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Cuando la guerra se decide en consejos de administración y el Congreso sobra
El 5 de enero, Donald Trump verbalizó lo que durante décadas se había camuflado bajo el lenguaje de la “seguridad nacional”. Reconoció ante la prensa que las grandes petroleras estadounidenses fueron informadas antes del ataque militar de EE. UU. contra Venezuela, incluso antes de que este se produjera. No informó al Congreso. No buscó autorización. Avisó a quienes hacen negocio. El presidente no solo confesó una prioridad política, exhibió una forma de poder.
Trump lo dijo a bordo del Air Force One, con la ligereza de quien se sabe impune. “Antes y después”, respondió cuando se le preguntó si había hablado con ejecutivos del sector. “Quieren entrar y van a hacer un gran trabajo por el pueblo de Venezuela”. La frase importa, porque define una doctrina: la guerra como palanca para abrir mercados. Y porque llega tras un ataque calificado por juristas como abiertamente ilegal, acompañado del secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
LA GUERRA SIN CONGRESO, EL NEGOCIO CON AVISO PREVIO
El escándalo no es solo que Trump hablara con las petroleras. Es a quién no llamó. La Casa Blanca evitó consultar al Congreso alegando riesgo de filtraciones. La representación democrática era el problema; los consejos de administración, no. Fred Wellman, veterano de combate y candidato demócrata, lo resumió con crudeza: “No informó al Congreso, pero sí a las petroleras”. Melanie D’Arrigo fue más lejos: “Esto es el aspecto de una oligarquía autoritaria”. La congresista Yassamin Ansari coincidió: actos de guerra comunicados a empresas antes que a representantes electos.
La escena no es nueva, pero sí más desnuda. Trump insistió en que Venezuela es un “país muerto” y que la prioridad es “hacer fluir el petróleo”. Prometió que las grandes petroleras “arreglarán la infraestructura”, mientras EE. UU. “no invertirá nada”. Se trata de administrar un territorio ajeno sin asumir costes, una externalización colonial con bandera corporativa. Cuando se le pidió nombres, respondió: “Todas, básicamente”.
El trasfondo económico también tiene cifras, y las cifras importan. Según el economista Francisco Monaldi, pasar de 1 millón de barriles diarios a 4 millones exigiría una década y 100.000 millones de dólares en inversiones. No es un trámite, ni siquiera en contextos estables. La operación militar, lejos de “dar certidumbre”, multiplica la incertidumbre jurídica y política. La promesa de botín precede a la viabilidad.
COLONIALISMO EN TIEMPO REAL Y DERECHO INTERNACIONAL EN SUSPENSO
La ilegalidad no es un matiz. Oona Hathaway, profesora de Derecho en Yale, fue clara: “No hay base legal” para el asalto ni para el secuestro del mandatario. Ni en el derecho interno estadounidense ni en el internacional. Elizabeth Bast, de Oil Change International, añadió la dimensión histórica: tratar América Latina como colonia de recursos viola la Constitución de EE. UU. y las normas internacionales que prohíben la guerra sin debate ni autorización.
El patrón se completa con la lista de amenazas posteriores. Mientras se hablaba de “transición segura”, la administración deslizó advertencias a México, Colombia y Cuba. Mehdi Hasan lo describió con precisión incómoda: “Comportamiento de jefe mafioso”, con el agravante de armas nucleares y el mayor ejército del mundo. La ley se sustituye por la fuerza; la política, por la intimidación.
Nada de esto ocurre en el vacío. Citgo, joya energética venezolana en EE. UU., acaba de pasar a manos de un megadonante. Wellman lo subrayó: soldadas y soldados usados para mover intereses privados. La frontera entre Estado y corporación se disuelve, y con ella la rendición de cuentas. La guerra se normaliza como herramienta de mercado.
El relato oficial insiste en “elecciones libres y justas”. Trump eludió la pregunta. Habló de petróleo. Habló de “querer tanto entrar”. No habló de derechos, ni de soberanía, ni de legalidad. Habló como quien reparte concesiones. En esa frase se concentra la época: la democracia estorba cuando el negocio apremia.
El 5 de enero de 2026 quedará como el día en que un presidente dijo en voz alta lo que muchos sospechaban: primero se avisa a las petroleras, luego se bombardea y, si queda tiempo, se improvisa una coartada. Así se gobierna cuando el poder ya no necesita disimulo.
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