La Fiscalía acusó al ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, de denunciar unos hechos en base a “rumores, sospechas y suspicacias en base a la “clara enemistad”
La Fiscalía de Madrid ha remitido al juez que investiga la gestión de Podemos un escrito en el que, como ya hizo en octubre, sostiene que «no existen indicios» de financiación irregular por parte de Podemos. La macroinvestigación a las finanzas de la formación morada que arrancó en julio del pasado año ha ido menguando hasta ser prácticamente a un contrato con una empresa en la campaña electoral de abril del 2019. La causa pende de un solo hilo.
El 21 de octubre, la Fiscalía señaló que no hay indicios de que Podemos cometiera un delito de financiación irregular como denunció José Manuel Calvente, el abogado que Podemos despidió en diciembre de 2019, pero propuso mantener al partido como investigado en la causa porque «resulta más garantista para el mismo», desestimando así el recurso interpuesto por el partido para que se archivase la causa.
La Fiscalía mantiene ahora esos mismos argumentos y reitera que aunque «de las diligencias practicadas por el momento, no existen indicios de esa presunta financiación irregular», entiende que «atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo por cuando le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
«Es decir, la tipificación inicial no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar su derecho del peticionario», añade la Fiscalía, que incide en que si Podemos no tiene la condición de investigado «mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento».
Podemos con Calvente el centro del huracán
El juez inició la causa para destapar una supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias a través de una maraña de tejemanejes con formaciones políticas extranjeras, pero todo esto se desinfló. Calvente inició una serie de noticias sobre irregularidades sobre la formación que no ha podido demostrar, pero llenaron portadas de medios. Las cloacas del Estado a pleno funcionamiento.
Calvente denunció una larga lista de presuntas irregularidades y falsedades cometidas por el partido. El atestado acabó en manos del titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid y el 16 de julio, Juan José Escalonilla decidió arrancar una investigación. El letrado acusó al partido de facturar “servicios ficticios” a empresas, fijar sobresueldos en complementos no justificados o mover dinero de “forma opaca”. Habló de cinco contratos para la campaña electoral del 2019 “que podrían ser simulados”.
El juez acordó de esta forma hasta 20 diligencias. Requirió toda la documentación sobre la contratación de Neurona Consulting en trabajos de campaña, los contratos con ABD Europa o el funcionamiento de la caja de solidaridad del partido. Reclamó asimismo datos sobre #404 Comunicación Popular, la documentación de la “cuenta electoral” de Podemos, todos los movimientos bancarios del partido y de las consultoras y la contratación para la reforma de la sede del partido. Citó como investigados a una decena de personas entre representantes de Neurona y del propio partido, entre ellos el secretario de organización del partido Juanma del Olmo.
El 31 de julio, el juez amplió aún más la investigación con otras seis diligencias, reclamando más facturas y nuevas citaciones. En total, Podemos calcula que ha entregado al juez cerca de 1.400 documentos. La formación morada acredita con toda esta documentación que todo lo manifestado por Calvente es una invención promovida por su ánimo de venganza.
Tras el análisis de la documentación y tras haber oído a Calvente, la Fiscalía acusó al abogado de denunciar unos hechos en base a “rumores, sospechas y suspicacias en base a la “clara enemistad” y “animadversión” del denunciante y dio la clave del juicio: en la denuncia no se ofrece un “mínimo de prueba suficiente para iniciar una investigación tan amplia”. Para la fiscal, hay una única cosa que podría revestir indicios de delito. Solo queda cerrarlo todo y pedir responsabilidades a quién levantó la falsa liebre.
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