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Telemadrid se alinea con el discurso militarista de las FDI, atacando a periodistas de Al Jazeera y cruzando todas las líneas éticas del periodismo
¿Hasta qué punto una cadena pública puede permitirse ser el brazo de propaganda de un ejército extranjero, señalando a periodistas como «terroristas»?
La plataforma cívica Acción Contra el Odio (ACO), formada por especialistas en derecho, periodismo, literatura y académicos, y de la que forma parte Spanish Revolution, demanda la dimisión inmediata de las y los responsables de Telemadrid tras emitir y compartir en redes un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que acusa a seis periodistas de Al Jazeera de ser militantes de Hamás. La noticia se difundió con un titular y una imagen que colocaban a la bandera israelí al frente, asegurando que esos periodistas formaban parte de «la vanguardia de la guerra de propaganda de Hamás». Telemadrid incluyó un desmentido de la cadena catarí, pero la redacción y el enfoque de la noticia marcan un sesgo evidente hacia un bando en un contexto de conflicto y violencia en el que la parcialidad informativa no es solo irresponsable: es cómplice.
TELEMADRID Y SU PAPEL EN LA PROPAGANDA DEL GENOCIDIO
El titular en la cuenta oficial de la cadena pública madrileña se enmarca dentro de una tendencia peligrosa, donde los medios no solo informan, sino que repiten las narrativas de quienes buscan justificar ataques y asesinatos. Con esta cobertura, Telemadrid no informa, sino que «pone una diana sobre el pecho de seis periodistas» que, según organizaciones de derechos humanos y medios independientes, están en riesgo simplemente por realizar su labor.
El contexto lo es todo. En este caso, la gravedad aumenta porque, mientras Telemadrid difundía el comunicado, en otras partes del mundo tres periodistas eran asesinados por el ejército israelí en incidentes que organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han calificado de ataques directos contra la libertad de prensa. Telemadrid no solo comunica: se convierte en una extensión de la propaganda de un ejército en guerra, colaborando indirectamente con el genocidio al difundir como veraz una narrativa militar sin respaldo independiente.
La negligencia en el tratamiento informativo de esta situación contrasta con los estándares de otros medios internacionales, que han mostrado que las FDI han utilizado previamente información falsa para justificar a posteriori la muerte de periodistas. Medios como The New York Times y Le Monde han documentado casos donde periodistas asesinados fueron posthumamente etiquetados como «terroristas» para evitar la rendición de cuentas, algo que debería ser un recordatorio de prudencia y rigor en cualquier redacción que se precie.
LA RESPONSABILIDAD DE UN MEDIO PÚBLICO NO ES OPCIONAL
Las y los profesionales de un medio público deben comprender que su responsabilidad no es solo hacia la audiencia, sino hacia la verdad. En un contexto bélico, la información errónea no solo desinforma: mata. Telemadrid tiene una responsabilidad mayor al tratar temas que involucran conflictos armados. Sus noticias, especialmente aquellas basadas en declaraciones de una parte en conflicto, deben ser tratadas con rigor y verificadas exhaustivamente. Cualquier error o sesgo en un contexto tan delicado supone una colaboración directa con crímenes de guerra, aunque esa no sea la intención expresa.
La gravedad de la situación no reside únicamente en el contenido de la noticia, sino en el precedente que establece. La complicidad de Telemadrid con la narrativa de las FDI representa un golpe al código deontológico y, sobre todo, a la integridad de los medios públicos. Su postura actual muestra una absoluta falta de autocrítica y de respeto por la vida y seguridad de periodistas que informan desde los frentes de guerra.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.