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En el entramado político y empresarial español, las «puertas giratorias» se han convertido en un símbolo de las sinergias, a menudo cuestionables, entre el poder público y los intereses privados. La reciente incorporación de José Manuel Soria a Forestalia, una destacada firma aragonesa del sector de las energías renovables, reaviva el debate sobre esta práctica que, lejos de ser una novedad, parece un carrusel que nunca se detiene.
José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, cuyo legado incluye el controvertido «impuesto al sol» y recortes significativos en las primas a las renovables, ha encontrado un nuevo hogar en la industria que una vez reguló. Esta movida no solo reafirma la existencia de las puertas giratorias sino que también arroja luz sobre cómo las decisiones políticas del pasado pueden entrelazarse con las oportunidades futuras en el sector privado.
El recorte de 2.700 millones de euros a las primas de las energías renovables durante su mandato fue un golpe duro para el sector, afectando la viabilidad de numerosos proyectos y la confianza de los inversores. Sin embargo, irónicamente, Soria ahora se une a una empresa que navega en las aguas de la energía verde, una acción que plantea interrogantes sobre la integridad de su gestión pasada y las motivaciones detrás de sus políticas.
La relación de Soria con Forestalia, aunque data de colaboraciones puntuales desde 2018, y su posición en Island Green Power, sugieren una continuidad en su influencia sobre el sector energético, ahora desde la trinchera opuesta. Esta transición de un rol regulador a uno beneficiario en el mismo ámbito es precisamente lo que alimenta el escepticismo hacia las puertas giratorias: ¿Pueden los exfuncionarios actuar en el mejor interés del público cuando sus futuros profesionales pueden estar entrelazados con los sectores que antes supervisaban?
Más allá de la figura de Soria, Forestalia se ha destacado por su rápida ascensión en el sector de las renovables desde su victoria en la subasta de 2016, una hazaña que, si bien impresionante, no ha estado exenta de controversias. La empresa ha sido acusada de beneficiarse de relaciones privilegiadas, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre la transparencia y la ética en la interacción entre lo público y lo privado.
La investigación anunciada por las Cortes de Aragón sobre posibles irregularidades en las renovables y la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental subraya la necesidad de escrutinio y rendición de cuentas en el sector. La implicación de actores como Soria, con un historial de decisiones polémicas, solo sirve para reforzar la urgencia de este llamado.
Las puertas giratorias no son un fenómeno exclusivo de España, pero casos como el de Soria ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de establecer mecanismos más robustos para prevenir conflictos de interés y asegurar que la gestión pública se rija por principios de transparencia, integridad y, sobre todo, la búsqueda del bien común. La confianza en las instituciones públicas y en la política energética del país está en juego, y es momento de replantear las reglas del juego.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.