PP y Vox vuelven a llamar libertad a hacer daño 

Las terapias de conversión no son un debate moral, son violencia contra personas LGTBI con cobertura familiar, religiosa o empresarial.

La derecha ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando se habla de derechos LGTBI: disfrazar la violencia de libertad. La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el 17 de junio el dictamen de la ley para castigar penalmente las falsas terapias de conversión, esas prácticas que no curan nada porque no hay nada que curar. La norma sigue ahora hacia el pleno y plantea penas de prisión de seis meses a dos años para quien aplique métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual o la identidad de una persona. También incorpora multas de 8 a 24 meses.

Y aquí llega la escena conocida. PP y Vox votaron en contra.

No votaron contra una ocurrencia. No votaron contra una extravagancia legislativa. Votaron contra una norma que pretende llevar al artículo 173 del Código Penal, el de las torturas y delitos contra la integridad moral, prácticas que ya están consideradas una infracción administrativa muy grave por la Ley Trans de 2023, con sanciones de hasta 150.000 euros. Es decir, el Estado ya reconoce que esto no es “acompañamiento”, ni “ayuda”, ni “libertad educativa”. Lo que se discute ahora es si basta con una multa o si quien se lucra, organiza o ejecuta estas prácticas debe responder penalmente.

NO ES LIBERTAD, ES VIOLENCIA ORGANIZADA

Hay que decirlo sin rodeos. Las terapias de conversión son tortura con factura. Tortura psicológica, muchas veces también física, envuelta en lenguaje de consulta, retiro espiritual, grupo de apoyo, coaching emocional o acompañamiento familiar. El truco siempre es el mismo: primero se declara que una persona está rota, desviada o enferma; después se le ofrece una salida que en realidad es una condena. Te prometen ayuda mientras te arrancan el derecho a existir sin pedir perdón.

Ese es el corazón del asunto. No estamos ante un debate moral. No se está discutiendo si una familia puede educar a sus hijos e hijas, ni si una iglesia puede tener sus creencias, ni si alguien puede buscar apoyo emocional. Se discute si el Estado va a permitir que familias, iglesias, negocios o supuestos profesionales intenten “corregir” identidades y orientaciones sexuales. Se discute si una persona LGTBI puede ser tratada como un error a reparar.

La ley incorpora una enmienda importante: el consentimiento de la víctima será independiente para que estas prácticas puedan ser perseguidas penalmente. Y esto molesta mucho a la derecha. Claro que molesta. Porque su coartada favorita siempre ha sido esa: “si consiente, no hay problema”. Como si una persona adolescente enviada por su familia a un retiro para “dejar de ser quien es” estuviera negociando en igualdad de condiciones. Como si la culpa, la amenaza, la dependencia económica, el chantaje religioso o el miedo a quedarse en la calle fueran libertad.

No todo consentimiento es libre cuando se fabrica dentro del miedo.

El diputado socialista Víctor Gutiérrez lo resumió con claridad: estas prácticas se han adaptado y se disfrazan de consultas, grupos de acompañamiento o retiros espirituales. No es una anécdota. Es una industria moral del daño. Un mercado de la vergüenza. Un negocio que cobra por hacer creer a una persona que su deseo, su identidad o su cuerpo son una avería.

LA DERECHA Y SU VIEJA COARTADA: PROTEGER AL AGRESOR

El PP ha elegido esconderse detrás de la “seguridad jurídica”. Dice que comparte el principio básico de que nadie debe ser sometido a prácticas coercitivas que atenten contra su integridad física o moral, pero vota en contra del dictamen. Traducción: condenamos la violencia siempre que no tengamos que cerrar la puerta legal por la que entra la violencia. Es una especialidad de la casa.

Los populares, que en su momento votaron a favor de la toma en consideración de la ley, quieren mantener vivas sus enmiendas en el pleno. Entre otras cosas, pretenden sustituir “identidad de género” por “identidad sexual” y añadir la coerción como elemento clave. Parece técnico. No lo es. La técnica también puede ser ideología con corbata. Si se exige probar coerción de una manera estrecha, se deja fuera buena parte de las dinámicas reales: presión familiar, dependencia económica, autoridad religiosa, manipulación emocional, miedo, aislamiento. Todo eso no siempre deja marcas visibles. Pero rompe.

Vox, como era previsible, fue más directo. Dice estar contra las terapias de conversión solo cuando son “forzadas e impuestas”, acusa al Gobierno de “imponer su ideología a golpe de Código Penal” y defiende “la libertad y el derecho de los padres para velar por sus hijos”. Ahí está la frase. La de siempre. La patria potestad convertida en permiso para aplastar. La familia usada como frontera contra los derechos. La libertad reducida a que el fuerte pueda moldear al vulnerable.

Y conviene no tragarse el marco. No hay libertad en someter a una persona LGTBI a un proceso destinado a negar quién es. No hay libertad en meterle miedo. No hay libertad en enseñarle que su vida será aceptable solo si se mutila por dentro. No hay libertad en convertir la diversidad en pecado, patología o problema familiar.

Los socios del Gobierno han señalado otra cuestión clave: la reforma es necesaria, pero incompleta. ERC, Sumar, Compromís y EH Bildu han reclamado medidas más amplias, como ayudas económicas y alternativa habitacional para las víctimas. Tienen razón. Porque meter una conducta en el Código Penal puede frenar al agresor, pero no paga el alquiler de quien decide denunciar y se queda sin familia, sin casa y sin red. La violencia contra las personas LGTBI no acaba cuando se redacta un delito. A veces empieza otra batalla: sobrevivir después.

Bel Pozueta, de EH Bildu, recordó que Naciones Unidas ha calificado estas prácticas como tortura. Y ese dato debería bastar para pinchar el globo hipócrita de PP y Vox. Porque si hablamos de tortura, no hablamos de sensibilidad religiosa, ni de pluralismo educativo, ni de libertad de conciencia. Hablamos de derechos humanos. De integridad moral. De vidas concretas.

El pleno podrá modificar la norma. El debate seguirá. PP y Vox intentarán vestir su negativa con tecnicismos, alarmas sobre la libertad y la palabra “ideología” repetida como un rosario. Pero el fondo está desnudo. Frente a una práctica que busca quebrar a personas LGTBI para hacerlas encajar en una moral ajena, han elegido mirar hacia el lado de quienes corrigen, no hacia el lado de quienes sobreviven.

Cuando llaman libertad al derecho a destruirte, lo que están defendiendo no es libertad: es impunidad.