Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en la Asamblea de Madrid otra comisión para investigar lo ocurrido.
Después de que Vox retirara su propuesta de comisión por motivos partidistas y electoralistas, desde Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han registrado otra en la Asamblea de Madrid otra comisión para investigar lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.
El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha tildado el tema de “trascendental” y ha reclamado que otras organizaciones entren en la ecuación: “Ojalá estuvieran aquí PP y Vox, porque creo que es un tema tan trascendental que debería ser compartido por todos los grupos parlamentarios. Estamos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con esa demanda social que hay y ojalá que el PP no tenga la cobardía de paralizar este debate”.
Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha asegurado que Ayuso “ha vuelto a mentir” y ha expuesto que le “parece un escándalo que sea la Mesa la que boicotee las iniciativas parlamentarias. Nos esperamos cualquier cosa, pero sí que es verdad que hay familias que demandan que haya una investigación y se depuren las necesidades”.
Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos, ha insistido en la relevancia de “investigar lo que sucedió”, ya que los familiares de los fallecidos “tengan derecho a saber la verdad”. “Es lo que nos están pidiendo. La realidad es que las familias necesitan conocer la verdad para reparar el daño”, ha sentenciado.
Mientras, en InfoLibre han analizado donde se dio un mayor impacto del Covid en residencias, por ejemplo, en la «la residencia que Mensajeros de la Paz tiene en la localidad leonesa de La Bañeza era en teoría el buque insignia en el sector residencial de la entidad que dirige Ángel García, conocido como el padre Ángel. Pero cuando llegó la pandemia sufrió un verdadero hundimiento: 71 de las 234 personas que vivían allí perdieron la vida en apenas dos meses».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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