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El debate en RTVE acabó con un veredicto claro: seis de nueve miembros del jurado consideraron que España sí es un país racista. Y el problema no es solo quién insulta, sino qué leyes discriminan y a quién protegen.
Hay veces en las que la televisión pública hace algo más que entretener. Pocas. Pero pasa. Y el miércoles 27 de mayo ocurrió una de esas raras excepciones. El programa El juicio de La 2 sentó a España frente a una pregunta que este país lleva décadas intentando esquivar con sonrisas incómodas, discursos vacíos sobre “convivencia” y mucho silencio institucional: ¿España es racista?
La respuesta mayoritaria del jurado popular fue sí. Seis de las nueve personas elegidas para deliberar consideraron que existe racismo en nuestro país. Tres dijeron que no. No fue un veredicto aplastante, pero sí lo bastante claro como para desmontar esa fantasía nacional de que aquí “no somos como en otros sitios”. Porque claro. Aquí no hay segregación oficial al estilo estadounidense ni apartheid legal sudafricano. Aquí el racismo suele ir disfrazado de burocracia, de sospecha permanente, de frontera, de alquiler denegado, de mirada policial y de tertulia televisiva.
Y Ada Colau decidió decirlo sin anestesia.
“Creo que el país tiene una estructura legal racista”, afirmó la exalcaldesa de Barcelona durante su intervención en el programa. Una frase sencilla. Directa. Lo bastante concreta como para molestar a quienes llevan años reduciendo el racismo a cuatro neonazis haciendo el saludo fascista en Telegram. Porque el problema nunca fue solo ese. El problema es cuando las leyes separan a las personas según el dinero que tienen, el pasaporte que poseen o el color de piel que incomoda.
LA LEY DE EXTRANJERÍA: POBRES ILEGALES, RICOS BIENVENIDOS
Colau apuntó directamente a la Ley de Extranjería. Y ahí está una de las claves más incómodas de todo este debate. Porque España lleva años vendiendo una inmigración selectiva donde el dinero limpia cualquier prejuicio. Si eres millonario y puedes comprar viviendas de lujo, abrir cuentas bancarias o especular con pisos mientras expulsan a vecinas y vecinos de sus barrios, el Estado te abre la puerta encantado. Residencia rápida. Facilidades. Sonrisas.
Ahora bien, si llegas huyendo de la pobreza, de guerras alimentadas por Occidente o de economías destruidas por décadas de colonialismo financiero, entonces empieza el castigo administrativo. Papeles imposibles. Trabajos ilegales. Explotación. Miedo constante a la deportación. Mano de obra barata para sostener sectores enteros mientras ciertos partidos políticos y determinados medios llaman “avalancha” a personas que limpian hoteles, recogen fruta o cuidan mayores por salarios miserables.
No es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
Colau habló también de los “discursos de deshumanización y odio” construidos “a base de estigmas y mentiras”. Y basta mirar cualquier campaña electoral reciente para entenderlo. Migrantes convertidos en amenaza. Menores racializados utilizados como arma propagandística. Bulos diarios sobre ayudas sociales. Titulares diseñados para fabricar miedo. Porque el racismo rentable no necesita decir abiertamente “odio a los extranjeros”. Le basta con repetir que “hay que controlar”, “regular”, “defender nuestras fronteras” o “proteger nuestra identidad”.
Y mientras tanto, la explotación sigue. Silenciosa. Rentable. Muy rentable.
DEL FÚTBOL A LA TELEVISIÓN: EL RACISMO QUE MUCHOS PREFIEREN NO VER
Uno de los testimonios más demoledores del programa fue el del actor Malcolm Treviño-Sitté, protagonista de Detective Touré. Con ironía amarga recordó aquella idea absurda y repetida hasta el agotamiento de que las personas migrantes “vienen a invadir España”. Después señaló algo que la industria audiovisual española lleva décadas reproduciendo: el papel del extranjero casi siempre queda reducido al delincuente, al pobre o al personaje exótico que apenas habla bien el idioma.
“No eres suficiente nunca”, venía a decir su relato. “Tienes que ser el triple para conseguir la mitad”.
Y eso atraviesa todos los ámbitos. La televisión. La escuela. El trabajo. El fútbol. Ahí apareció también el testimonio del exárbitro Víctor Esquinas Torres recordando el episodio racista contra Samuel Eto’o en Zaragoza. Entre 500 y 1000 personas, según reflejó en el acta arbitral, imitando sonidos de mono desde la grada. No eran cuatro ultras aislados. Era un estadio entero convertido en coro racista mientras parte del país miraba hacia otro lado y pedía “no politizar el deporte”.
Lo más revelador llegó después. Las presiones internas. Las críticas al árbitro por denunciarlo. Porque incluso ante ataques evidentes, el sistema sigue preocupado por proteger la imagen del espectáculo antes que a la víctima.
La maestra Chelo Vázquez habló de segregación escolar encubierta. Familias que no quieren que sus hijos compartan aula con menores de otras nacionalidades. Antonio Carmona recordó las pintadas de “fuera gitanos” en su coche al mudarse a una zona acomodada. Athenea Pérez, primera mujer negra en representar a España en Miss Universo, diferenció entre decir que “España es racista” y reconocer que “hay personas racistas”.
Pero quizá ahí está precisamente la gran trampa del debate español. Fingir que el racismo son únicamente individuos desagradables diciendo barbaridades, y no una estructura que reparte privilegios, sospechas y violencia de forma desigual.
Porque cuando una persona racializada tiene más posibilidades de sufrir precariedad, controles policiales, discriminación laboral o exclusión residencial, ya no hablamos solo de opiniones individuales. Hablamos de poder. Hablamos de sistema. Hablamos de un modelo que necesita mano de obra vulnerable mientras fabrica discursos para justificar esa desigualdad.
Y eso incomoda mucho más que un insulto en una grada.
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