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El líder popular dio la instrucción a sus subalternos de hacer todo lo que tuvieran que hacer para frenar a Bárcenas
Este miércoles, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en una nueva declaración ante el juez que investiga la «Operación Kitchen», Manuel García-Castellón, que al salir de prisión en 2015 se dio cuenta de que habían desaparecido del estudio de su mujer documentos sobre los supuestos pagos en B del partido y el «pendrive» donde supuestamente guardaba las grabaciones que habría hecho al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y que demostrarían que éste conocía la ‘caja b’.
Bárcenas atribuye la desaparición de ese material al espionaje parapolicial del que habría sido víctima con la «Operación Kitchen», presuntamente ideada desde el Ministerio de Interior, y costeada con fondos reservados, con el objetivo de sustraer a Bárcenas y su entorno la documentación comprometedora que pudieran tener sobre el partido y sus dirigentes.
En unas cajas trasladadas por su chófer Sergio Ríos, desde su despacho en el cuartel general del PP al taller de restauración de arte que su mujer, era donde Bárcenas almacenaba el material comprometedor. A principios de 2015 empezó a revisar las cajas y advirtió que las grabaciones no estaban. El ex tesorero del PP pensó que faltaban cajas que el propio PP habría intervenido en 2013, con su ingreso en prisión provisional, pero no se le ocurrió que hubieran llegado y extraviado en el estudio de su mujer hasta que un periodista le comentó algo de una operación policial.
Tal y como señala La Razón, en el secreto de las decisiones que afectan a la gestión del problema que representaba el ex tesorero del PP había muy pocos dentro de ese triángulo que tenía como vértices Génova, Moncloa y el Ministerio del Interior.
Los primeros mensajes que Mariano Rajoy intercambió con su ex tesorero, se filtraron poco más de un año después de que hubiera llegado a la Presidencia del Gobierno y cuando ya había estallado todo el escándalo sobre la contabilidad B y los sobresueldos.
El líder popular decidió entonces dar una instrucción a sus subalternos: hacer todo lo que tuvieran que hacer para frenar a Bárcenas. Según explican fuentes solventes a La Razón, Rajoy constituyó una «célula reservada y exclusiva» desde la que gestionar todas las novedades que tuvieran que ver con Bárcenas.
Y es aquí donde se sitúa el comienzo del caso Kitchen, que investiga al ex comisario José Villarejo, al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, y al antiguo chofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, por una supuesta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible a Bárcenas por miedo a que pudiera perjudicar a altos cargos de esta formación.
En el partido le señalan como el máximo responsable de las las presuntas órdenes que llevaron a implicar a su Gobierno y a su partido en las relaciones con las alcantarillas del Estado para detener a Bárcenas. Incluso hasta los que defienden que Rajoy no se enriqueció con las irregularidades de la financiación del PP, consideran que nadie actuó sin que él lo hubiese decidido.Al ex presidente del Gobierno lo que le preocupa ahora es la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal al igual que su jefe de Gabinete, ya que la información para frenar el avance de la investigación sobre la financiación del PP y proteger a los altos cargos del partido no bajaba a segundos niveles de la cúpula. Rajoy no siempre gestionó el problema de Bárcenas con reuniones a tres bandas sino que trataba con cada interlocutor lo que le afectaba directamente e incluso hasta hablaba personalmente con el «número dos» de Interior Francisco Martínez, según información de La Razón.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.