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Mientras Gaza es arrasada y la disidencia estudiantil reprimida, las élites universitarias estadounidenses estrechan lazos con centros que forman parte del aparato militar israelí.
LA REPRESIÓN EN CASA Y EL SILENCIO ANTE EL GENOCIDIO
A finales de julio, Harvard aceptó pagar hasta 500 millones de dólares para cerrar las demandas por antisemitismo impulsadas por la administración Trump. La cifra escandalosa ocupó titulares, pero apenas se habló de una concesión previa: el establecimiento de un acuerdo formal con una universidad israelí. En paralelo, Harvard suspendía su cooperación con Birzeit, la mayor universidad palestina en Cisjordania. Y en Gaza, Israel ya había reducido a escombros las 12 universidades que existían.
En diciembre, el MIT inauguró un programa para acoger a académicos de las nueve universidades públicas israelíes. Columbia amplió sus vínculos con la Universidad de Tel Aviv. La Universidad de Utah firmó un acuerdo con Ariel University, ubicada en un asentamiento ilegal en Cisjordania. Mientras, se cerraban las puertas a centros palestinos, a su personal docente y a su estudiantado, bajo acusaciones genéricas de “controversia política”.
A este doble rasero se le llama hipocresía institucionalizada. Por un lado, se coopera con universidades que participan en la ocupación y el genocidio. Por otro, se margina a las palestinas con el pretexto de “no tomar posiciones políticas”.
Un informe reciente de la organización israelí New Profile revela que estas universidades forman parte activa del engranaje militar: 57 programas militar-académicos y una financiación de más de 79 millones de dólares del Ministerio de Defensa israelí entre 2019 y 2022. Se trata de alianzas que no solo forman soldados y agentes de inteligencia. También producen teorías jurídicas que erosionan el derecho internacional humanitario para justificar el asesinato de civiles palestinos, rebautizados como “tercera población” para borrar la distinción entre combatiente y no combatiente.
LA UNIVERSIDAD COMO ARMA DE COLONIZACIÓN
No hay institución israelí ajena a la ocupación. La Universidad Hebrea acoge el programa “Havatzalot” para integrar estudios de Oriente Medio con formación en inteligencia militar. Ben-Gurión ofrece un plan acelerado para pilotos de combate. Tel Aviv diseña argumentos legales que permiten disparar contra población civil.
El caso más grotesco es Ariel University, fundada en territorio ocupado con la misión explícita de “inculcar el sentido de pertenencia al Estado de Israel” y promover valores sionistas. Allí, se han otorgado créditos académicos a estudiantes que colaboran con grupos colonos violentos como Hashomer Yosh. Al menos ocho universidades estadounidenses han establecido lazos con Ariel, ignorando que su ubicación y políticas excluyen directamente a musulmanes y palestinos.
La cooperación académica con Ariel no es neutra. Viola leyes estatales y federales de EE.UU. que prohíben discriminar por origen o religión. Sin embargo, las direcciones universitarias optan por firmar estos pactos en pleno verano, cuando esperan que la comunidad académica esté dispersa y distraída.
En Gaza, el genocidio ya ha asesinado a más de 1.300 académicos: rectoras y rectores, decanas y decanos, profesorado, estudiantes. Ninguna de las universidades que ahora estrechan la mano de Harvard, MIT o Utah ha condenado esa destrucción sistemática.
Mientras tanto, las cúpulas universitarias israelíes enviaban cartas a sus homólogas estadounidenses pidiendo medidas “más allá de las herramientas convencionales” para frenar las protestas estudiantiles. Ese eufemismo se tradujo en la detención o arresto de más de 3.000 personas en campus estadounidenses entre abril y julio de 2024. Grupos como Students for Justice in Palestine o Jewish Voice for Peace fueron prohibidos. Decenas de estudiantes recibieron suspensiones de hasta tres años o expulsiones.
Se silenció la disidencia interna para proteger la relación con un Estado que destruye universidades y asesina a su personal docente. Y cuando la represión dejó claro que el objetivo era acallar cualquier denuncia del genocidio, las direcciones académicas siguieron adelante con sus acuerdos.
Este maridaje entre la universidad corporativa estadounidense y la academia militarizada israelí no busca solo intercambio de saberes. Es parte de una estrategia de propaganda (hasbará) para blanquear el apartheid y presentar la “diversidad” israelí mientras sus F-16 borran del mapa las aulas palestinas.
La pregunta que formulaba un doctorando de MIT sigue en el aire: ¿Por qué no profundizar la relación con la comunidad palestina? Porque no es un problema de desconocimiento ni de falta de canales. Es una elección política: respaldar al verdugo y abandonar a la víctima.
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