Los jueces no se tocan: anatomía de un tabú democrático en España 

Una democracia a medias: cuando el poder que no se vota impone sus reglas

EL ÚLTIMO PODER SAGRADO DEL ESTADO

En España se puede debatir casi todo. La forma de Estado, no. Las bases económicas, menos. Pero si alguien se atreve a cuestionar el estatus sacrosanto del Poder Judicial, la maquinaria mediática, política y judicial salta como un resorte. Los jueces no se tocan. Literalmente. Ni se eligen, ni se controlan, ni se depuran. Solo se reverencian.

¿Por qué en una democracia se considera normal que el Parlamento nombre a un presidente, que cese a ministros, que legisle sobre cualquier aspecto de la vida común… pero sea tabú plantear que los jueces rindan cuentas democráticas?

La derecha mediática lleva décadas esculpiendo la ficción de que la independencia judicial equivale a impunidad, a aislamiento, a inmunidad. Una independencia no respecto al poder político, sino respecto a la voluntad popular. Y lo han conseguido: cualquier intento de control democrático se presenta como “asalto a la Justicia”, “injerencia chavista” o “golpe institucional”.

Pero, ¿quién construyó ese blindaje? Un bloque de poder que mezcla la nostalgia franquista, el elitismo corporativo y el miedo a que la justicia sirva al pueblo y no a sus dueños. Los mismos que juraron lealtad al Movimiento y luego se reciclaron como garantes del orden constitucional. Los que se indignan si se revisan sus privilegios, pero callan ante sentencias machistas, clasistas o directamente ideológicas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva desde 2018 con el mandato caducado. No hay otro órgano del Estado que pueda permitirse semejante desobediencia constitucional sin consecuencias. Pero la judicatura, y quienes la protegen, han hecho de ese incumplimiento un gesto de resistencia patriótica. En lugar de dimitir por vergüenza, se aferran al cargo con la complicidad de quienes bloquean su renovación desde el Congreso. Y cuando se sugiere que sean los propios jueces quienes voten entre sí (como en parte ocurre), entonces se denuncia la “politización”. El delirio es total.

PODER CONSTITUIDO VS PODER CONSTITUYENTE

Antonio Gramsci lo explicó sin rodeos: el verdadero poder no es el que se ve, sino el que logra que lo aceptemos como natural. Y en España, aceptar que la justicia es neutral y técnica es una forma de dominación cultural. Bourdieu lo llamaría violencia simbólica. Naomi Klein lo llamaría doctrina del shock institucional.

Los y las jueces no son extraterrestres. Son producto de una clase social, de una formación determinada, de una ideología dominante. En España, casi un 70% de los jueces y juezas proceden de familias con estudios universitarios. El Poder Judicial no es un espejo del país, sino de sus élites. De ahí que la justicia para el banquero sea dilación y para la familia desahuciada, ejecución fulminante.

¿Por qué no puede el Parlamento someter a votación a parte del Poder Judicial? ¿Qué temor hay a que la ciudadanía participe, aunque sea indirectamente, en la elección de quienes deciden sobre su libertad, su vivienda o sus derechos laborales?

En México, por ejemplo, se acaba de votar en referéndum la elección de jueces y magistrados. Con todos sus riesgos, el proceso abre un melón democrático que en España da pánico. Aquí se escandalizan por una consulta sobre el CGPJ, pero nadie se sonroja porque el presidente del Tribunal Constitucional haya sido militante del PP, o porque fiscales del Estado terminen como candidatos en listas conservadoras, o porque magistrados que avalaron los crímenes del franquismo sigan dictando doctrina en nombre de la Constitución.

El miedo no es a la politización. El miedo es a la democratización. Porque politizado ya está el sistema judicial, pero por arriba. Lo que aterra es que la política entre por abajo, desde la soberanía popular.

Por eso, cuando alguien osa plantear cambios reales en la estructura judicial, la respuesta no es jurídica, es moralista. Se habla de “líneas rojas”, de “ataques a la separación de poderes”, de “asaltos institucionales”. Se dramatiza para no tener que razonar. Y se recurre a Europa como fetiche, como si el blindaje judicial fuera el estándar continental y no una anomalía ibérica.

Pero el verdadero escándalo no es proponer cambios. El escándalo es que durante 45 años la judicatura no haya rendido cuentas por su papel en la Transición, por su complicidad con el lawfare, por su sesgo estructural contra las clases populares, contra los movimientos sociales y contra la izquierda.

La independencia judicial no puede significar soberanía sin control. Y menos cuando ese control lo ejerce un bloque de poder que ni se elige, ni se renueva, ni se cuestiona.

La democracia no se fortalece blindando castas, sino abriendo procesos. Y la justicia, si quiere ser legítima, tiene que dejar de ser un club cerrado. Porque el Estado de Derecho no puede ser solo el derecho del Estado.