Julio Iglesias no logra que elDiario.es borre su investigación 

El cantante pidió rectificación, retirada de informaciones y una indemnización de gran cuantía; el medio se negó, y el caso vuelve a señalar el choque entre poder, denuncias laborales y libertad de prensa.

CUANDO EL PODER PIDE SILENCIO

Julio Iglesias ha intentado que elDiario.es se retracte. No lo ha conseguido. Este 28 de mayo, en un juzgado de Madrid, se celebró el acto de conciliación entre la representación legal del cantante y la del medio, su director y cuatro periodistas. La petición era clara: rectificar las informaciones publicadas desde el 13 de enero, admitir un supuesto contenido “injurioso y calumnioso”, retirar los textos de la web y afrontar una indemnización no cuantificada, aunque anticipada en “cifras de importante cuantía económica”. Traducido al lenguaje de la calle: borrar, agachar la cabeza y pagar.

El medio no aceptó. Ni rectificó. Ni retiró la investigación. Ni pidió perdón por hacer periodismo. Y ahí está el núcleo político de todo esto: cuando una investigación molesta al poder económico, la respuesta suele venir envuelta en papel judicial. No siempre para ganar. A veces basta con desgastar, intimidar, asustar a periodistas, fuentes y denunciantes. Que nadie se mueva. Que nadie hable demasiado.

Al no prosperar la conciliación, Iglesias puede presentar una querella en cualquier momento por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias. Los periodistas señalados son Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera. Nombres propios. Personas concretas. Trabajadoras y trabajadores de la información expuestos al viejo mensaje disciplinario: investigar a los ricos puede salir caro.

La investigación de elDiario.es y Univision Noticias no apareció de la nada. Según el texto publicado, comenzó tres años antes de su difusión y se reforzó con la incorporación de Univision en 2025. Partía de testimonios de extrabajadoras domésticas en mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. Dos mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, denunciaron al cantante por agresión sexual y trata de personas. También se publicaron tres episodios especiales del podcast Un tema al día. No era un rumor de barra. Era una investigación larga, con entrevistas repetidas y fuentes contrastadas.

Julio Iglesias no respondió a las preguntas previas de las y los periodistas. Después, mediante un comunicado en Instagram, negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y calificó las acusaciones de “absolutamente falsas”. Esa negativa forma parte de la información. También los testimonios. También la investigación. También el intento de llevar el asunto al terreno judicial.

TRABAJADORAS, DENUNCIAS Y UNA JUSTICIA QUE NO ENTRÓ AL FONDO

Rebeca, empleada doméstica en Punta Cana y Lyford Cay, relató a ambos medios que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Laura, fisioterapeuta, contó también tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral. Según las entrevistadas, los hechos ocurrieron en 2021. La más joven tenía 22 años. Hay que decirlo con precisión. No porque rebaje la gravedad, sino porque la precisión es el suelo del periodismo cuando enfrente hay abogados, fortuna y reputación.

La investigación afirma que las periodistas entrevistaron varias veces a Rebeca y Laura, y que sus testimonios fueron sólidos y sin contradicciones. También se contactó con una quincena de extrabajadores y extrabajadoras, personal doméstico y profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos entre finales de los años 90 y 2023. El capitalismo doméstico de las grandes fortunas tiene una zona oscura: puertas cerradas, dependencia económica, jerarquías brutales y trabajadoras migrantes convertidas en piezas sustituibles.

Uno de los puntos más duros de la investigación afecta a los reconocimientos médicos. Según el medio, la encargada de seleccionar empleadas para las casas de Iglesias gestionó exámenes ginecológicos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual como VIH, hepatitis o clamidia, y detección de embarazos. En República Dominicana, la Ley del Sida sanciona con multas e indemnizaciones que cualquier empleador privado solicite pruebas de VIH o de sus anticuerpos. Aquí no hablamos de una extravagancia de millonario. Hablamos de cuerpos de trabajadoras tratados como inventario.

Tras la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el caso unos 20 días después. No entró al fondo de los hechos. Lo archivó al considerar que no había suficientes vínculos entre Julio Iglesias y España para investigar con jurisdicción española. Ese matiz es fundamental. Archivar por jurisdicción no equivale a declarar falso lo denunciado. Pero en la maquinaria mediática de los poderosos, cualquier archivo se vende como absolución moral, aunque el fondo siga intacto, incómodo y sin resolver.

Las abogadas de Rebeca y Laura habían planteado tres peticiones clave: medidas frente a la difusión de información sobre las denunciantes, más evidencias para sostener la jurisdicción española y la incorporación de nuevos datos que vinculaban la causa con España. Ninguna obtuvo respuesta. Entre esos datos estaba la información sobre visados de turista para trasladar empleadas domésticas a España durante el verano, a la casa de Málaga, sin contrato y con sueldos de 340 euros. 340 euros. Esa cifra debería hacer más ruido que cualquier querella.

Women’s Link Worldwide, organización que defiende a Rebeca y Laura, anunció que seguirán buscando justicia. Rebeca denunció después que estaba siendo vigilada y seguida por un detective privado español, y que su marido encontró una baliza GPS en su coche. La investigación policial tendrá que aclarar si esas actividades fueron realizadas por un profesional acreditado solo en España, algo que, según expertos citados, podría constituir una infracción “grave”.

Yolanda Díaz tampoco se retractó. Iglesias la demandó en marzo por sus opiniones sobre los testimonios, que ella calificó de “escalofriantes”. El acto de conciliación se celebró el 19 de mayo y la representación legal de Díaz rechazó retirar sus comentarios. El Instituto Internacional de Prensa, con sede en Viena, ha respaldado a elDiario.es y ha señalado que está dispuesto a ofrecer asistencia jurídica ante lo que considera que “parece ser una acción legal abusiva”.

El mensaje es bastante simple. Cuando las trabajadoras hablan, se las examina. Cuando las periodistas publican, se las amenaza. Cuando una política opina, se la demanda. Así funciona la pedagogía del miedo en las democracias con alfombra roja: no hace falta censurar oficialmente si puedes convertir cada verdad incómoda en una factura judicial.