David Sánchez pide la nulidad de una causa nacida entre recortes, ruido y sospechas políticas 

La defensa del hermano de Pedro Sánchez denuncia una investigación prospectiva, apoyada en prensa, mentiras y acusaciones que ni siquiera han llegado vivas al juicio.

UNA CAUSA QUE EMPEZÓ SIETE AÑOS DESPUÉS

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentó este 28 de mayo en la Audiencia de Badajoz junto a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, Elisa Moriano Morales y otros acusados. Sobre la mesa, una causa por prevaricación, tráfico de influencias y la contratación del músico en 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Pero la primera batalla no fue sobre el fondo. Fue sobre algo más elemental: si este procedimiento debería haber llegado siquiera hasta aquí.

La defensa de David Sánchez pidió la nulidad de la causa. Y lo hizo con una idea clara, muy clara: esto no habría nacido de indicios sólidos, sino de una denuncia presentada por Manos Limpias en 2024, siete años después de la incorporación de Sánchez a la Diputación. Una denuncia, según su abogado Emilio Cortés, levantada sobre “recortes de prensa” y acusaciones por delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. El problema, nada menor, es que esos delitos ya no están en el escrito de acusación. No se juzgan. Han desaparecido del escaparate judicial como desaparecen tantas grandes proclamas cuando toca probarlas.

Primero se dispara la sospecha. Después ya se verá qué queda.

Ese es el mecanismo. Una denuncia entra cargada de ruido político, se infla mediáticamente, se rodea de tertulia, se convierte en munición parlamentaria y, cuando llega el momento jurídico, el edificio se queda con menos pilares de los que parecía. La defensa lo llamó investigación prospectiva. Es decir, pescar primero y buscar el pez después. No investigar hechos concretos, sino abrir la puerta, remover cajones, incautar correos, tirar del hilo y esperar que algo aparezca.

El abogado de Sánchez sostuvo que, cuando los delitos iniciales no se sostuvieron, apareció otro enganche: vincular a David Sánchez con la supuesta “trama” de Víctor de Aldama tras la publicación de un medio digital. Según Cortés, aquello fue una “pura mentira, una invención”, y recordó que en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo esa conexión no se ha abordado. Dicho de otro modo: la sombra sirvió para alimentar el caso, aunque la sombra no tuviera cuerpo.

La composición de las acusaciones populares tampoco es un detalle menor. Están Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Cada cual con su trayectoria, su agenda y su forma de entender la justicia como prolongación de la batalla política por otros medios. Las y los jueces dirán lo que tengan que decir, faltaría más. Pero fingir que aquí no hay una dimensión política sería insultar la inteligencia pública.

La defensa habló de una causa con “la raíz podrida”. La expresión es dura, sí. Pero resume bien el reproche: si el origen del procedimiento se apoya en materiales endebles, si las diligencias se expanden más allá de lo inicialmente denunciado y si los hallazgos casuales se convierten en nuevo combustible, lo que queda no es solo una investigación. Queda una forma de persecución envuelta en toga, titulares y cálculo partidista.

CUANDO LA FISCALÍA TAMBIÉN VE PROBLEMAS

Hay otro dato central: la Fiscalía pidió el archivo de la causa. No es una nota al pie. No es un matiz técnico. Es el Ministerio Público diciendo que esto no debía seguir adelante en los términos en que ha seguido. En las cuestiones previas, la Fiscalía no planteó alegaciones propias, pero sí se adhirió a algunas de las defensas. Entre ellas, la prescripción del supuesto delito de aceptación de nombramiento ilegal atribuido a David Sánchez. Según la defensa, ese delito estaría prescrito porque la denuncia llegó siete años después de su contratación. Y, según la Fiscalía, en todo caso sería un delito leve.

También se aportaron dos certificados del Ministerio de Educación que homologan la titulación académica obtenida por David Sánchez en Rusia. Otro frente que las acusaciones habían abierto. Otro intento de poner bajo sospecha no solo una plaza, sino una biografía entera. Porque así funciona esta maquinaria: no basta con discutir un expediente administrativo. Hay que ensuciarlo todo. La formación, el nombre, el vínculo familiar, la vida.

Miguel Ángel Gallardo también pidió la nulidad parcial del procedimiento. Su defensa denunció que en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos sobre los que no fue interrogado durante la instrucción. En concreto, la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas mediante comisión de servicio. La Fiscalía coincidió en ese punto y habló de una posible “acusación sorpresiva” que podría haber vulnerado el derecho de defensa del expresidente de la Diputación.

Esto es grave. Muy grave. Porque nadie debería llegar a juicio acusado por hechos sobre los que no ha podido defenderse adecuadamente durante la instrucción. Ni David Sánchez. Ni Gallardo. Ni nadie. El Estado de derecho no puede funcionar como una trampa de última hora.

La defensa de Gallardo llevó también documentación política y cronológica: una nota de prensa de la Diputación de 2016, la convocatoria del comité federal del PSOE que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez en 2016, las primarias socialistas de mayo de 2017, ganadas por Sánchez, y el Congreso Federal celebrado en junio de 2017. El objetivo era demostrar que, cuando se creó la plaza de coordinador de conservatorios en octubre de 2016, durante la oferta pública de empleo y en el proceso de contratación de mayo de 2017, Pedro Sánchez no tenía poder orgánico en el PSOE.

Aquí aparece una de las grietas más reveladoras del caso. El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, rechazó esas pruebas porque, según él, se trataría de un “delito local” y en la documentación “no se cuenta por ningún sitio si intervino” Pedro Sánchez. Pero la letrada de Vox, Marta Castro, respondió en sentido contrario: “¿Cómo que no tiene nada que ver? Si aquí lo que estamos viendo es la influencia de Pedro Sánchez”.

Una acusación dice que Pedro Sánchez no importa. La otra dice que Pedro Sánchez es el centro. Y ambas empujan la misma causa.

Ahí está el retrato. No el jurídico, que tendrá que resolver el tribunal. El político. Un procedimiento convertido en campo de batalla donde las acusaciones populares parecen incapaces incluso de ponerse de acuerdo sobre el relato que sostienen. Unas veces es un asunto local. Otras, una pieza más de la ofensiva contra el presidente. Lo que convenga en cada momento.

La justicia no puede ser una excavadora al servicio de la derecha política, mediática y parapolicial. Puede investigar. Debe investigar. Pero no puede sustituir los indicios por sospechas, las pruebas por titulares, ni las garantías por propaganda. Porque cuando el proceso penal se convierte en espectáculo, quien pierde no es solo la persona acusada. Pierde cualquiera que mañana pueda ser triturado por la misma máquina.

Y esa máquina, cuando se pone en marcha con recortes de prensa, siete años de retraso y una acusación que cambia de forma según sopla el viento, no busca justicia: busca barro.