Operación: salvar a Aldama 

Anticorrupción quiere que el Supremo valore más la colaboración del comisionista mientras el PP intenta rebajarle la pena para que no entre en prisión.

LA REBAJA QUE NO CABÍA EN EL ESCRITO

La escena tiene algo de vodevil judicial, pero con consecuencias muy serias. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, comparece ante el Tribunal Supremo con una posición formal y otra política en el aire. Formalmente, mantiene la petición de 7 años de cárcel para Víctor de Aldama. Pero en su informe final defenderá que la aportación del comisionista ha sido lo bastante “relevante” como para merecer una rebaja mayor.

El episodio viene de lejos, aunque se precipitó entre el 5 y el 6 de mayo. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, frenó que Luzón modificara su escrito para incluir una atenuante muy cualificada que habría permitido reducir todavía más la pena solicitada. No se tocó el cálculo final. Pero sí el relato. Y en un juicio, el relato también pesa.

La petición de Anticorrupción sigue siendo clara sobre el papel: 4 años por organización criminal, 3 años por cohecho activo continuado y una multa de 3,7 millones de euros por aprovechamiento de información privilegiada. Total, 7 años. Sin embargo, Luzón añadió elementos que colocan a Aldama en una posición procesal más cómoda: no solo habría confesado, sino que habría mantenido y completado su reconocimiento durante el juicio oral.

La frase clave incorporada al escrito no es menor: “El reconocimiento de los hechos ha sido mantenido y completado en su declaración prestada en calidad de acusado el pasado 29 de abril en este juicio oral”. Dicho de otro modo: Aldama no solo habló. Según Anticorrupción, aportó piezas útiles para sostener la causa.

Ahí está el punto delicado. Porque cuando un acusado se convierte en pieza útil, el sistema empieza a mirarlo con otros ojos. Y cuando ese acusado sirve también para alimentar la ofensiva política contra el PSOE, la utilidad judicial se mezcla con otra utilidad mucho menos presentable. Ya no se trata solo de condenar una trama. Se trata de decidir quién paga, cuánto paga y quién puede seguir siendo usado como munición.

EL PP Y LA GEOMETRÍA MORAL DE LAS PENAS

El giro del PP es todavía más revelador. La acusación popular que dirige el partido pidió aplicar a Aldama la atenuante muy cualificada por confesión y colaboración, ajustando las penas para que ningún delito superara los 2 años de prisión. La suma global alcanzaría 5 años y 2 meses, pero el detalle importa: si los delitos individualmente no pasan de ese umbral, el tribunal podría decidir que Aldama no pisara la cárcel.

La maniobra encaja con lo ya contado por Spanish Revolution sobre cómo el PP rebajó la petición de pena a Aldama para intentar que no entre en prisión y seguir utilizándolo contra el PSOE. No es una contradicción menor. Es casi una radiografía. El partido que lleva meses agitando el caso como prueba de corrupción sistémica descubre, llegado el momento penal, que el principal comisionista merece suavidad.

La defensa de Koldo García lo resumió con una frase de bisturí: “Quien paga manda”. Y señaló algo incómodo para el tablero entero: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Aldama como jefe real de la trama. Si eso es así, cuesta explicar tanto mimo procesal sin mirar al uso político del personaje.

Luzón también subrayó que algunas declaraciones del comisionista habrían quedado respaldadas por pruebas documentales y periciales. Entre ellas, la pericial caligráfica sobre un listado de obra pública aportado por Aldama, cuya letra manuscrita fue atribuida a Koldo García. También se incorporaron audios relacionados con la causa contra Santos Cerdán en la Audiencia Nacional, grabados por Koldo y localizados por la Guardia Civil en su domicilio.

Todo eso puede pesar en la sentencia. El tribunal, compuesto por 7 magistrados, tendrá la última palabra. Puede mantener la petición, valorar la colaboración, aplicar una atenuante más intensa o no hacerlo. La justicia tiene sus reglas. Pero la política ya ha enseñado las suyas.

El resultado es obsceno en su claridad. El mismo Aldama que sirve para construir titulares, comisiones de investigación y horas de tertulia puede convertirse ahora en un colaborador merecedor de indulgencia. La corrupción, cuando conviene, se combate con grandes palabras. Cuando deja de convenir, se negocia con calculadora.

La operación no va solo de salvar a Aldama: va de salvar la utilidad política de Aldama aunque haya que rebajar el precio penal de la corrupción.