Más de 270 días de huelga y menos prevención: los bomberos forestales de Madrid alertan del riesgo real ante el verano 

La plantilla denuncia recortes, temporalidad y una caída del 50% en los trabajos preventivos mientras el conflicto sigue bloqueado

Más de 270 días de huelga indefinida. Ese es el punto en el que se encuentran las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid. Una cifra que, por sí sola, ya debería encender todas las alarmas. No solo por el conflicto laboral. También por lo que implica en términos de seguridad. Porque mientras la negociación sigue atascada, la prevención —la base de todo— se ha reducido de forma drástica.

Los bomberos forestales lo resumen sin rodeos: “La prevención de incendios se ha reducido al 50%”. No es una sensación. Es una consecuencia directa de un conflicto enquistado entre la plantilla, la empresa pública Tragsa y la Comunidad de Madrid. Y llega justo cuando el calendario avanza hacia los meses más críticos.

La situación no es nueva. Se arrastra desde hace meses. Pero el tiempo pasa y el margen se estrecha. Según denuncian, las condiciones laborales no han mejorado pese al nuevo encargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Tragsa a principios de año. La promesa de estabilidad, de refuerzo, de mejora… no se ha traducido en hechos. Y eso se nota. En la plantilla. Y en el monte.

Menos manos, más riesgo

La reducción de efectivos es uno de los puntos más críticos. En el verano de 2025, cada brigada terrestre contaba con siete integrantes. Ahora, según explican desde el comité de empresa, serán cinco por unidad. Dos menos. Parece poco. No lo es.

Ese recorte implica menor capacidad de respuesta. Menor rapidez. Menos margen para contener un fuego cuando aún es controlable. Un conato que antes se apagaba en minutos puede convertirse en algo más serio. Es una diferencia técnica. Pero también una diferencia política.

Jesús Molina, bombero forestal y representante sindical, lo explica con claridad: la falta de personal no solo afecta a la extinción, también a la seguridad de quienes trabajan en primera línea. Menos efectivos significa más exposición. Más riesgo. Y menos garantías.

La temporalidad sigue siendo otro de los problemas estructurales. A mediados de abril, todavía no se han firmado contratos indefinidos que garanticen continuidad durante todo el año. Es decir, se mantiene un modelo que depende de refuerzos estacionales en lugar de una estructura estable. Algo que, en un contexto de crisis climática, empieza a resultar difícil de justificar.

La prevención que no se hizo

Pero el dato más preocupante no está solo en la plantilla. Está en el trabajo que no se ha hecho. Durante el invierno —el periodo clave para preparar los montes— se han realizado un 50% menos de labores preventivas. Así lo denuncian los propios forestales.

Estas tareas no suelen aparecer en titulares. No generan imágenes espectaculares. Pero son esenciales. Consisten en limpiar el monte, reducir la masa forestal, crear cortafuegos, proteger zonas habitadas. Sin ellas, el comportamiento del fuego cambia. Se vuelve más agresivo. Más imprevisible.

Es un trabajo silencioso. Y cuando falta, se nota después. En verano. Cuando ya es tarde.

Los bomberos forestales insisten en que esta reducción no es un detalle menor. Afecta directamente a la capacidad de proteger urbanizaciones, pueblos y puntos estratégicos de la región. Es una cadena. Si falla la prevención, todo lo demás llega peor preparado.

Mientras tanto, desde la Comunidad de Madrid se mantiene la idea de que el encargo a Tragsa incluye financiación suficiente para atender las demandas del colectivo. La empresa pública, por su parte, señala que se limita a ejecutar lo que se le encomienda. Y en medio, el conflicto sigue sin resolverse.

Un problema que va más allá de Madrid

Lo que ocurre en Madrid no es un caso aislado. Es un síntoma. Un reflejo de un modelo que sigue priorizando la reacción frente a la prevención. Que actúa cuando el incendio ya está activo, pero descuida el trabajo previo que lo evitaría.

Por eso, desde distintos colectivos se insiste en la necesidad de un cambio estructural. Una estrategia estatal que no dependa de decisiones fragmentadas o de conflictos laborales prolongados. Una planificación a largo plazo. Con recursos. Con coordinación.

En esa línea, iniciativas como la campaña Actuad ya contra los incendios forestales plantean una hoja de ruta clara: inversión suficiente, empleo público estable y una estrategia común entre comunidades autónomas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen Muñoz.

No es solo una reivindicación laboral. Es una cuestión de seguridad colectiva. De anticipación. De asumir que los incendios ya no son episodios puntuales, sino un riesgo estructural que exige respuestas estructurales.

Porque cuando el fuego llega, ya no hay margen para improvisar. Y eso es precisamente lo que denuncian quienes, cada verano, están en primera línea.