Multas sin pruebas tras las protestas contra Mercosur: los agricultores denuncian un castigo ejemplarizante 

Las organizaciones agrarias señalan irregularidades graves en las sanciones y alertan de un intento de frenar la movilización

El conflicto no terminó el 29 de enero. Aquella jornada de protestas contra el Tratado de Mercosur en Asturias sigue teniendo consecuencias. Y no menores. Las cuatro principales organizaciones agrarias del territorio —ASAJA Asturias, COAG Asturias, URA y USAGA— han dado un paso al frente este 15 de abril. Lo hacen juntas. Lo hacen con un mensaje claro: exigen la retirada inmediata de todas las multas impuestas por la Delegación del Gobierno.

No es solo una reclamación política. Es una denuncia directa. Hablan de irregularidades graves, de expedientes vacíos y de una estrategia que, según sostienen, busca algo más que aplicar la ley. Hablan de disuasión. De castigo.

Las sanciones se derivan de la concentración celebrada en La Franca, en Ribadedeva. Un punto autorizado. Un espacio donde, en teoría, se podía protestar. Sin embargo, varias personas asistentes han sido multadas por un supuesto corte de autovía. La Delegación del Gobierno, encabezada por Adriana Lastra, defiende que no se sanciona el derecho a manifestarse, sino conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

La versión de las organizaciones es otra. Muy distinta.

Expedientes sin pruebas y denuncias idénticas

Tras revisar la documentación, las organizaciones agrarias aseguran que los expedientes sancionadores presentan fallos difíciles de justificar. El primero, el más evidente: no hay pruebas. No hay imágenes. Ni fotografías ni registros de cámaras. Nada que respalde los hechos que se imputan.

En su lugar, lo único que aparece es un escrito redactado por agentes. Sin más soporte. Sin elementos adicionales que permitan contrastar lo ocurrido. Eso ya sería preocupante. Pero hay más.

Las denuncias son idénticas entre sí. Literalmente. Un “copia y pega”, como lo definen las propias organizaciones. Mismo texto, mismas afirmaciones, mismas supuestas actuaciones. Sin matices. Sin individualización de los hechos. Todo calcado.

Y en ese texto, además, se incluyen afirmaciones que los sancionados niegan rotundamente. Se asegura, por ejemplo, que se leyó el acta a las personas identificadas, que se les entregó copia y que estas se negaron a recibirla. Según denuncian, nada de eso ocurrió.

Hay otro dato que desmonta la acusación. Las personas sancionadas fueron identificadas entre las 13:00 y las 13:15 en el parking del Restaurante La Parra. Es decir, en el lugar autorizado para la concentración. Justo cuando, según la versión oficial, se producía el corte de la autovía. No estaban allí. No podían estar.

La incoherencia es evidente. Y, según las organizaciones, no es casual.

El derecho a protestar, en cuestión

El trasfondo va más allá de un expediente mal tramitado. Lo que denuncian ASAJA, COAG, URA y USAGA es un intento de limitar el derecho a la protesta. Un derecho recogido en la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 9/1983. Un derecho que, dicen, se está utilizando como herramienta de presión.

Acusan directamente a la Delegación del Gobierno de utilizar las sanciones con dos objetivos: frenar futuras movilizaciones y recaudar. Dos ideas que aparecen de forma explícita en su posicionamiento conjunto. No es una insinuación. Es una acusación directa.

Mientras tanto, la Delegación mantiene su postura. Insiste en que cortar autovías pone en riesgo a los conductores. Que la actuación responde a criterios de seguridad. Dos relatos enfrentados. Sin puntos de encuentro, por ahora.

Lo que sí han anunciado las organizaciones es que no se quedarán en la denuncia pública. Están preparando recursos contencioso-administrativos. Han puesto sus servicios jurídicos a disposición de todas las personas sancionadas. Y van a pelear cada expediente.

También reclaman una reunión urgente con Adriana Lastra. Quieren explicaciones. Y, sobre todo, la retirada de unas sanciones que consideran injustas y desproporcionadas.

Silencios incómodos y apoyos ausentes

En paralelo, hay otro frente abierto. Más político. Las organizaciones agrarias han señalado la falta de posicionamiento de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Un silencio que duele especialmente porque, recuerdan, esa misma consejería participó en las movilizaciones contra Mercosur. Incluso con presencia institucional en la manifestación de Oviedo.

Ahora, dicen, no hay respaldo. No hay pronunciamiento. Solo silencio.

El malestar crece. Y no es solo por las multas. Es por lo que representan. Por el mensaje que envían. Protestar puede salir caro. Muy caro.

En ese contexto, el debate sobre el modelo agrario y alimentario vuelve a primer plano. Porque las movilizaciones contra Mercosur no surgen de la nada. Responden a una preocupación real del sector. Precios a la baja, competencia desleal, presión sobre quienes producen. Un sistema que, cada vez más, deja fuera a quienes sostienen la base.

De hecho, el problema es más amplio. No afecta solo al campo. Afecta a toda la sociedad. Cada vez más personas en España tienen que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Un escenario que conecta directamente con iniciativas como la campaña Exigimos soberanía alimentaria: participación y compromisos, que denuncia cómo el actual sistema alimentario ahoga a quienes producen, impulsa el consumo de ultraprocesados, destruye territorios y nos hace más vulnerables ante crisis globales.

Las protestas, en ese sentido, no son un hecho aislado. Son una respuesta. Y las multas, según denuncian las organizaciones, son otra cosa: un aviso.

Un aviso que el sector agrario no parece dispuesto a aceptar en silencio.