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Cuando el imperialismo se disfraza de principio defensivo y convierte un continente entero en su patio trasero
La llamada doctrina Monroe no fue una ocurrencia aislada ni una ingenua declaración de buenas intenciones. Fue, desde su origen, un acto fundacional de dominación, una pieza clave del engranaje imperial estadounidense que aún hoy condiciona la política internacional. En 1823, cuando el entonces presidente James Monroe proclamó su famosa frase “América para los americanos”, no estaba defendiendo la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Estaba fijando las reglas de un nuevo orden continental en el que Estados Unidos se reservaba el derecho de vigilancia, tutela y castigo.
Conviene subrayarlo desde el inicio. La doctrina Monroe no nace como una política anticolonial, sino como una política de exclusión imperial. Lo que se rechazaba no era la dominación, sino quién podía ejercerla. Europa debía quedarse fuera. Washington se quedaba dentro.
EL NACIMIENTO DE UNA DOCTRINA PARA BLOQUEAR A EUROPA Y DOMINAR EL CONTINENTE
En diciembre de 1823, Estados Unidos era todavía una potencia en construcción, pero con ambiciones claras. América Latina atravesaba un proceso de independencia convulso tras el derrumbe del imperio español. Las monarquías europeas (especialmente España, Francia y la Santa Alianza) contemplaban intervenir para recuperar territorios. Ese contexto permitió a Washington presentarse como garante de una supuesta “autonomía hemisférica”.
El mensaje fue sencillo y profundamente tramposo. Cualquier intervención europea en el continente americano sería considerada una agresión. A cambio, Estados Unidos prometía no interferir en los asuntos europeos. Un pacto desigual desde el minuto uno. Europa fuera. Estados Unidos árbitro.
No se trataba de altruismo. Estados Unidos carecía de fuerza militar suficiente para imponer esa doctrina por sí solo. Quien realmente la respaldó fue Gran Bretaña, interesada en abrir mercados latinoamericanos al comercio británico sin la mediación colonial española. La doctrina Monroe nace así: como un acuerdo de conveniencia entre imperios, no como un acto emancipador.
Desde entonces, el continente quedó marcado por una idea peligrosa. América Latina no sería plenamente soberana, sino una zona de influencia permanente. El principio se formuló como advertencia diplomática, pero su contenido era ya un programa de poder.
DE PRINCIPIO DIPLOMÁTICO A COARTADA PARA LA INTERVENCIÓN PERMANENTE
Durante décadas, la doctrina Monroe permaneció como referencia latente. El giro decisivo llegó a finales del siglo XIX. En 1898, con la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos dio el salto definitivo al imperialismo abierto. Cuba, Puerto Rico y Filipinas marcaron un antes y un después. La doctrina Monroe dejaba de ser defensiva para convertirse en ofensiva.
En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió el llamado “corolario Roosevelt”. La formulación fue explícita. Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir militarmente en cualquier país latinoamericano si consideraba que había “inestabilidad” o “mal gobierno”. Es decir, si algo no convenía a sus intereses económicos o estratégicos.
Desde entonces, el historial es abrumador y bien documentado. Intervenciones militares, golpes de Estado, ocupaciones, bloqueos económicos y dictaduras apoyadas o directamente instaladas desde Washington. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989, Nicaragua durante décadas. La lista no es una anomalía histórica. Es la aplicación sistemática de una doctrina.
La doctrina Monroe convirtió la soberanía latinoamericana en una concesión revocable. Bastaba con invocar el “orden”, la “estabilidad” o, más tarde, la “lucha contra el comunismo” para justificar cualquier agresión. Durante la Guerra Fría, ese marco sirvió para imponer regímenes autoritarios responsables de miles de desapariciones, torturas y asesinatos, con apoyo logístico, político y financiero estadounidense.
Lejos de desaparecer, la doctrina se recicló. En el siglo XXI reaparece bajo nuevos nombres: “seguridad regional”, “defensa de la democracia”, “lucha contra el narcotráfico”. El lenguaje cambia. La lógica de subordinación permanece intacta.
Hoy, cuando Washington habla de Venezuela, Cuba o Nicaragua, cuando sanciona, asfixia económicamente o amenaza con intervención, no está improvisando. Está actuando dentro de una tradición de dos siglos. Una tradición que niega el derecho de los pueblos a decidir su propio camino.
La doctrina Monroe no es una reliquia del pasado. Es la gramática del imperialismo estadounidense en América Latina, una gramática que sigue enseñándose, aplicándose y normalizándose. Y mientras no se nombre como lo que es (un instrumento de dominación), seguirá operando con la misma eficacia de siempre.
Porque cuando un imperio se arroga el derecho a “proteger” un continente entero, lo que realmente protege es su propio poder.
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