Expresidentes: la autopista del negocio tras La Moncloa 

España paga oficinas, seguridad y trato institucional a sus expresidentes, pero deja casi intacta la gran pregunta: qué hacen después con el poder, los contactos y la agenda.

EL ESTADO LES PONE DESPACHO, PERO NO LES PONE FRENO

El caso Zapatero ha vuelto a abrir una puerta que nunca estuvo cerrada. Estaba ahí. Bien visible. Con moqueta, coche oficial, oficina pagada y una regulación pensada más para proteger el prestigio de quienes mandaron que para defender a la ciudadanía de los negocios que pueden venir después.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en torno al rescate de Plus Ultra ha colocado otra vez sobre la mesa una cuestión incómoda: qué puede hacer un expresidente del Gobierno cuando abandona La Moncloa. La respuesta legal, vista de cerca, da bastante vergüenza. El Real Decreto 405/1992, firmado durante el penúltimo mandato de Felipe González, regula los “derechos”, la “consideración” y la “atención” de quienes ocuparon la presidencia del Gobierno. Derechos, claro. Consideración, por supuesto. Atención, faltaría más. Pero no concreta qué límites deben respetar esas personas en el ámbito profesional cuando salen de la vida pública.

Ahí está el truco. El Estado regula lo que se les da, pero apenas regula lo que pueden hacer después.

La norma contempla dotaciones para pensión, oficina, seguridad y automóvil. Las partidas salen de los Presupuestos Generales del Estado. La Ley 3/2015 de Altos Cargos añade algunas limitaciones, pero son mínimas: durante dos años, las y los altos cargos no pueden realizar determinadas actividades en empresas afectadas por sus decisiones públicas. Dos años. Como si el poder caducara. Como si una agenda construida durante una presidencia se evaporase al cumplir 24 meses. Como si el teléfono de un expresidente dejase de abrir puertas por arte administrativo.

El dato es obsceno en su normalidad: los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos aprobados, mantuvieron congelada en 298.320 euros la partida destinada a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La cuantía se divide entre los cuatro y cubre gastos de despacho. A la vez, los pagos para oficinas, cargos a su disposición y seguridad siguen llegando aunque tengan otros ingresos. Si entran en una empresa privada, la indemnización puede congelarse. Pero el dispositivo institucional continúa respirando.

Ese es el corazón del problema. No se trata de que una persona que fue presidenta del Gobierno no pueda trabajar nunca más. Se trata de que no puede convertir el poder público acumulado en una tarjeta premium para hacer negocios privados.

España lleva décadas tratando a sus expresidentes como reliquias institucionales y, al mismo tiempo, mirando hacia otro lado cuando algunos acaban en consultorías, consejos de administración, asesorías internacionales y empresas con intereses gigantescos. Felipe González prestó servicios de consultoría al empresario mexicano Carlos Slim, pasó por Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, y continúa como consejero en Boluda Towage. José María Aznar lleva dos décadas como asesor de News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, donde ha obtenido casi cuatro millones de euros. También tuvo sillón en Endesa y trabajó como asesor para el presidente de KPMG.

Luego nos hablan de experiencia. De conocimiento. De visión estratégica. Qué casualidad que esa visión estratégica siempre florezca cerca del dinero.

LOBBY, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LA COARTADA DE LA NORMALIDAD

El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero como presunto “vértice” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para obtener beneficios económicos mediante intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. El expresidente lo ha negado en vídeo y ha anunciado que ejercerá su derecho a la defensa “con toda convicción”. Conviene dejarlo claro: está imputado, no condenado.

Pero el problema político no necesita esperar una sentencia para existir. Existe ya. Existe en el agujero legal. Existe en la diferencia obscena entre una ciudadanía vigilada hasta el último céntimo y unas élites que se mueven entre el Estado y el mercado como si ambos fueran habitaciones del mismo hotel.

El 20 de mayo, Gabriel Rufián lanzó en el Congreso la pregunta que resume todo: ¿dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias? La pregunta molesta porque desnuda el decorado. Lobby suena fino. Suena a despacho acristalado, a reunión discreta, a informe técnico. Tráfico de influencias suena feo. Suena a delito. Pero en demasiados casos la diferencia parece depender menos de lo que se hace que de quién lo hace, cuánto cobra y cómo se presenta la factura.

Andrés Boix, profesor de Derecho Público en la Universitat de València, lo expresó con una contundencia poco habitual en estos debates llenos de perfume institucional: España debería asumir que hacer lobby es “la definición perfecta de traficar con influencias” y regularlo con límites concretos. Lo importante está ahí. No en fingir pureza. No en hacer teatro jurídico. Si alguien usa los contactos obtenidos desde el poder público para beneficiar económicamente a terceros, el problema no es semántico. Es democrático.

Las y los expertos consultados coinciden en algo básico: el Real Decreto 405/1992 está obsoleto. Más que obsoleto, pertenece a otra época. Una época donde la transparencia era casi una molestia y la rendición de cuentas se trataba como una falta de respeto hacia quienes mandaban. Encarnación Carmona Cuenca, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá de Henares, plantea que una reforma debería definir no solo derechos, sino condiciones, incompatibilidades y limitaciones. Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, lo resume con otra idea demoledora: la norma garantiza medios materiales y humanos, pero no prevé conflictos de intereses.

Agustí Cerrillo Martínez, catedrático de Derecho Administrativo en la UOC, advierte de que los mecanismos actuales son más carga formal que control real. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal, propone una regulación nueva para prohibir actividades privadas de quienes ocuparon cargos públicos o limitar de manera estricta los sectores donde no deberían intervenir. Tiene lógica. Mucha. Porque el mercado no contrata a un expresidente como contrataría a un técnico anónimo. Lo contrata por lo que representa. Por lo que sabe. Por a quién conoce. Por lo que puede desbloquear.

Sumar ha anunciado una iniciativa para impedir que las oficinas de las y los expresidentes se usen para actividades lucrativas privadas. El Congreso tiene dos iniciativas en marcha para regular los lobbies y hacer públicas sus reuniones con representantes institucionales. Reino Unido, Francia y Alemania ya han avanzado en ese camino. España, mientras tanto, sigue instalada en esa placidez tan nuestra: escándalo, tertulia, indignación, archivo moral y vuelta a empezar.

La solución no es otro código ético para decorar ruedas de prensa. Hace falta una ley con rango suficiente, registro obligatorio de lobbies, trazabilidad completa de reuniones, controles de gasto, incompatibilidades reales y sanciones que duelan. No consejos. No buenas prácticas. No “sería recomendable”. Sanciones.

Porque cuando la presidencia del Gobierno se convierte en una inversión profesional a largo plazo, la democracia queda reducida a una antesala del negocio. Y cuando quienes gobernaron conservan privilegios públicos mientras hacen caja con sus relaciones privadas, no estamos ante una anomalía: estamos viendo al sistema funcionando con las tripas fuera.