“Hemos pasado de ‘no se puede decir nada’ a demandar monólogos, perseguir chistes y llevar humoristas a los juzgados mientras quienes controlan televisiones y periódicos se hacen pasar por víctimas.”

Henar Álvarez soltó en RTVE algo que mucha gente piensa y muy poca dice en prime time: que la supuesta “dictadura woke” es, en gran parte, una cortina de humo montada por quienes llevan décadas teniendo todos los micrófonos. Y claro, escuece.

Facu Díaz en tribunales. Quequé declarando por chistes políticos. Las seis de La Suiza condenadas por sindicalismo. LalaChus denunciada por una estampita. Monólogos feministas interrumpidos por cargos del PP porque alguien “se sentía incómodo”. Pero luego los que hablan de censura son los mismos de siempre. Los que nunca dejaron de ocupar platós, radios y portadas.

Y Henar lo resumió con una frase brutal: suena “como si Ana Rosa se quejara de que los alquileres están altos”.

¿España es racista o solo nos gusta fingir que no lo vemos?

Ada Colau soltó una frase en RTVE que ha escocido más que muchos discursos parlamentarios: “España tiene una estructura legal racista”. Y claro, saltaron los de siempre. Los que creen que el racismo son solo cuatro neonazis haciendo el mono en un estadio mientras las leyes discriminan según el dinero, el pasaporte o el color de piel.

El programa El juicio terminó con un veredicto incómodo: 6 de 9 personas del jurado dijeron que sí, que España es un país racista. Se habló de la Ley de Extranjería. De explotación. De segregación escolar. De Samuel Eto’o escuchando gritos de mono de cientos de personas. De actores racializados obligados a ser “el triple para conseguir la mitad”.

Y ahí está el problema. Que algunos siguen confundiendo racismo con mala educación cuando hablamos de un sistema entero.

El problema no es solo judicial. Es moral, simbólico y político. Las y los ministros salen a hablar con una incomodidad visible, obligados a defender la presunción de inocencia de alguien que no habla y a proteger un legado que ahora queda sometido a una presión brutal. Félix Bolaños pidió en el Senado que se deje trabajar a la justicia y que no se condene a una persona que todavía no ha declarado. Elma Saiz defendió el “legado incuestionable” de Zapatero. Óscar López afirmó que sigue confiando plenamente en su inocencia. Todo eso puede sostenerse. Pero suena frágil cuando el protagonista principal guarda silencio.

La Púnica no era una manzana podrida. Era un frutero entero.

La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a Francisco Granados, a otras 40 personas y a 79 empresas por otra pieza del caso Púnica. Suelo público, transportes, adjudicaciones, Mintra, Arpegio y una petición de 42 años de cárcel para quien fue secretario general del PP de Madrid.

Entre 2003 y 2011, mientras vendían gestión, eficiencia y “libertad”, la maquinaria madrileña aparece otra vez bajo sospecha por convertir lo público en negocio privado. No hablamos de errores administrativos. Hablamos de presuntos contratos teledirigidos, pliegos a medida y dinero común puesto al servicio de una trama.

Otra vez el mismo olor. Otra vez los mismos despachos. Otra vez Madrid como laboratorio del saqueo elegante.

Peinado aprieta contra Begoña Gómez pese al informe de la UCO

Primero llega un informe de la UCO que no encuentra ingresos opacos y desmonta una de las grandes insinuaciones del caso. Después, el juez Peinado cita de nuevo a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez para el 9 de junio y agita la posibilidad de que puedan “eludir” la Justicia.

Así funciona el barro cuando se viste de procedimiento.

Una causa impulsada por acusaciones de extrema derecha, cuatro delitos sobre la mesa, dos años de investigación y un relato que sigue avanzando aunque algunas piezas clave no encajen. Porque el objetivo ya no parece solo judicial. También es político, mediático y profundamente corrosivo.

Cuando una resolución necesita invocar a Fernando VII para hablar de reuniones en Moncloa, quizá el problema no está solo en los hechos investigados. Quizá también está en la escenografía.