrupción. Adjudicar contratos a empresas que simbolizan las peores prácticas del pasado y usar la tragedia para blindar intereses propios revela un desprecio absoluto por las víctimas y el dinero público.
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